març 17, 2025 | Actualitat Prime
Indemnización por la lesión durante el embarque
La Audiencia Provincial de A Coruña ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por una pasajera. Esta reclamaba indemnización a Iberia Express tras sufrir una lesión en la rodilla. La lesión ocurrió durante el embarque de un vuelo de Madrid a Santiago de Compostela. El tribunal considera probado que la pasajera tropezó con un equipaje de mano al intentar dejar paso a otro viajero en un espacio reducido. Como consecuencia, sufrió un dolor inmediato que requirió asistencia por parte de la tripulación. Además, necesitó traslado en silla de ruedas al llegar a destino.
Aplicación del Convenio de Montreal en vuelos nacionales
A pesar de tratarse de un vuelo nacional, la Audiencia Provincial establece que el caso debe regirse por el Convenio de Montreal, conforme al Reglamento (CE) 2027/97 y su modificación por el Reglamento (CE) 889/2002. Estos textos extienden la normativa de responsabilidad del transporte aéreo internacional al ámbito intracomunitario.
Este criterio descarta la aplicación del plazo de prescripción semestral de la Ley de Navegación Aérea de 1960 y en su lugar aplica el plazo de caducidad de dos años del artículo 35 del Convenio de Montreal. En este sentido, la Audiencia confirma que la demanda fue presentada dentro del plazo, dado que la suspensión de plazos decretada durante el estado de alarma garantizó su vigencia.
Responsabilidad de Iberia Express y obligación de indemnizar al producirse la lesión durante el embarque
El tribunal concluye que la lesión se produjo durante las operaciones de embarque y que Iberia Express no pudo demostrar negligencia exclusiva de la pasajera. Bajo el principio de «responsabilidad cuasiobjetiva» del Convenio de Montreal, la aerolínea solo puede eximirse de indemnizar si prueba que el accidente fue causado por la víctima, lo que no ha podido acreditarse en este caso.
Tras valorar los informes médicos y periciales, la Audiencia Provincial fija la indemnización en 10.000 euros, que cubren:
- Daños personales.
- Perjuicio económico.
- Gastos médicos acreditados.
La resolución revoca la desestimación inicial y obliga a Iberia Express a abonar la cantidad fijada, sin imposición de costas a las partes.
març 17, 2025 | Actualitat Prime
Expediente sancionador contra Agroferba, Talleres Villalvilla y Ecotractor del Sur
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Agroferba, S. L., Talleres Villalvilla, S. L. y Ecotractor del Sur, S. L. por presuntas prácticas anticompetitivas en la distribución de maquinaria agrícola. Se les acusa de haber repartido clientes por zonas, intercambiado información sensible y fijado precios, colusión en precios y mercado. Lo que podría vulnerar el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
Origen de la investigación | Presunta colusión en precios y mercado
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). A raíz de ello, la CNMC llevó a cabo inspecciones en las sedes de las empresas investigadas:
- Talleres Villalvilla, S. L. Inspeccionada el 26 y 27 de septiembre de 2023.
- Agroferba, S. L. Inspeccionada el 18 y 19 de junio de 2024.
Prácticas bajo la lupa de la CNMC
La investigación se centra en las siguientes conductas:
- Agroferba, S. L. y Talleres Villalvilla, S. L. Presunto reparto de clientes según áreas geográficas, lo que restringiría la competencia en la distribución de maquinaria agrícola.
- Agroferba, S. L. y Ecotractor del Sur, S. L. Posible reparto de clientes, intercambio de información comercial y fijación de precios, lo que podría perjudicar a los compradores al limitar la competencia y encarecer los productos.
Presunta colusión en precios y mercado | Consecuencias y plazos
La apertura de este expediente no implica que la CNMC haya determinado la culpabilidad de las empresas investigadas. Ahora se abre un periodo de hasta 24 meses para que el organismo analice las pruebas y dicte una resolución.
Si se confirman las infracciones, las empresas podrían enfrentarse a multas millonarias y a la imposición de medidas correctoras para restablecer la competencia en el mercado.
Fuente: CNMC
març 14, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado en el asunto C-247/23 que la rectificación de datos relativos a la identidad de género no puede condicionarse a la prueba de una cirugía de cambio de sexo. Esta decisión refuerza el derecho a la protección de datos y la integridad personal dentro del marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Antecedentes del caso
VP y su solicitud de rectificación de datos de identidad de género
En 2014, VP, una persona trans de nacionalidad iraní, obtuvo el estatuto de refugiado en Hungría, basándose en certificados médicos que confirmaban su identidad de género masculina. Sin embargo, las autoridades húngaras lo inscribieron como mujer en el registro de asilo.
En 2022, VP solicitó la corrección de su género en dicho registro, amparándose en el RGPD. Su petición fue rechazada porque no aportó pruebas de haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo.
Ante la negativa, VP interpuso un recurso contencioso-administrativo en Hungría. El tribunal nacional planteó al TJUE dos cuestiones clave:
- Si el RGPD obliga a las autoridades nacionales a rectificar los datos inexactos sobre la identidad de género.
- Si un Estado puede exigir la prueba de cirugía para conceder dicha rectificación.
El derecho a la exactitud de los datos personales
El TJUE subrayó que el RGPD impone la obligación de rectificar sin demora los datos personales inexactos. Este principio garantiza el derecho fundamental de toda persona a la protección de sus datos, según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En este contexto, corresponde a los tribunales nacionales determinar si el dato es inexacto en función de su finalidad. Si el género registrado busca identificar a la persona, este debe reflejar su identidad de género vivida y no la asignada al nacer.
Además, el TJUE dejó claro que la inexistencia de un procedimiento de reconocimiento legal de la identidad de género en el Derecho húngaro no puede ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de rectificación.
No se puede exigir cirugía para rectificar el género
El Tribunal dictaminó que un Estado puede exigir pruebas razonables para la rectificación de datos personales. Sin embargo, no puede condicionar este derecho a la demostración de una cirugía de cambio de sexo.
Exigir cirugía vulneraría derechos fundamentales, como:
- El derecho a la integridad personal (artículo 3 de la Carta).
- El derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta).
Además, dicha exigencia es innecesaria e injustificada, ya que certificados médicos y diagnósticos psicológicos pueden ser pruebas suficientes para la rectificación del género en registros oficiales.
Conclusión | Rectificación de datos de identidad de género
El fallo del TJUE refuerza el derecho de las personas trans a la rectificación de sus datos personales en la Unión Europea sin requisitos desproporcionados. Los Estados miembros no pueden exigir la prueba de cirugía para modificar el género en registros oficiales, ya que esto atentaría contra derechos fundamentales.
Este caso marca un precedente importante en la protección de la identidad de género dentro del marco del RGPD y los derechos humanos en la UE.
març 14, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad el Decreto-ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña, que regula las viviendas de uso turístico en determinados municipios. Esta norma, creada para frenar el impacto de estos alojamientos en el mercado de vivienda residencial, supera el control de constitucionalidad y se mantiene íntegra en su contenido.
Tres restricciones clave a las viviendas turísticas
El Decreto-ley 3/2023 impone tres restricciones fundamentales:
- Requiere que el planeamiento urbanístico autorice expresamente el uso turístico.
- Exige una licencia previa para destinar una vivienda a este fin.
- Limita el número de licencias a un máximo de 10 por cada 100 habitantes con una vigencia de 5 años prorrogables.
Estas medidas afectan únicamente a 262 municipios, identificados por tener problemas de acceso a la vivienda o riesgo de desequilibrio urbano.
El derecho de propiedad no se ve vulnerado
El Tribunal Constitucional ha determinado que la explotación turística de una vivienda no forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad, sino que es una modalidad de uso que puede ser restringida por su función social. Además, destaca la existencia de una moratoria de cinco años para las viviendas turísticas ya existentes, minimizando el impacto económico para los propietarios.
Autonomía local y justificación de la norma sobre las viviendas de uso turístico
Si bien el Decreto-ley restringe competencias municipales, el TC concluye que preserva el núcleo esencial de autonomía de los ayuntamientos. Estos mantienen la potestad de:
- Determinar el número máximo de licencias.
- Decidir sobre la compatibilidad de los usos turísticos.
- Supervisar y regular las licencias otorgadas.
Unidad de mercado y proporcionalidad de la norma
La exigencia de una licencia urbanística previa no vulnera el principio de unidad de mercado, ya que se considera una medida necesaria y proporcional para proteger el entorno urbano y el modelo de ciudad definido por la planificación urbanística.
Votos particulares y conclusión del Tribunal
Aunque la sentencia ha sido respaldada por unanimidad, los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera han anunciado la presentación de votos particulares discrepantes.
Con todo, la decisión del Pleno consolida la validez del Decreto-ley 3/2023 y reconoce la competencia de la Generalitat para legislar en materia de viviendas turísticas.
març 13, 2025 | Actualitat Prime
El tribunal advierte que la norma pone la tramitación en manos de empresas privadas
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente el decreto de la Xunta que regula las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA). La decisión se basa en que dicho decreto privatiza de forma parcial los procedimientos de evaluación ambiental. La sentencia responde a un recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega y declara contrarios a Derecho los artículos 27, 28.1 (inciso final) y 29.5 del Decreto.
Externalización total de la tramitación de evaluación ambiental
El TSXG señala que el artículo 27 del Decreto vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta vulneración se produce porque el artículo traslada íntegramente a entidades privadas la tramitación ambiental. De este modo, dicha tramitación queda sin control público. Además, el TSXG subraya que no existen mecanismos de supervisión por parte de funcionarios. Esto convierte las decisiones administrativas en simples ratificaciones sin posibilidad de contraste.
Según el tribunal, el Decreto otorga a las ECA funciones que van más allá de la simple colaboración con la administración. Estas entidades determinan la suficiencia de informes sectoriales y deciden sobre trámites clave, como la necesidad de una segunda fase de información pública tras modificaciones en los proyectos. Sin embargo, no existe ninguna previsión de supervisión por parte de la administración.
Una privatización encubierta de la evaluación ambiental
Los magistrados insisten en que la norma desvirtúa la función administrativa al permitir que las ECA asuman competencias reservadas a funcionarios públicos. La Xunta, en vez de recibir solo apoyo técnico de estas entidades, les cede por completo la tramitación. Esto supone una privatización de facto del procedimiento.
La sentencia destaca que la jurisprudencia del Tribunal Supremo prohíbe la transferencia total de competencias administrativas a entidades privadas, ya que ello supone una abdicación de las funciones públicas, algo incompatible con el principio de irrenunciabilidad de la competencia administrativa.
Una posible vía para la colaboración, pero con limitaciones
El TSXG sí ha considerado ajustado a Derecho el apartado 1 del artículo 29 del Decreto, que regula actividades como tomas de muestras, análisis y controles técnicos, siempre que se limiten a funciones materiales de inspección y no impliquen la sustitución de los funcionarios públicos.
