Ago 19, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha reconocido la incapacidad permanente total a un trabajador mecánico de taller, revocando así la sentencia del Juzgado de lo Social que avalaba la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de denegar dicha prestación.
La Sala concluye que las limitaciones físicas del trabajador le impiden realizar las funciones esenciales de su profesión habitual.
Hechos probados
Patologías persistentes y limitantes
El trabajador presentaba un conjunto de dolencias que incluían fracturas vertebrales y en extremidades, lumbalgia, protrusión discal, polineuropatía sensitiva, síndrome del túnel carpiano, y una pérdida notable de fuerza y movilidad en ambas manos. También sufría dificultades para mantener la bipedestación prolongada y para realizar movimientos repetitivos.
Pese a este cuadro clínico, ni el INSS ni el juzgado de instancia consideraron que estas dolencias justificaran el reconocimiento de una incapacidad permanente. Por ello, el trabajador recurrió en suplicación ante el TSJ de Extremadura.
La profesión exige condiciones físicas incompatibles
El tribunal extremeño analiza las exigencias físicas del puesto de mecánico de taller, que conlleva carga de peso, posturas forzadas, movimientos repetitivos de agacharse y levantarse, así como una alta precisión manual. Estas tareas resultan incompatibles con las limitaciones funcionales que presenta el trabajador.
El fallo recuerda que la valoración de la incapacidad permanente no se basa exclusivamente en la existencia de lesiones, sino en el impacto real de estas sobre la capacidad para desarrollar la actividad profesional.
Aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo
En línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el TSJ de Extremadura sostiene que, para declarar la incapacidad permanente total, debe evaluarse si el trabajador puede o no realizar las tareas fundamentales de su oficio habitual. En este caso, considera probado que las dolencias que sufre le impiden continuar desempeñando su profesión como mecánico.
Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
El tribunal reconoce al trabajador una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, condenando a la entidad gestora a abonar la pensión correspondiente.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.
Ago 19, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que el logotipo «bio» no puede utilizarse, como norma general, en el etiquetado de tisanas medicinales o medicamentos tradicionales a base de plantas. Esta prohibición solo podría levantarse si la autoridad competente determina que el origen ecológico de sus ingredientes mejora las propiedades terapéuticas del producto.
Hechos probados
Tisanas medicinales con logotipo «bio» en el mercado
La empresa alemana SALUS, dedicada a la comercialización de medicamentos tradicionales a base de plantas, distribuye en el mercado tisanas medicinales de hojas de salvia. En los envases de estos productos se incluye el logotipo «bio» oficial de la Unión Europea, reservado a los productos ecológicos.
Además, SALUS tiene previsto ampliar su gama de tisanas medicinales con el logotipo «bio». No obstante, su competidora Twardy considera que dicho uso vulnera la normativa de la Unión. Por tratarse de medicamentos y no de productos agrícolas o alimenticios.
Por ese motivo, Twardy solicitó a los tribunales alemanes que se prohíba a SALUS comercializar tisanas medicinales a base de plantas cuyos envases contengan el logotipo «bio» o cualquier otra mención a su origen ecológico.
Intervención del Tribunal de Justicia | Restricciones en medicamentos
Ante las dudas planteadas, el tribunal alemán elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solicitando que se aclare si el uso del logotipo «bio» en el etiquetado de medicamentos tradicionales a base de plantas es conforme al Derecho de la Unión.
El Tribunal ha resuelto que, en principio, no es posible utilizar el logotipo en productos calificados como medicamentos. Esto se debe a que, como medicamentos, se rigen exclusivamente por la normativa europea en materia farmacéutica, y no por las disposiciones sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos.
Información facultativa en el etiquetado | Límites al logotipo «bio»
El Tribunal recuerda que es posible incluir determinada información voluntaria en el embalaje de medicamentos. Siempre que sea útil para el paciente y no tenga finalidad publicitaria. Sin embargo, la inclusión del logotipo «bio», o de cualquier referencia al origen ecológico de las plantas, no se considera información útil, ya que estos productos pueden adquirirse sin receta médica y tal mención podría influir directamente en la decisión de compra, sin aportar un valor sanitario real.
Excepción: Aprobación previa del logotipo «bio» por la autoridad competente
El Tribunal de Justicia introduce, no obstante, una excepción. Si, durante el procedimiento de autorización de comercialización, la autoridad competente constata que las sustancias activas procedentes de agricultura ecológica tienen un efecto positivo en las propiedades terapéuticas del medicamento, se podrá autorizar que el logotipo «bio» figure en el etiquetado del producto.
Efectos de la sentencia | El logotipo «bio» y los tribunales nacionales
La decisión del Tribunal de Justicia no resuelve el litigio entre SALUS y Twardy, pero vincula al tribunal alemán encargado de juzgar el caso. Y sienta jurisprudencia para otros órganos judiciales nacionales que se enfrenten a situaciones similares sobre el uso del logotipo «bio» en medicamentos tradicionales a base de plantas.
Ago 18, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoce que la empresa atentó contra la integridad moral de la trabajadora al no respetar su derecho a la desconexión digital, aunque descarta que existan vulneraciones del derecho al honor o a la integridad física.
Hechos probados
Incumplimiento del derecho a la desconexión digital durante la incapacidad temporal
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a una empresa a pagar 1.500 euros a una trabajadora por no respetar su derecho a la desconexión digital. Los hechos probados confirman que la empleada recibió correos electrónicos de contenido laboral durante su periodo de incapacidad temporal y fuera del horario de trabajo.
Los magistrados gallegos insisten en que el derecho a la desconexión digital implica que la empresa y su personal deben abstenerse de realizar cualquier comunicación relacionada con la actividad laboral fuera del tiempo de trabajo. Este deber es independiente de que la persona trabajadora tenga o no la obligación de responder de forma inmediata a esos mensajes.
Desconexión digital y protección de la integridad moral
El TSXG vincula el derecho a la desconexión digital con la protección del derecho fundamental a la integridad moral, reconocido en la Constitución Española. En este caso, dicha vulneración resulta especialmente grave al tratarse de una trabajadora que se encontraba de baja médica por un trastorno de ansiedad. Situación que, a juicio de los jueces, hacía aún más necesaria la garantía de su derecho a la desconexión digital.
El tribunal considera que la empresa no adoptó las medidas necesarias para proteger ese derecho y que tampoco justificó la necesidad de las comunicaciones enviadas durante el periodo de baja.
La empresa atentó contra la dignidad de la trabajadora
Los jueces advierten que vulnerar el derecho implica atentar contra la dignidad y la integridad moral de la persona trabajadora. En este sentido, subrayan que pretender que la trabajadora esté disponible permanentemente, incluso durante su incapacidad temporal, supone cosificarla y desconocer su derecho al descanso.
Fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
El TSXG estima en parte el recurso de la empresa y descarta que se haya vulnerado el derecho a la integridad física o al honor. Sin embargo, confirma que existió un claro incumplimiento del derecho a la desconexión digital y, como consecuencia, una vulneración de la integridad moral de la trabajadora.
La sentencia, no obstante, no es firme y puede ser recurrida en casación.
Ago 18, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los límites de la competencia funcional en el orden jurisdiccional social (STS 719/2025). En esta ocasión, la Sala de lo Social ha anulado una sentencia dictada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se considera que este órgano carecía de competencia funcional para conocer de un recurso en un procedimiento por modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) de carácter individual.
Hechos probados
Reclamación por modificación sustancial de condiciones de trabajo
Una trabajadora recurrió a los tribunales tras sufrir una modificación sustancial en sus condiciones salariales. El Juzgado de lo Social estimó su demanda, al considerar injustificada la medida adoptada por la empresa, y ordenó restituir sus condiciones económicas anteriores.
Pese a ello, la empresa interpuso recurso de suplicación. La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía resolvió dicho recurso, actuando —según el Tribunal Supremo— sin la competencia funcional requerida por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
El recurso de suplicación no procede en MSCT individual
La sentencia reitera una doctrina consolidada (como la STS 556/2023). Según la cual no procede recurso de suplicación contra sentencias dictadas en procedimientos de MSCT de carácter individual, aunque se acumule una reclamación económica superior a 3.000 euros.
Los artículos 138.7, 191.2.e) y 192 de la LRJS configuran un sistema restrictivo de acceso al recurso en estos casos. Por tanto, el TSJ se excedió en su competencia funcional al admitir y resolver el recurso.
La afectación general no puede ser definida por las partes
El Alto Tribunal recuerda que la afectación general, contemplada en el artículo 191.3.b) LRJS, no puede ser fijada por acuerdo de las partes ni por la simple mención en la sentencia de instancia. Para que esta figura habilite el recurso de suplicación, debe probarse la existencia de múltiples litigios similares. O que el conflicto afecta a un grupo amplio de trabajadores. En este caso, no se acreditó ninguna de esas circunstancias.
Falta de competencia funcional del TSJ y anulación de la sentencia
En aplicación de su doctrina, el Tribunal Supremo declara que el TSJ de Andalucía carecía de competencia funcional para conocer del recurso de suplicación en este caso concreto. Por ello, anula su sentencia, declara la firmeza de la dictada en primera instancia y deja sin efecto todas las actuaciones procesales posteriores, de conformidad con el artículo 235.1 LRJS.
No se imponen costas, conforme a la práctica habitual en este tipo de resoluciones.
Conclusión
Esta sentencia refuerza el criterio del Tribunal Supremo sobre la competencia funcional en el orden social. La Sala recuerda que los límites procesales no pueden relajarse en función de la cuantía económica ni por acuerdos entre las partes. La competencia funcional, como cuestión de orden público, debe observarse con rigor para garantizar la correcta aplicación de la ley y la seguridad jurídica en los procesos laborales.
Ago 18, 2025 | Actualidad Prime
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha revisado la sanción disciplinaria de separación del servicio impuesta a un suboficial del Ejército de Tierra, tras ser condenado por sentencia firme a prisión por un delito doloso vinculado a violencia de género. El Alto Tribunal confirma que la conducta afecta gravemente a la dignidad militar, pero considera que la sanción impuesta fue desproporcionada.
Condena penal con incidencia en la dignidad militar
Según los hechos probados, el suboficial fue condenado a nueve meses y un día de prisión. Junto con la privación del derecho a portar armas durante dos años. A raíz de esta condena, se le impuso la sanción de separación del servicio en virtud del artículo 8.14 de la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (LORDFAS), que considera falta muy grave toda condena penal firme por delito doloso cuando esta afecte al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause perjuicio a la Administración.
Estos supuestos son alternativos, por lo que basta con que concurra uno de ellos. En este caso, el Tribunal Supremo considera acreditado que la conducta del militar perjudicó la dignidad militar. Dada la gravedad del delito y los altos estándares de comportamiento exigibles al personal castrense.
La dignidad militar como valor esencial en las Fuerzas Armadas
El Alto Tribunal resalta que la dignidad militar no es un concepto abstracto, sino un principio estructural del régimen disciplinario militar. Exige que los miembros de las Fuerzas Armadas mantengan una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera del servicio. Cualquier conducta que atente contra este principio puede justificar la imposición de sanciones muy graves, como la separación del servicio.
La sentencia pone de relieve que los hechos delictivos protagonizados por el suboficial dañaron no sólo su reputación personal. También la del colectivo al que pertenece, menoscabando la dignidad militar que debe proyectarse ante la sociedad.
Principio de proporcionalidad en la sanción disciplinaria
No obstante, la Sala recuerda que la aplicación del artículo 8.14 LORDFAS debe regirse por el principio de proporcionalidad (art. 22), que obliga a ponderar diversos factores: gravedad del delito, pena impuesta, circunstancias personales y profesionales, y afectación efectiva al servicio.
En este caso, el Tribunal distingue la situación del suboficial de otros casos donde la expulsión fue confirmada, como en situaciones de maltrato habitual o violencia reiterada. Aquí se trata de un hecho aislado, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, lo que permite modular la respuesta disciplinaria sin perder de vista la protección de la dignidad militar.
El Tribunal Supremo sustituye la expulsión por suspensión de empleo
Aunque se confirma que los hechos constituyen una falta muy grave que lesiona la dignidad militar, el Tribunal considera que la sanción de separación del servicio no resulta proporcionada. Por ello, acuerda sustituirla por la sanción de suspensión de empleo durante un año. Medida que permite sancionar con firmeza la conducta sin provocar la expulsión definitiva del Ejército.
Esta decisión no minimiza la gravedad de los hechos, sino que ajusta la sanción a las circunstancias concretas del caso, en defensa de una dignidad militar que debe mantenerse como referente, pero también aplicando con justicia los principios que rigen el Derecho Disciplinario Militar.
