jul. 31, 2024 | Actualitat Prime
El BOE de hoy ha publicado el Real Decreto 758/2024, de 30 de julio, por el que se crea el Consejo de la Productividad de España.
El Real Decreto tiene por objeto la creación del Consejo de la Productividad de España, a fin de dar cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 20 de septiembre de 2016, sobre la creación de consejos nacionales de productividad.
El Consejo de Ministros ha aprobado la constitución del Consejo de la Productividad de España. Este nuevo organismo será presidido por Juan Francisco Jiménez Serrano, funcionario del Banco Central Europeo (BCE).
El Consejo de la Productividad se encargará de analizar la evolución y las políticas de productividad y competitividad en España. Este organismo tendrá autonomía funcional y contará con un presidente, un vicepresidente y quince vocales, con una composición paritaria y un mandato de cinco años sin posibilidad de prórroga. Se reunirá al menos una vez cada seis meses y siempre que lo convoque la presidencia a iniciativa propia o a petición de al menos dos de sus miembros.
Funciones del Consejo
El Consejo de la Productividad tendrá varias funciones clave, entre las que se incluyen:
- Elaboración de análisis económicos y estadísticos. Con el fin de evaluar la productividad y competitividad de la economía española en el marco de la Unión Europea.
- Emisión de opiniones públicas orientadas a la evaluación de la política económica.
- Evaluación de las políticas públicas con impacto en estos ámbitos.
- Elaboración y aprobación de un informe anual. Se recopilarán los análisis realizados, opiniones, y seguimiento de la ejecución de sus propias funciones.
Para ello, podrá acceder a la información proporcionada por varios organismos y autoridades, que estarán obligados a colaborar y facilitar la labor del Consejo. Entre ellos: el Banco de España, el INE, la CNMC, etc.
Por otro lado, el Consejo podrá acordar la constitución de grupos de trabajo temporales o permanentes que considere precisos, cuando así lo aconseje la especificidad de las materias a tratar. También podrá encargar a colaboradores especializados y expertos externos independientes la realización de diagnósticos, evaluaciones y análisis económicos y estadísticos de calidad, el seguimiento de indicadores económicos y financieros, y la elaboración de informes económicos específicos en el ámbito de la productividad.
Entrada en vigor de la norma
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
jul. 31, 2024 | Actualitat Prime
La Abogacía del Estado ha presentado una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. [TOL10.119.770]
El motivo de la querella por prevaricación radica en la decisión del juez de impedir a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, declarar por escrito en el caso que investiga por tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez.
La Abogacía del Estado, representando a la Presidencia del Gobierno, alega que el juez Peinado ha actuado de manera injusta y arbitraria. La querella considera que Peinado ha tomado una decisión injusta a sabiendas, violando así la ley que permite al presidente declarar por escrito. El juez comunicó la decisión de tomarle declaración en Moncloa. Se argumenta que los hechos objeto de la interrogación están relacionados con su condición de presidente del Gobierno, y no como esposo. Según la abogada del Estado, esta decisión es «palmariamente contraria a lo que dice la ley».
Las providencias y el método de declaración
La abogada del Estado cita abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo para diferenciar un error judicial de una decisión arbitraria. Critica la providencia del 19 de julio, en la que Peinado establecía el modo de practicar la declaración: en el despacho oficial en Moncloa, con instalación de dispositivos de grabación para recogerse como prueba documental (según el artículo 413 LECRIM). La parte querellante considera que se le ha negado su derecho a declarar por escrito, sin motivación o justificación, según el artículo 412.2 LECRIM:
«Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo
1º El Presidente y los demás miembros del Gobierno […]».
Por otro lado, la providencia del 26 de julio establece que la aplicación de dicho artículo resulta distinto en el caso cuando se trate de hechos de los que ha tenido conocimiento «por razón de su cargo y cuando no, y por tanto, ha de mantenerse la toma de la declaración en los mismos términos y condiciones en que fue acordada por la providencia de fecha diecinueve de julio del presente año.»
Consideraciones de la querella
La querella también señala que las resoluciones judiciales que afectan a cargos del poder ejecutivo tienen una relevancia pública y electoral significativa. Subraya que esto no supone un ataque al poder judicial, sino un intento de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder judicial.
Subraya que son dos los elementos en los que se centra la querella:
«la consideración de la resolución como “injusta” en los términos desarrollados jurisprudencialmente y por otro lado el elemento volitivo exigido en estos casos, en virtud del que la injusticia de la resolución ha sido causada por el autor “a sabiendas”».
Principalmente, considera que el tipo delictivo de la investigación está necesariamente vinculado con el ejercicio del cargo, por lo que debe aplicarse el régimen establecido. Expone que «resulta muy dudoso también que haya de aplicarse las formalidades previstas en el artículo 433 de la LEcrim, incluida la videograbación, pensada para la sede judicial».
Finalmente, la Abogacía del Estado solicita en la querella por prevaricación que se tome declaración como testigo al juez Carlos Valle, magistrado sustituto que dictó la providencia del 26 de julio. La Abogacía quiere que Valle aclare si es decisión propia o si estaba influenciada por el juez Peinado.
jul. 30, 2024 | Actualitat Prime
El TSJA ha absuelto a una periodista del diario Huelva Información del delito de revelación de secretos.
Inicialmente, la Audiencia de Huelva condenó a la periodista a dos años de prisión por publicar información sobre el asesinato de la profesora Laura Luelmo. Sin embargo, el TSJA considera que los hechos probados «no son susceptibles de integrar» el delito de revelación de secretos. Además, no hay pruebas del posible origen delictivo o ilícito de la información.
El caso de la periodista está vinculado a la cobertura informativa del asesinato de la profesora Laura Luelmo. La Audiencia de Huelva, tras el veredicto del jurado popular, condenó al acusado a prisión permanente revisable por los delitos de asesinato y agresión sexual. La periodista utilizó información para sus publicaciones sin conocer su origen delictivo.
La Sala Civil y Penal del TSJA fundamenta su decisión en la ausencia de referencias concretas en la sentencia de la Audiencia de Huelva sobre el origen delictivo de la información. Según los magistrados, para configurar el delito de revelación de secretos es imprescindible demostrar que la información publicada se obtuvo de manera ilícita, lo cual no se acreditó en este caso. Además, señalan que aunque la periodista conocía el carácter reservado de los datos publicados, no se probó que fuera consciente de su obtención ilícita.
La argumentación de la defensa
La condena inicial, dictada el 6 de junio de 2023 por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva, incluía dos años de prisión, una multa de 18 meses a razón de 6 euros por día, e inhabilitación especial para el ejercicio del periodismo durante el tiempo de condena. Asimismo, se ordenó a la periodista indemnizar con 15.000 euros al padre y otros 15.000 euros a la madre de Laura Luelmo, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa editora del diario.
Frente a esta condena, tanto la periodista como el periódico Huelva Información presentaron recursos ante el TSJA. Alegaron vulneración del derecho de defensa, calificación errónea de los hechos, vulneración del derecho de presunción de inocencia y del derecho constitucional a la libertad de información. El ministerio fiscal también recurrió la sentencia, argumentando que se había infringido la Ley en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.
La sentencia absolutoria del TSJA es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.
Fuente: CGPJ
jul. 30, 2024 | Actualitat Prime
Trabajar en centro público y privado sin solicitar la compatibilidad de servicios público y privado puede conllevar sanciones. STSXG 569/2024.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una sanción disciplinaria impuesta por la Consellería de Sanidade a un médico del Servizo Galego de Saúde (Sergas). La sanción, que consiste en la suspensión de funciones durante tres meses, se debe a que el facultativo simultaneaba la prestación de servicios en un centro público y otro privado desde el año 2012 sin solicitar la preceptiva compatibilidad. Además, el médico percibía sus retribuciones bajo el régimen de dedicación exclusiva.
La Xunta estableció que dicho comportamiento constituía una infracción del artículo 72.3 h) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. El artículo dispone:
«El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad».
Desestimación del recurso
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha desestimado el recurso interpuesto por el médico contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela. Este fallo, del año 2020, confirmaba la resolución de la Xunta que establecía la sanción al profesional de la salud.
En su resolución, el TSXG aclara que el médico no puede alegar el principio de confianza, ya que la compatibilidad reconocida era para otra situación en diferentes centros médicos. El facultativo conocía perfectamente el cambio en su situación laboral.
Asimismo, el fallo destaca que la actividad realizada en el centro privado era de naturaleza médica y se ejecutaba sin la previa autorización requerida. Esta conclusión se opone a los argumentos del facultativo. Según él, los reconocimientos realizados en el centro privado, destinados a expedir certificados para azafatas y pilotos, no constituían una actividad médica.
El facultativo deberá enfrentarse a una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 3 meses, así como a la imposición de costas correspondientes.
El fallo de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG no es firme y contra él cabe presentar recurso de casación.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
jul. 29, 2024 | Actualitat Prime
La Administración tributaria no puede fundamentar la sanción del contribuyente en el hecho de que sea abogado. [TOL10.094.606]
En el caso, un abogado interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia del 10 de mayo de 2023. En dicha resolución se realizó una regularización del IRPF de 2017, en la cual se incrementó el rendimiento neto de la actividad económica debido a ingresos no declarados. Además, se rechazaron ciertos gastos como deducibles, resultando en una cantidad a ingresar y una posterior sanción.
El conflicto surgió debido a que la Administración Tributaria consideró que el contribuyente, abogado de profesión, debía tener conocimientos especializados en la normativa tributaria. Especialmente porque era profesor de derecho fiscal, según su LinkedIn.
La infracción imputada es la contenida en el artículo 191.1 Ley 58/2003: constituye infracción tributaria dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de una correcta autoliquidación, salvo regularización voluntaria.
Pronunciamiento del TSJ
No de acuerdo con la sanción establecida, el abogado acudió ante el Tribunal Superior de Justicia. Así, alegó falta de motivación del elemento subjetivo del tipo y ausencia de culpabilidad.
Por su parte, el Abogado del Estado defendió la culpabilidad basándose en el conocimiento especializado del recurrente sobre la normativa tributaria, dada su profesión como abogado y profesor de derecho fiscal.
El Tribunal Superior de Justicia determinó que la Administración no proporcionó suficiente motivación para justificar la culpabilidad en relación con la infracción tributaria imputada. Establece que la Administración debe probar la culpabilidad en infracciones tributarias, incluyendo la motivación específica sobre la razonabilidad de la interpretación del contribuyente.
La culpabilidad y motivación
La motivación de culpabilidad debe analizarse con detalle, incluyendo la identificación de los hechos y razonamientos que sustentan la infracción. No es suficiente con alegar que el contribuyente es culpable únicamente por su vinculación laboral a la materia.
«El ejercicio de la abogacía no presupone el inabarcable conocimiento de todas las ramas del Derecho, sin que la AEAT haya acreditado que el asesoramiento a los Ayuntamientos se realice en materia tributaria, debiendo prescindir este Tribunal de hechos nuevos introducidos en la contestación a la demanda, no plasmados en el acuerdo sancionador.»
Por ello, estima el recurso contencioso-administrativo y anula los actos dictados, al ser contrarios a Derecho.
jul. 29, 2024 | Actualitat Prime
Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869
El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza. A través de dicha norma se modifica el Reglamento (UE) 2022/869.
El Reglamento tiene por objeto establecer normas encaminadas al mantenimiento del medio ambiente y la biodiversidad. Entre sus objetivos, encontramos los siguientes:
- Recuperar ecosistemas en zonas terrestres y marinas de los Estados miembros, mediante la restauración de los ecosistemas degradados.
- Adoptar nuevas normas para continuar con la mitigación del cambio climático.
- Mejorar la seguridad alimentaria.
- Mantener el cumplimiento de los compromisos internacionales de la Unión.
Para ello, los Estados miembros deberán establecer medidas de restauración, basadas en la superficie, a fin de que,2. El presente Reglamento establece un marco en el que los Estados miembros establecerán medidas de restauración efectivas en, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030 y, de aquí a 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración.
Ámbito de aplicación
El Reglamento se aplicará a los ecosistemas que se encuentren en el territorio de los Estados miembros, en sus aguas costeras, su lecho marino o su subsuelo; así como en las aguas, el lecho marino o el subsuelo situados más allá de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales de un Estado miembro y que se extienden hasta el límite exterior de la zona en la que un Estado miembro tiene o ejerce derechos soberanos o jurisdicción.
También se aplicará a ecosistemas en territorios europeos donde se apliquen los Tratados.
Obligaciones de restauración de la naturaleza
Los Estados adoptarán medidas para restablecer hábitats que, según el Reglamento, se encuentren en mal estado:
- al menos el 30 % del total de los hábitats en mal estado para 2030,
- al menos el 60 % para 2040,
- al menos el 90 % para 2050.
Hasta el año 2030, los Estados miembros darán prioridad a los espacios Natura 2000 al aplicar las medidas de restauración.
La norma prevé medidas específicas en función del tipo de ecosistema, ya sea terrestre o marino. Además establece disposiciones para materias concretas: energías renovables, defensa nacional, ecosistemas urbanos, polinizadores, conectividad de los ríos, ecosistemas agrícolas, forestales. También prevé una disposición específica para la plantación de 3.000 millones de árboles en territorio de la Unión, de aquí a 2030.
Para poder llevar a cabo todas las obligaciones, los Estados miembros deberán elaborar planes nacionales de restauración, los cuales abarcarán las medidas a establecer de aquí a 2050.
Entrada en vigor
El Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
