Sobre las acciones civiles y la mejor defensa recaudatoria del crédito público (TOL10.032.096)

juny 6, 2024 | Butlletí de novetats, Financer-Tributari. Doctrina

En el plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027, dentro de sus ejes vertebradores, junto a la asistencia al contribuyente, las actuaciones preventivas y la estrategia de comunicación aparece, como no podía ser de otro modo, el control del fraude.Dentro del mismo, en el subapartado c.10 se hace referencia a las "actuaciones complejas de control en materia de recaudación", donde podemos leer, como algo novedoso, que:"Desde otro punto de vista, se debe hacer referencia al ejercicio de acciones civiles en defensa del crédito público. Se trata de casos en que los mecanismos de recuperación de deuda de los que está dotada la Agencia Tributaria se muestran insuficientes para lograr el fin perseguido, por lo que ha de acudir a la tutela judicial para conseguir el mismo, a través del ejercicio de acciones en el ámbito jurisdiccional civil. Así pues, es un hecho que la mejor defensa recaudatoria de los derechos de la Hacienda Pública estatal hace necesario acudir a las acciones civiles".Esto merece comentario y reflexión y es que acaso debamos modular la respuesta que, desde la recaudación del crédito público, estamos dando al fraude de acreedores.Si acudimos al diccionario panhispánico del español jurídico veremos que "fraude de acreedores" se define como acto del deudor, generalmente simulado y rescindible, que deja al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe.Estas ideas no son complejas y no deben complicarse. Todo acreedor espera cobrar lo que se le debe y para ello cuenta con el patrimonio de su deudor. El problema surge cuando este patrimonio se esfuma y no por azares, sino por actos del deudor y de su grupo de confianza, que como se decía, dejan al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe.Cuando esto le sucede al acreedor privado, la jurisprudencia civil nos tiene dicho que el fraude de acreedores podrá servir de fundamento a la acción rescisoria, a la nulidad por simulación contractual por inexistencia de causa, y además, a la acción de nulidad por causa ilícita.Esto puede resultar complejo y debemos explicar estos tres remedios que dispensa el derecho civil al acreedor frustrado:

• En la simulación absoluta el contrato por el que los bienes salieron del patrimonio del deudor, lisa y llanamente, no existe -pensemos en una venta sin precio-, pues careciendo de causa, adolece de un defecto insubsanable.
• En la nulidad por causa ilícita, siendo el contrato real y existente, el propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la jurisprudencia a la categoría de causa ilícita determinante de la nulidad del contrato. En esta figura el fraude de acreedores no es la consecuencia del contrato, sino su causa que, por su ilicitud determina, desde su génesis, su ineficacia estructural.
• El remedio pauliano es acaso lo más complejo, pues el contrato nace perfecto y válido, pero deviene fraudulento por el daño que a la postre causa al acreedor. En este remedio lo importante es el daño y no la intención, importando la diligencia para conocer que se puede causar un daño más que el exacto grado de conocimiento, llegando el remedio a ser objetivo para el caso de las disposiciones o título lucrativo o gratuito.

En conclusión y para que se entienda, el fraude de acreedores puede ser buscado y querido por el deudor y por miembros de su grupo de confianza que con él colaboran en ocultar los bienes al acreedor. En este caso el remedio es la nulidad de los contratos, ya sea por inexistencia de causa, ya sea por causa ilícita, y la consecuencia es el retorno de los bienes al deudor y la reconstrucción de la garantía patrimonial de la que disfrutaba el acreedor.Y si el fraude de acreedores no es una causa, sino una mera consecuencia, si lo importante no era la intención, sino el daño causado a la postre, el remedio es el pauliano, que no reconstruye el patrimonio del deudor, sino que opera el efecto repristinatorio del embargo, esto es, respeta el acto dispositivo realizado, pero permite al acreedor perjudicado proceder al embargo del bien en el patrimonio del adquirente que, pese a no ser deudor, deberá sufrir el embargo.Este es . . .

Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (TOL10.032.098)

juny 5, 2024 | Butlletí de novetats, Financer-Tributari. Doctrina

Las competencias de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (UCCDHP) se encuentran detalladas en el apartado TRES.1 de la Resolución de 24 de marzo de 1992, de la AEAT, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria:

• La integración y comunicación a la Inspección de criterios en materia de delito fiscal.
• La elaboración de los criterios de tramitación de los posibles delitos contra la Hacienda Pública.
• El asesoramiento a los servicios de inspección relacionados con los expedientes que tramiten en los que se puedan apreciar indicios de delito.

Por tanto, las funciones de la UCCDHP se pueden agrupar en funciones de difusión de criterios generales y funciones de asesoramiento en casos concretos.Respecto de la primera de estas funciones, las funciones de la Unidad se centran en tres aspectos:

1. Criterios sobre el fondo del delito fiscal.
2. Criterios sobre la tramitación de expedientes.
3. Criterios sobre colaboración judicial.

1. Criterios sobre el fondoLa UCCDHP establecerá y comunicará los criterios generales sobre delito fiscal que deben regir la actuación de la Inspección de los Tributos, para lo que:
   • Se estudiarán las diferentes actuaciones de los Equipos de Inspección, para detectar aquellos comportamientos en los que puedan concurrir indicios de delito fiscal, homogeneizando las actuaciones de la Agencia Tributaria en cuanto a la remisión de estos expedientes a la vía penal.
   • Se analizarán las diferentes resoluciones judiciales en materia penal.
   • Se potenciará la política de comunicación y difusión interna de criterios en materia de delito fiscal.
   • Se intensificará la formación de los Equipos de Inspección.
2. Criterios sobre la tramitaciónLa idea que preside la actuación de la UCCDHP en este ámbito es el respeto a la normativa legal (arts. 250 a 259 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, introducidos por la ley 34/2015 de 21 de septiembre) y reglamentaria aplicable en la materia, pero tratando de simplificar la tramitación de los delitos contra la Hacienda Pública, tanto desde sus aspectos administrativos como informáticos.
3. Criterios sobre colaboración judicialLa UCCDHP se encarga de la tramitación de la designación de funcionarios del área de Inspección como auxilio judicial en los casos en los que el nombramiento corresponde al Director General de la Agencia Tributaria, en el marco de la Instrucción 2/2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre designación de funcionarios como peritos o en otras funciones de auxilio judicial modificada por la Resolución 1/2018, de 17 de julio.A partir de la experiencia acumulada por la Unidad en el desarrollo de esta tarea, así como en el apoyo prestado en el marco del auxilio judicial, se elaborarán los correspondientes criterios aplicables en la designación y desarrollo de la colaboración judicial en el ámbito de la Inspección, así como difundirá en el ámbito interno o externo aquellas cuestiones de interés para conseguir una colaboración con la jurisdicción penal y sus actores lo más eficaz posible en cada caso.En cuanto al segundo grupo de funciones, el asesoramiento de los servicios de inspección, el trabajo de la UCCDHP se concentra en trabajar como órgano centralizador de las consultas planteadas por las diferentes Dependencias Regionales de Inspección, la DCGC y la ONIF, así como dar apoyo a los Equipos Regionales de Inspección.
   • Asesoramiento a las Dependencias Regionales de Inspección, cuyo trabajo se concentra básicamente en:
     • Contestación a las consultas relativas a delito fiscal, planteadas por las Dependencias Regionales de Inspección.
     • Apoyo a los Equipos Regionales de Delito contra la Hacienda Pública, que se han constituido en algunas Dependencias, y a los Equipos de Inspección que tramitan expedientes en los que se aprecian indicios de delitos contra la Hacienda Pública.
   • Asesoramiento a la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC: en este caso, además . . .
     
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