set. 5, 2024 | Actualitat Prime
Correos debe realizar ajustes en el modelo de contabilidad para cumplir con la Ley del Sector Postal
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha determinado que Correos debe realizar ajustes en su modelo de contabilidad analítica para cumplir con la Ley del Sector Postal. Uno de los principales problemas identificados es la clasificación incorrecta de las notificaciones administrativas, que han sido incluidas erróneamente como cartas certificadas dentro del Servicio Postal Universal (SPU). Estas no deberían formar parte de este servicio. Esta confusión en la contabilidad afecta tanto la separación de los servicios como la asignación de costes e ingresos, generando un impacto negativo en los resultados contables de Correos.
Implementación de las recomendaciones realizadas
Las notificaciones administrativas representan el 6,2 % de los envíos del sector postal tradicional y el 32,2 % de sus ingresos. Lo que subraya su importancia económica. A pesar de que Correos ha cumplido en gran medida con la Ley del Sector Postal y la Orden FOM/2447/2004, la CNMC ha solicitado que corrija su contabilidad desde 2016 en adelante y que implemente las recomendaciones previas. Como la mejora del control interno y la automatización de procesos manuales.
Objetividad de los resultados financieros
Otro aspecto que requiere atención es la asignación incorrecta de ingresos y costes comunes entre Correos y sus filiales, en particular Correos Express. Este error afecta la objetividad de los resultados financieros. Además, la auditoría de la CNMC ha identificado problemas técnicos en el entorno tecnológico que gestiona el sistema contable de Correos, lo que incrementa el riesgo de errores en la información procesada manualmente.
Ajustes en el modelo de contabilidad
La CNMC ha solicitado a Correos que presente los resultados corregidos y mejore su contabilidad para los ejercicios futuros. En caso de no cumplir con estas indicaciones dentro del plazo estipulado, el incumplimiento podría considerarse una infracción administrativa.
jul. 29, 2024 | Actualitat Prime
La Administración tributaria no puede fundamentar la sanción del contribuyente en el hecho de que sea abogado. [TOL10.094.606]
En el caso, un abogado interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia del 10 de mayo de 2023. En dicha resolución se realizó una regularización del IRPF de 2017, en la cual se incrementó el rendimiento neto de la actividad económica debido a ingresos no declarados. Además, se rechazaron ciertos gastos como deducibles, resultando en una cantidad a ingresar y una posterior sanción.
El conflicto surgió debido a que la Administración Tributaria consideró que el contribuyente, abogado de profesión, debía tener conocimientos especializados en la normativa tributaria. Especialmente porque era profesor de derecho fiscal, según su LinkedIn.
La infracción imputada es la contenida en el artículo 191.1 Ley 58/2003: constituye infracción tributaria dejar de ingresar la deuda tributaria resultante de una correcta autoliquidación, salvo regularización voluntaria.
Pronunciamiento del TSJ
No de acuerdo con la sanción establecida, el abogado acudió ante el Tribunal Superior de Justicia. Así, alegó falta de motivación del elemento subjetivo del tipo y ausencia de culpabilidad.
Por su parte, el Abogado del Estado defendió la culpabilidad basándose en el conocimiento especializado del recurrente sobre la normativa tributaria, dada su profesión como abogado y profesor de derecho fiscal.
El Tribunal Superior de Justicia determinó que la Administración no proporcionó suficiente motivación para justificar la culpabilidad en relación con la infracción tributaria imputada. Establece que la Administración debe probar la culpabilidad en infracciones tributarias, incluyendo la motivación específica sobre la razonabilidad de la interpretación del contribuyente.
La culpabilidad y motivación
La motivación de culpabilidad debe analizarse con detalle, incluyendo la identificación de los hechos y razonamientos que sustentan la infracción. No es suficiente con alegar que el contribuyente es culpable únicamente por su vinculación laboral a la materia.
«El ejercicio de la abogacía no presupone el inabarcable conocimiento de todas las ramas del Derecho, sin que la AEAT haya acreditado que el asesoramiento a los Ayuntamientos se realice en materia tributaria, debiendo prescindir este Tribunal de hechos nuevos introducidos en la contestación a la demanda, no plasmados en el acuerdo sancionador.»
Por ello, estima el recurso contencioso-administrativo y anula los actos dictados, al ser contrarios a Derecho.
jul. 25, 2024 | Actualitat Prime
La DGT ha establecido que dos viviendas del mismo edificio no conectadas no pueden considerarse como una sola. Consulta V1262-24.
Según la consulta, un propietario consultó a la Dirección General de Tributos sobre la posibilidad de considerar dos viviendas no conectadas, situadas una encima de la otra en el mismo edificio y sin comunicación interna, como una sola vivienda habitual para efectos fiscales. El consultante y su cónyuge utilizan ambas viviendas regularmente, destinando una de ellas como dormitorio adicional para visitas familiares.
Según consultas previas (V2025-06, V1522-10, V3659-16 y V3378-20), cuando dos viviendas contiguas están unidas interiormente y se habitan permanentemente, pueden considerarse como una única vivienda habitual, quedando excluidas del régimen de imputación de rentas inmobiliarias.
Resolución de la DGT
Cuando hay duplicidad de domicilios y dudas sobre cuál constituye la residencia habitual, se otorga el carácter de habitual a la vivienda donde se reside por más tiempo durante el período impositivo. Además, un contribuyente no puede tener más de una vivienda habitual. La normativa vigente establece que la imputación de rentas inmobiliarias se refiere a bienes inmuebles urbanos no afectos a actividades económicas ni generadores de rendimientos del capital, excluyendo la vivienda habitual.
El objetivo de la consulta es evitar la imputación de rentas inmobiliarias por la vivienda, ya que, en caso de considerarla como parte de la vivienda habitual, no debería tributar por dicho concepto. Hacerlo supondría incrementar sus rentas en la cantidad que resulte de aplicar el 2% al valor catastral. Así lo dispone el artículo 85 de la Ley 35/2006, del IRPF.
En este caso, las dos viviendas no están unidas internamente, por lo que no pueden considerarse como una única vivienda habitual. Por consiguiente, se deberá imputar rentas inmobiliarias respecto a la vivienda que no tenga la consideración de habitual.
No se considerará como una sola casa
Por ello, la DGT concluye que el consultante no puede considerar ambas viviendas como una sola vivienda habitual en la declaración de la renta. En su lugar, se deberá realizar la imputación de rentas inmobiliarias para la vivienda que no sea considerada la residencia habitual.
Fuente: Consulta de la Dirección General de Tributos
jul. 12, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho de un arrendatario a beneficiarse de la reducción en el IRPF del 60%. Esta reducción aplica al arrendamiento de pisos destinados a estudiantes durante diez meses al año. Esta decisión se basa en una interpretación del artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Reducción en el IRPF
Interpuso un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia que desestimaba su reclamación sobre la liquidación del IRPF del año 2017. La resolución del TEAR argumentaba que la reducción prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF solo se aplica a arrendamientos destinados a satisfacer la necesidad permanente de vivienda. Esto no se cumplía en el caso de alquileres destinados a estudiantes durante el curso académico. La parte demandada sostuvo que los alquileres para el curso escolar son arrendamientos de temporada. Por tanto, no cumplen con los requisitos para la reducción fiscal.
Fundamentos de Derecho
El artículo 23.2 de la LIRPF establece una reducción del 60% para los rendimientos netos positivos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Sin embargo, no especifica que el arrendamiento deba ser permanente o que tenga una duración mínima determinada. La Administración demandada interpretó que el arrendamiento de temporada para estudiantes no calificaba para esta reducción. Se basó en la definición de arrendamiento de vivienda de la LAU, que requiere satisfacer una necesidad permanente de vivienda.
El tribunal, sin embargo, discrepó de esta interpretación. Argumentó que la LIRPF no remite explícitamente a la LAU para definir los arrendamientos que califican para la reducción fiscal. Además, el hecho de que los inmuebles estén alquilados durante diez meses al año, coincidiendo con el período académico, satisface la necesidad de vivienda de los arrendatarios durante ese tiempo. El tribunal destacó que algunos arrendatarios eran los mismos en sucesivos cursos escolares, lo que refuerza el carácter residencial del arrendamiento.
Derecho del arrendatario a beneficiarse de la reducción en el IRPF
El tribunal consideró que el propósito de la reducción fiscal es incrementar la oferta de viviendas arrendadas y reducir los precios de alquiler. Esta medida facilita el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables. Este objetivo es coherente con la interpretación de que los alquileres para estudiantes, aunque sean por temporada, cumplen con la finalidad de ofrecer una vivienda digna y adecuada. Además, el tribunal citó sentencias de otros tribunales superiores, como los de Castilla y León y Madrid, que han adoptado una postura similar.
En consecuencia, el tribunal estimó el recurso y anuló la liquidación impugnada. Además, reconoció el derecho del arrendatario a beneficiarse de la reducción en el IRPF del 60% por los alquileres de pisos de estudiantes. No se hizo pronunciamiento sobre las costas procesales, dada la complejidad y las dudas jurídicas del caso.
jul. 3, 2024 | Actualitat Prime
El TEAC recuerda que las actuaciones hechas antes del inicio formal del procedimiento son parte del mismo. Tendrán carácter iniciador.
Las actuaciones desarrolladas por la Administración antes del inicio formal del procedimiento, que están relacionadas con la determinación del valor de los bienes o derechos, deben considerarse parte del procedimiento en sí, otorgándoles el carácter de acto iniciador del mismo.
Así se pronuncia el TEAC en la resolución 1366/2022, de 29 de abril de 2024. Según los hechos, el 4 de agosto de 2020, una empresa impugnó una liquidación provisional emitida por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, relacionada con una escritura de compraventa de inmuebles. La liquidación establecía un importe a ingresar de 1.856.955,87 euros.
La empresa argumentó que el procedimiento debía considerarse iniciado desde el 11 de septiembre de 2019, fecha de la visita del perito, y no desde la notificación del 14 de febrero de 2020. Además, la notificación de la liquidación provisional el 28 de julio de 2020 indicaba la caducidad del procedimiento.
Doctrina Jurisprudencial
Siguiendo la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias del Tribunal Supremo del 8 de marzo de 2023 (rec. 5810/2021) y del 1 de marzo de 2024 (rec. 7146/2022), las actuaciones realizadas por la Administración previas al inicio formal del procedimiento, que están dirigidas a obtener el informe de valoración, deben considerarse parte del procedimiento. Por lo tanto, estas actuaciones tienen el carácter de acto iniciador del procedimiento.
Así se dispone también en sentencias anteriores:
- Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2024. La solicitud de comprobación de valores enviada a otra Administración es un acto iniciador del procedimiento de comprobación limitada.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2023. Establece la misma conclusión, pero se aplica a comprobaciones de valores en procedimientos de comprobación limitada. Se concluye que la solicitud de valoración inicia el procedimiento.
Según el Tribunal Supremo, desde que la Administración Tributaria solicita el dictamen a través de una de sus unidades a la entidad correspondiente, se están realizando actuaciones para comprobar el valor de los bienes inmuebles. En consecuencia, el procedimiento se considera iniciado en ese momento, sin que pueda diferirse el efecto iniciador a la fecha de otro acuerdo formal de incoación y propuesta de liquidación.
Fuente: TEAC
