des. 5, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha establecido que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) pueden ser revisadas de oficio. Esto aplica cuando se demuestra que no hubo incremento en el valor del terreno transmitido. Esta decisión se fundamenta en las declaraciones de inconstitucionalidad emitidas por el Tribunal Constitucional. Estas afectan a los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
Revisar liquidaciones firmes del IIVTNU en ausencia de incremento de valor
En el caso analizado, el Banco Santander solicitó al Ayuntamiento de Parla la revisión de una liquidación del IIVTNU. Alegó que no existió incremento de valor en la transmisión del inmueble y que la liquidación se fundamentaba en normas declaradas inconstitucionales. Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, el banco interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue estimado en primera instancia.
El Tribunal Supremo, al abordar el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento, hizo referencia a su reciente jurisprudencia establecida en la sentencia de 28 de febrero de 2024 (recurso de casación nº 199/2023). En dicha sentencia, el alto tribunal determinó que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos mencionados del TRLHL afecta también a las liquidaciones firmes del IIVTNU que aplicaron esas normas, siempre que se acredite la inexistencia de incremento de valor.
Protección de la cosa juzgada
La Sala argumentó que estas liquidaciones firmes pueden ser revisadas de oficio en virtud del artículo 217.1.g) de la Ley General Tributaria (LGT). Esto se relaciona con los artículos 161.1.a) y 164.1 de la Constitución Española. También se apoya en los artículos 39.1 y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Esta revisión tiene como límite la protección de la cosa juzgada, es decir, no afecta a procesos concluidos mediante sentencia firme.
El Tribunal Supremo permite revisar liquidaciones firmes del IIVTNU en ausencia de incremento de valor
Con esta doctrina, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Parla. Además, confirmó la sentencia que declaró la nulidad de la liquidación y ordenó la devolución del importe abonado, junto con los intereses correspondientes. La decisión enfatiza el respeto al principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, al evitar que se grave un incremento de valor inexistente.
Los contribuyentes que hayan pagado el IIVTNU sin haber obtenido un incremento de valor en la transmisión de sus inmuebles pueden solicitar la revisión de esas liquidaciones. Esto es posible siempre que no exista una sentencia firme que lo impida.
des. 5, 2024 | Actualitat Prime
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, presidida por la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas, ha emitido una sentencia en el recurso de amparo presentado por el recurrente.El caso se centra en la muerte de un detenido en custodia municipal el 29 de octubre de 2020, que la Policía Local de Jódar encontró sin vida horas después.
Antecedentes del caso | Detenido en custodia municipal
El detenido fue aprehendido por presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos. Tras recibir atención médica por heridas menores, fue trasladado a las instalaciones del Ayuntamiento de Jódar. Allí permaneció recluido hasta su fallecimiento, que fue declarado como una ahorcadura incompleta de probable etiología suicida. La familia del fallecido interpuso diversas denuncias alegando malos tratos y posibles torturas durante la detención, solicitando una investigación exhaustiva.
El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Úbeda abrió diligencias para investigar los hechos. Sin embargo, las autoridades archivaron el proceso en febrero de 2021 por falta de indicios que relacionaran a los agentes con la muerte. La Audiencia Provincial de Jaén ratificó esta decisión en junio del mismo año.
Recurso de Amparo y argumentos
El recurrente interpuso recurso de amparo alegando vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, integridad física y tutela judicial efectiva. Argumentó que la investigación realizada no fue suficiente para determinar si hubo negligencia o abuso por parte de las autoridades durante la detención.
El Ayuntamiento de Jódar solicitó la desestimación del recurso, respaldándose en los informes periciales que concluyeron un posible suicidio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la investigación realizada por la jurisdicción ordinaria no cumplió con los estándares exigidos para casos de muerte bajo custodia. En estos casos, donde existen sospechas razonables de posibles violaciones de derechos fundamentales, se requiere un mayor rigor.
Decisión del Tribunal Constitucional | Reapertura de la investigación de la muerte de un detenido en custodia municipal
El Tribunal Constitucional determinó que las diligencias previas no fueron efectivas ni suficientes para esclarecer las circunstancias de la muerte del detenido. Señaló deficiencias en la toma de declaraciones de los agentes involucrados, la falta de pruebas concluyentes sobre el origen del cordón utilizado en el ahorcamiento y la omisión de diligencias solicitadas por la acusación particular.
En consecuencia, la Sala Segunda otorgó el amparo solicitado. Ordenó la anulación de las resoluciones judiciales previas y la retroacción de las actuaciones para reabrir la investigación.
des. 4, 2024 | Actualitat Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una segunda ronda de inspecciones en el sector de los servicios de consultoría y asistencia técnica de ingeniería. El objetivo es investigar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre empresas. Estos acuerdos podrían estar relacionados con la adjudicación de contratos públicos. Las inspecciones, realizadas entre el 25 y el 28 de noviembre, complementan una primera ronda llevada a cabo entre el 31 de enero y el 2 de febrero de este año.
Segunda ronda de inspecciones en el sector de los servicios de consultoría y asistencia técnica de ingeniería
Estas actuaciones constituyen una fase preliminar en el proceso de investigación y no presuponen la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si se detectan indicios de prácticas ilícitas, la CNMC procederá a la apertura formal de un expediente sancionador. Este expediente podría derivar en multas de hasta el 10% del volumen de negocios de las compañías involucradas. La detección y sanción de cárteles es una prioridad para la CNMC debido a su impacto negativo en los consumidores y en el correcto funcionamiento del mercado.
Programa de Clemencia y la plataforma Sistema de Informantes de Competencia Anónimos
Además, la CNMC ofrece un Programa de Clemencia que permite a las empresas que colaboren proporcionando pruebas relevantes beneficiarse de la exención o reducción de las sanciones económicas, así como de la prohibición de contratar con el sector público. Este programa incentiva la denuncia de prácticas anticompetitivas y facilita la identificación de cárteles.
Por otro lado, la CNMC ha puesto a disposición una plataforma online denominada Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA). Esta plataforma permite a los ciudadanos reportar de forma anónima posibles conductas anticompetitivas. Estas incluyen la fijación de precios, el reparto de mercados o clientes y la manipulación de licitaciones públicas y privadas.
Protección de la competitividad como objeto de esta segunda ronda de inspecciones
Estas medidas reflejan el compromiso de la CNMC en garantizar un entorno empresarial justo y competitivo. Protegiendo así los intereses de los consumidores y promoviendo la transparencia en los procesos de contratación pública.
des. 4, 2024 | Actualitat Prime
Vigo emite su primera sentencia en lectura fácil para mejorar la accesibilidad judicial
El Juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha dictado una sentencia pionera utilizando el sistema de lectura fácil, destinado a facilitar el acceso a la justicia para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La resolución, emitida por el magistrado Germán Serrano Espinosa, delegado de discapacidad en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fue adaptada con la colaboración de la Federación Gallega de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga).
Demanda de una persona con discapacidad reconocida del 72 %
El caso trató una demanda de una persona con una discapacidad reconocida del 72% contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le negó una pensión de orfandad por considerar que no estaba incapacitada para trabajar. El juez resolvió a favor del demandante, acreditando que, tras el fallecimiento de su padre en 2023, no podía desempeñar labores laborales.
Lectura fácil para mejorar la accesibilidad | La adaptación incluye secciones claras y un lenguaje sencillo
La adaptación de la sentencia incluye secciones claras y utiliza lenguaje sencillo, frases cortas y pictogramas para asegurar su comprensión. Esta adaptación incluye secciones claras como «¿Qué es este documento?», «¿Por qué presentaste una demanda en el juzgado? » y «¿Qué decisiones explica el juez? », entre otras. « »
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió el premio Cambio Positivo de la Red Europea de Consejos de Justicia (ENJC) por esta iniciativa, que desde 2020 permite el acceso público a resoluciones judiciales en formato de lectura fácil a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
Compromiso de la Administración de Justicia con la inclusión y la accesibilidad
Esta iniciativa subraya el compromiso de la Administración de Justicia por ser inclusiva y accesible. Promoviendo una mayor participación de todos los ciudadanos en el ámbito judicial.
des. 3, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que los agentes de seguros no pueden acogerse a la presunción de afectación a la actividad económica de sus vehículos. Esta presunción está prevista en el artículo 22.4.d) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF). Sin embargo, el Tribunal aclaró que dicha norma aplica exclusivamente a los representantes o agentes comerciales.
Presunción de afectación a la actividad económica | Análisis Legal
El núcleo del debate giró en torno a si los agentes de seguros podían ser considerados una subcategoría de los agentes comerciales a efectos fiscales. Esta interpretación les permitiría aplicar la presunción de afectación de sus vehículos a la actividad económica. De ser así, no tendrían que aportar pruebas adicionales para justificar dicho uso.
El Tribunal examinó la normativa aplicable y concluyó que existen similitudes entre las funciones de los agentes comerciales y los agentes de seguros. Sin embargo, determinó que no es posible equipararlos en este contexto.
Diferenciación entre los agentes comerciales los agentes de seguros
Diferencia normativa
Los agentes de seguros y los agentes comerciales están regulados por normativas distintas y poseen regímenes jurídicos específicos. Los agentes de seguros se rigen por la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, mientras que los agentes comerciales se regulan por la Ley del Contrato de Agencia.
Finalidad de la presunción
La presunción del artículo 22.4.d) del RIRPF se basa en la necesidad inherente de desplazamiento constante en la actividad de los agentes comerciales, lo que justifica considerar sus vehículos como afectos a la actividad económica. Esta necesidad no se presume de igual manera en la actividad de los agentes de seguros.
Interpretación literal y finalista
El Tribunal aplicó una interpretación literal de la norma. Señaló que el precepto regula expresamente a los agentes comerciales y no incluye mención alguna a los agentes de seguros. Además, enfatizó que extender beneficios fiscales requiere una interpretación estricta, evitando ampliaciones que la norma no contempla.
Conclusión del Tribunal Supremo
Los agentes de seguros no pueden beneficiarse de la presunción de afectación de vehículos a la actividad económica según el RIRPF
El Tribunal Supremo determinó que los agentes de seguros no pueden aplicar la presunción de afectación de vehículos a su actividad económica. Esta presunción está prevista exclusivamente para los agentes comerciales en el artículo 22.4.d) del RIRPF. Sin embargo, esto no impide que los agentes de seguros puedan acreditar, mediante las pruebas pertinentes, la afectación exclusiva de sus vehículos a su actividad profesional según el artículo 29.2 de la Ley del IRPF.
