Aprobación de nuevas medidas urgentes para situaciones de vulnerabilidad en 2026

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. La norma se dicta al amparo del artículo 86 de la Constitución Española. Este artículo habilita al Gobierno a aprobar reales decretos-leyes en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.

Medidas en materia de vivienda

El capítulo I del real decreto-ley introduce la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en supuestos de vulnerabilidad social, conforme a los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Como novedad relevante, esta suspensión no resulta aplicable cuando el arrendador sea propietario de dos o menos viviendas. Esto introduce un criterio diferenciador en atención a la posible vulnerabilidad del pequeño propietario. Asimismo, se amplía el plazo para que los arrendadores puedan solicitar compensación económica. El plazo será hasta el 31 de enero de 2027.

Protección energética y consumidores vulnerables

El capítulo II prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las medidas extraordinarias de protección frente a la pobreza energética. Se mantienen los descuentos reforzados del bono social previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Igualmente, se garantiza el suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Así, se refuerza la continuidad de los servicios básicos esenciales.

Medidas laborales y de empleo

En el ámbito laboral, el capítulo III establece limitaciones al despido objetivo para las empresas beneficiarias de ayudas públicas. En concreto, se prohíbe justificar despidos objetivos basados en el incremento de los costes energéticos. Además, las empresas que se acojan a medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada conforme al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores no podrán utilizar dichas causas para extinguir contratos de trabajo.

Disposiciones tributarias y financiación territorial

El capítulo IV recoge la extensión de incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades. Incluye la prórroga de los límites del método de estimación objetiva para pequeños autónomos. Por su parte, el capítulo V regula la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales en un contexto de prórroga presupuestaria. Esto se realiza conforme a la Ley Orgánica 8/1980 y la Ley 22/2009, garantizando la suficiencia financiera de los entes territoriales.