El Tribunal Supremo rechaza sentencia de EE. UU. en materia de reconocimiento de contratos de gestación subrogada.
La Sala Primera del Tribunal Supremo español ha denegado el reconocimiento de una sentencia de un tribunal estadounidense que validaba un contrato de gestación subrogada. Según el alto tribunal, dicha sentencia vulnera el orden público español, que protege derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Este orden público incluye la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor, así como el respeto a su dignidad.
Principales vulneraciones señaladas
El tribunal argumentó que la gestación subrogada es contraria a la dignidad humana y supone un trato mercantil tanto para la mujer como para el menor. Además, impide al niño conocer su origen biológico y pone en riesgo la integridad física de la madre, sometiéndola a tratamientos hormonales agresivos. También destacó la falta de control sobre la idoneidad de los padres de intención, lo que podría comprometer el bienestar del menor.
Contexto y decisión del caso
El contrato de gestación subrogada validado por la sentencia extranjera incluía la obligación de la mujer gestante de entregar al niño inmediatamente después del parto. Según el Supremo, este acuerdo refleja una explotación económica de la mujer, cuyo consentimiento es condicionado por pagos o compensaciones económicas.
El tribunal estadounidense había emitido dos decisiones al respecto: una antes del parto, que vinculaba a la madre gestante a cumplir el contrato, y otra posterior que ratificaba la filiación de los menores a los padres de intención. El Tribunal Supremo español subrayó que esta práctica constituye un negocio lucrativo en Estados Unidos, lo que agrava el problema.
Protección del menor y derechos de las partes
La Sala rechazó la idea de que el interés superior del menor justifique el reconocimiento automático de estos contratos. Indicó que los derechos de las madres gestantes y los menores quedarían gravemente vulnerados si se legitimara esta práctica, facilitando la actuación de agencias intermediarias que tratan a los niños como mercancías. La sentencia concluye que el interés superior del menor debe analizarse en cada caso y no desde los criterios de los padres de intención.
Implicaciones de la sentencia
La decisión del Tribunal Supremo reafirma la postura restrictiva de España hacia la gestación subrogada, alineándose con la normativa nacional que prohíbe esta práctica.
