Crisis energética y respuesta gubernamental

El Real Decreto 997/2025, aprobado el 5 de noviembre de 2025, establece medidas urgentes para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico español. Esta normativa surge como respuesta a la crisis de electricidad ocurrida el 28 de abril de 2025. Conforme al artículo 21.1.a) de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional dictó directrices. Estas fueron para la creación de un comité de análisis sobre el incidente. El informe resultante, aprobado el 17 de junio de 2025, evidenció la necesidad de adoptar medidas estructurales.

Refuerzo de la supervisión y control técnico

El decreto impone nuevos mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En un plazo de tres meses, la CNMC deberá publicar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión. Además, en nueve meses, deberá desarrollar un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición de los agentes del sistema. Asimismo, el operador del sistema deberá analizar, en un plazo máximo de seis meses, la configuración de sistemas de estabilización. También los servicios de ajuste y la calidad de la inyección de potencia activa.

Fomento del almacenamiento energético y repotenciación

El decreto impulsa la regulación y simplificación administrativa, para las instalaciones de almacenamiento energético, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Se definen los conceptos de “potencia instalada” y “repotenciación”. Esto es con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica.
El artículo 6 introduce un procedimiento simplificado para la autorización de proyectos de almacenamiento hibridado. También reduce los plazos de tramitación previstos en el Real Decreto 1955/2000. Además, se exime de evaluación ambiental a los proyectos situados en espacios ya evaluados. Esto es conforme a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.

Aceleración de las infraestructuras eléctricas

La disposición adicional segunda fija plazos estrictos para la ejecución de nuevas extensiones de red por parte de las distribuidoras. Esto es con el objetivo de facilitar la electrificación de nuevos usos, como la recarga de vehículos eléctricos. Se modifica el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes. Esto es para agilizar la tramitación y reforzar la seguridad jurídica en la concesión de permisos.

Principios de buena regulación

El decreto cumple los principios del artículo 129 de la Ley 39/2015, garantizando necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica. Su carácter urgente se justifica en la necesidad de asegurar un sistema eléctrico más robusto, eficiente y descarbonizado. Esto es conforme al artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española.

Fuente: BOE.