maig 29, 2025 | Actualitat Prime
Hechos probados: 6 meses de prisión y 900 euros de multa por insultos homófobos
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha dictado sentencia condenatoria contra un ciudadano de 26 años, por delitos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2024 en Pamplona, donde el condenado profirió insultos homófobos a un hombre homosexual y quemó una bandera LGTBI en su presencia.
La resolución califica los actos como delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución. Concretamente, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 510 del Código Penal.
Atenuante de reparación del daño
El fallo destaca la aplicación de la atenuante cualificada de reparación del daño, prevista en el artículo 21.5 del Código Penal. Esto se debe a que el acusado consignó antes del juicio la cantidad de 2.000 euros para indemnizar a la víctima. Así, en lugar de los tres años de prisión inicialmente solicitados por la fiscalía, se le impusieron seis meses y una multa de 900 euros.
La suspensión de la pena privativa de libertad fue acordada por el tribunal por un periodo de dos años. Condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y abone la multa mediante pagos mensuales.
Elementos agravantes y conducta discriminatoria por insultos homófobos
La sentencia resalta la gravedad de la humillación sufrida por la víctima. El acusado no solo profirió insultos como “puto maricón de mierda”, sino que también prendió fuego a una bandera LGTBI, símbolo de los derechos del colectivo homosexual, con el objetivo de menoscabar la dignidad de la víctima.
El acusado portaba, además, pegatinas vinculadas a movimientos ultraderechistas como “Comunidad Identitas” y “Casapound Italia”, lo que, según el tribunal, evidencia su relación con ideologías que promueven el odio y la discriminación contra determinados colectivos.
Fuente: CGPJ.
maig 28, 2025 | Actualitat Prime
Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el procedimiento para determinar las ocupaciones que permiten jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores. Esta medida tiene como objetivo reconocer a quienes desempeñan actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre. Estas actividades poseen elevados índices de morbilidad o mortalidad, cuando no pueden beneficiarse de mejoras en sus condiciones de trabajo.
El marco legal se alinea con países como Francia, Austria o Italia, que ya cuentan con procedimientos similares. Cabe destacar que este Real Decreto no modifica los derechos de colectivos ya contemplados, como los trabajadores del mar, mineros o personal de vuelo. Sin embargo, abre la puerta a nuevos sectores que aún no disponen de este mecanismo.
Definiciones legales y criterios aplicables
El Real Decreto establece definiciones más precisas sobre qué constituye una actividad penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. Entre los criterios destacan la exposición a temperaturas extremas, ruido, vibraciones, uso intensivo de fuerza física, y exposición a agentes químicos, físicos o biológicos.
El carácter peligroso se vincula a actividades con alta incidencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales. En términos de insalubridad, se considera cualquier actividad con un entorno nocivo para la salud. Para determinar estos supuestos, se utilizarán indicadores objetivos. Algunos de estos son la incidencia de incapacidad temporal, los casos de fallecimiento e incapacidad permanente, y la duración media de los procesos relacionados.
Impulso para establecer los coeficientes reductores
El procedimiento previo para establecer los coeficientes reductores será impulsado por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos o por las Administraciones Públicas, según corresponda. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y mortalidad y solicitará informes adicionales del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el caso del sector público, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La decisión final recaerá en una comisión de evaluación, que contará con representantes de los interlocutores sociales, y será la que determine si concurren circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de los coeficientes reductores.
Impacto en las cotizaciones y limitaciones legales
La aplicación de los coeficientes reductores conllevará un aumento en la cotización a la Seguridad Social para el colectivo beneficiado, establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, se establece expresamente que la edad de jubilación no podrá reducirse por debajo de los 52 años y que la pensión anticipada obtenida mediante estos coeficientes no será compatible con el desempeño de la misma actividad que originó el anticipo.
Marco normativo y consenso social
end=”3593″>Este Real Decreto responde al mandato de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y se enmarca dentro de las reformas para adaptar la jubilación a las diferentes condiciones laborales. La norma fue aprobada con el consenso de las principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y las patronales CEOE y CEPYME, como quedó reflejado en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social del 31 de julio de 2024.
Fuente: BOE.
maig 28, 2025 | Actualitat Prime
Real Decreto 409/2025, de 27 de mayo, por el que se regula la actividad y bienestar de los perros de asistencia.
El Real Decreto 409/2025, publicado en el BOE núm. 128 de 28 de mayo de 2025, establece una regulación actualizada para la actividad y el bienestar de los perros de asistencia en España. Este texto legal desarrolla aspectos esenciales que no estaban previstos en la normativa anterior (Real Decreto 3250/1983), adaptándose a los avances normativos y sociales, incluyendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en 2006) y la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Definición y ámbito de aplicación
La norma parte de la definición de perro de asistencia según la Ley 7/2023, considerándolo como aquel adiestrado para dar apoyo a personas con discapacidad, personas con trastorno del espectro autista, o personas con necesidades médicas específicas. Se aplicará tanto a los animales en formación, en ejercicio, como en retiro, incluyendo a sus titulares, usuarios y formadores.
Derechos de acceso y circulación
El artículo 7 establece el derecho de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia en lugares públicos y privados, transportes colectivos, lugares de trabajo y centros educativos, sin recargos adicionales. Solo se limita su acceso por motivos sanitarios evidentes, riesgo grave o normativa específica (como quirófanos o áreas de manipulación de alimentos). Estos derechos se configuran como condiciones laborales dentro del marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Clasificación y formación
El Real Decreto define varias categorías: perros guía, perros señal de alerta de sonidos, perros de servicio, perros de aviso de alerta médica y perros para personas con trastorno del espectro autista. La formación debe realizarse en entidades acreditadas, y las comunidades autónomas se encargan de registrar las “unidades de vinculación” (binomio usuario-perro).
Reconocimiento y pérdida de condición
El reconocimiento oficial del perro de asistencia es válido en todo el territorio nacional. La pérdida de esta condición puede deberse a fallecimiento, edad (al alcanzar diez años salvo informe veterinario), incapacidad, o comportamientos peligrosos, conforme al artículo 6 del decreto.
Obligaciones de usuarios y formadores
Se fijan obligaciones claras: los usuarios deben asegurar el bienestar y uso adecuado del perro, portar su distintivo visible y mantener actualizado el registro. Los formadores, por su parte, deben cumplir requisitos técnicos y legales específicos, incluyendo su inscripción en registros autonómicos.
Medidas de sensibilización y sanciones
El artículo 9 destaca la necesidad de campañas públicas para fomentar el respeto y conocimiento del papel de los perros de asistencia. El incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme al régimen previsto en la Ley 7/2023.
Fuente: BOE.
maig 27, 2025 | Actualitat Prime
Reconocimiento del derecho a recurrir en casos de reducción de condena a agresor sexual. [TOL10.532.799]
El Tribunal Constitucional (TC), mediante su sentencia de 29 de abril de 2025 (Recurso 4330/2023), ha reconocido el derecho de una madre a impugnar la reducción de la condena del agresor sexual de su hija menor. Este fallo se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. El origen del caso se sitúa en la inadmisión del recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, bajo el argumento de que la ley vigente no preveía expresamente dicho recurso. Sin embargo, el TC sostiene que la ausencia de mención expresa no puede entenderse como una prohibición, apoyándose en jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que avala la impugnación de autos de revisión de penas.
La modificación y su impacto
La Audiencia Provincial de Lugo había impuesto al agresor, en enero de 2022, una pena de 12 años de prisión por delitos sexuales. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del «solo sí es sí», el condenado solicitó y obtuvo una reducción de la pena a 10 años. La madre de la víctima recurrió dicha revisión, pero el TSXG inadmitió el recurso por considerar que no existía base legal expresa para ello. No obstante, el TC recalca que, conforme la jurisprudencia, las resoluciones que modifican sentencias son susceptibles de apelación, aun cuando el legislador guarde silencio.
Tutela judicial efectiva y garantías procesales
El Pleno del Tribunal Constitucional subraya que la interpretación de las normas procesales debe realizarse en coherencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho incluye la posibilidad de que las partes puedan recurrir decisiones judiciales que afecten a sus intereses, garantizando un proceso con todas las garantías. El TC declara que impedir el recurso vulnera derechos fundamentales, especialmente en materia de protección de víctimas de delitos sexuales, donde el interés superior del menor cobra relevancia conforme al artículo 39 de la Constitución Española.
Resultado de la sentencia
El TC concluye que la madre y su hija vieron vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al inadmitirse el recurso de apelación. Sin embargo, la resolución no estima otras alegaciones presentadas, limitándose exclusivamente a reconocer la lesión procesal sufrida.
maig 27, 2025 | Actualitat Prime
¿Cómo se procede en casos de sucesión nobiliaria si hay hijos y hermanos?
El Tribunal Supremo, mediante su Sentencia núm. 744/2025, ha clarificado el criterio aplicable para determinar el mejor derecho a la posesión, uso y disfrute de un título nobiliario cuando la sucesión se plantea entre parientes colaterales del fundador o del último poseedor legítimo. Este pronunciamiento, derivado de un recurso de casación, aborda las reglas genealógicas aplicables conforme al Derecho histórico español, particularmente la Ley II, Título XV, de la Partida II del Código de las Siete Partidas.
Determinación del mejor derecho
La controversia enfrentaba a dos mujeres, familiares en línea colateral, por la titularidad de un condado. La demandante, hija del último poseedor legítimo, alegaba mejor derecho sobre la demandada, hermana del fallecido titular. La clave residía en si debía aplicarse el principio de propincuidad (proximidad de grado) partiendo del padre o del abuelo común de ambas contendientes. Según la doctrina consolidada del Supremo, cuando no existen descendientes directos, el derecho nobiliario se resuelve por grado de parentesco, no por representación.
Normativa aplicable
La resolución se fundamenta en el artículo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, que remite al título de concesión y, en su defecto, a lo que tradicionalmente se ha seguido. Este marco histórico incluye las normas del derecho castellano, como las establecidas en la Partida II, que priorizan al pariente más próximo en grado al último poseedor legítimo. La Ley 33/2006, de igualdad en el orden sucesorio entre hombres y mujeres, no resultaba aplicable, al tratarse de dos mujeres.
Relevancia de la figura del último poseedor legal
El Supremo precisó que el último poseedor legal no es siempre el ascendiente común más remoto, sino aquel del cual los litigantes derivan su derecho. En este caso, la demandada pretendía remontar el punto de referencia al abuelo común, pero la Sala reafirmó que el último poseedor legítimo era el padre de la demandante, dado que durante su vida ostentó y fue reconocido como titular. Este razonamiento se apoya en la doctrina jurisprudencial (por ejemplo, STS 212/1976, STS 1247/2004) que diferencia entre el poseedor civilísimo y el poseedor legal reconocido.
Exclusión del derecho de representación
Un aspecto clave es que en sucesión entre colaterales no opera el derecho de representación, que solo se reconoce en la línea descendente directa. Así, la línea recta descendente del último poseedor desplaza a la colateral. Las sentencias citadas, como la STS 661/2009, reiteran que debe prevalecer el pariente más próximo en grado y no quien invoque derechos por línea indirecta o representativa.
Conclusión del Supremo y efectos procesales
El recurso de casación fue desestimado, confirmándose las sentencias previas de primera y segunda instancia, que ya habían declarado nula la Real Carta de 1993 a favor de la demandada. Como consecuencia, se reconoció a la demandante el mejor derecho al título, ordenándose la expedición de nueva Real Carta de Sucesión. Además, el Supremo impuso las costas del recurso a la parte recurrente y decretó la pérdida del depósito constituido conforme al artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la disposición adicional 15ª de la LOPJ.
Fuente: CGPJ.
