ag. 29, 2024 | Actualitat Prime
El Gobierno ha propuesto un nuevo reglamento con el objetivo de poner fin a los abusos cometidos por las comercializadoras de electricidad en la contratación de suministros vía llamada telefónica. Este reglamento establece que las empresas no podrán realizar publicidad ni contrataciones telefónicas, salvo que el consumidor lo solicite expresamente o inicie la llamada. Esta medida responde a las numerosas reclamaciones de consumidores que han recibido llamadas engañosas sin su consentimiento. Lo que ha dado lugar a contratos con deficiencias o sin un consentimiento informado.
Ni publicidad ni prácticas de contratación a través de una llamada telefónica
En apoyo de esta medida, el reglamento detalla en su Artículo 13 que las comercializadoras de energía eléctrica no podrán realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario a través de llamadas telefónicas. A menos que exista una petición expresa por parte del consumidor o que la llamada sea originada por iniciativa de este. En tales casos, el comercializador estará obligado a grabar la totalidad de la llamada, independientemente de quién la origine. Asimismo, incluirá en la grabación toda la información facilitada al consumidor, así como la información precontractual que describa las características básicas de la oferta.
Aplicación a las empresas que prestan servicios de agregación
Este tipo de restricciones también se aplican a las empresas que presten servicios de agregación, según se establece en el Artículo 22 del reglamento. Estas empresas, al igual que las comercializadoras, no podrán realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario vía telefónica. Salvo que el cliente lo haya solicitado expresamente o haya iniciado la llamada. En esos casos, las empresas de agregación deberán grabar la totalidad de la conversación, asegurando que se incluya toda la información proporcionada al consumidor y la información precontractual relevante.
Llamadas telefónicas comerciales no deseadas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había solicitado estas restricciones. Argumentaban que muchas comercializadoras no son transparentes y emplean prácticas engañosas para cumplir con los requisitos documentales. Aunque la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 ya prohíbe las llamadas telefónicas comerciales no deseadas, no impide la contratación vía llamada telefónica, lo que ha permitido a las empresas continuar con esta práctica.
Defensor del cliente eléctrico
Además de estas medidas, la nueva normativa contempla la creación de la figura del defensor del cliente eléctrico. Se trata de una figura similar al existente en el sector bancario, aunque su implementación será voluntaria para las compañías. También se establecen disposiciones específicas sobre el bono social. Las comercializadoras estarán obligadas a informar a los consumidores sobre la posibilidad de acogerse a la tarifa regulada y al bono social. Indicando que sólo las empresas de referencia pueden gestionar estas solicitudes. En el caso de que un cliente con bono social quiera acceder al mercado libre, la comercializadora entrante deberá notificar la incompatibilidad entre el nuevo contrato y la ayuda recibida.
Asimismo, el reglamento garantiza que los consumidores tendrán derecho a cambiar de compañía en un máximo de dos semanas desde la solicitud. A partir de 2026, los procesos técnicos de cambio no podrán durar más de 24 horas y se realizarán cualquier día laborable.
Consulta pública
Las comercializadoras y otras partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar sus alegaciones durante el proceso de audiencia pública del reglamento, que estará en fase de consulta pública hasta el 13 de septiembre
ag. 29, 2024 | Actualitat Prime
El «Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica» se presenta como una respuesta a los cambios significativos que ha experimentado el sector eléctrico en España y en Europa. Este proyecto busca actualizar y unificar la normativa existente. Hasta ahora estaba dispersa en varios decretos y leyes.
Unificación y actualización de la normativa
La normativa vigente, fundamentada en la Ley 24/2013 y desarrollos posteriores, se ha quedado obsoleta frente a las transformaciones que ha vivido el sector. El sector se ha visto cambiado con la desaparición de las tarifas reguladas y la consolidación del mercado libre, entre otras. Además, con la creciente importancia de la transición energética hacia una economía descarbonizada para 2050, es esencial que la normativa refleje estos cambios y permita un marco regulatorio claro y eficiente que promueva la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Reglamento General de Suministro y Contratación | Adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea. Especialmente en lo que respecta al «Paquete de Energía Limpia».
Este paquete promueve, entre otras cosas, la liberalización del mercado eléctrico, la competencia basada en precios de mercado y la protección de los consumidores vulnerables. En este sentido, el decreto refuerza el papel activo del consumidor, promoviendo su participación en el mercado eléctrico a través de la gestión de la demanda y la integración de tecnologías renovables.
Figura del agregador independiente
El proyecto también introduce la figura del agregador independiente, un nuevo actor en el sistema eléctrico que permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en el mercado. Este actor es crucial para gestionar la demanda y asegurar la estabilidad del sistema en un entorno cada vez más orientado hacia las energías renovables.
Sistema centralizado de gestión de datos en el Reglamento General de Suministro y Contratación
Adicionalmente, el decreto por que se aprueba el reglamento general, refuerza la seguridad jurídica, consolidando y clarificando la normativa existente. Y establece un sistema centralizado de gestión de datos para mejorar la eficiencia en la gestión de la información del sector eléctrico. También se destaca la importancia de cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, en línea con las obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Finalmente, el proyecto se enmarca dentro de los principios de buena regulación, asegurando la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en su aplicación. Contribuye así a un marco regulador que facilite la comprensión y cumplimiento por parte de todos los actores del sector eléctrico.
ag. 28, 2024 | Actualitat Prime
Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, sobre el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, actualiza y refuerza el marco normativo del Sistema Arbitral de Consumo. El Real Decreto adapta el marco a las normativas recientes, como la Ley 39/2015 y la Ley 7/2017, que incorporan la Directiva 2013/11/UE. El sistema, diseñado para resolver de manera extrajudicial y vinculante los conflictos entre consumidores y empresarios, sigue principios de voluntariedad, eficacia y seguridad jurídica. Y ofrece un mecanismo accesible, imparcial y rápido para la resolución de disputas.
Estructura organizativa
El reglamento mantiene la estructura organizativa con las Juntas Arbitrales de Consumo, introduciendo mejoras para aumentar la confianza de las partes. Ejemplo de esto es la obligatoriedad para los empresarios de aceptar la resolución de cualquier conflicto de consumo una vez adheridos. Se regulan de manera más detallada los procedimientos arbitrales, incluyendo un plazo de 90 días naturales para dictar la resolución final, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Además, se crean bases de datos electrónicas para facilitar el acceso de los consumidores a la información sobre empresas adheridas.
Estructura y Contenidos del Reglamento Sistema Arbitral de Consumo
- Capítulo I (Art. 1-2). Establece disposiciones generales, definiendo el carácter extrajudicial, vinculante, ejecutivo y voluntario del arbitraje de consumo. Se especifica que el sistema aplica a disputas derivadas de relaciones de consumo, excluyendo aquellas relacionadas con intoxicación, lesión, muerte, delitos, y servicios públicos no económicos.
- Capítulo II (Art. 3-20). Desglosa la organización del sistema, que mantiene la estructura existente con las Juntas Arbitrales de Consumo, los órganos arbitrales, y los órganos consultivos. Se regulan las competencias de las Juntas Arbitrales, la designación y funciones de los árbitros, y el papel de la Comisión de Juntas Arbitrales, que, entre otras funciones, resuelve recursos relacionados con la admisión de solicitudes.
- Capítulo III (Art. 23-30). Trata sobre el convenio arbitral y la adhesión de los empresarios al Sistema Arbitral de Consumo. Se formaliza que el convenio debe ser por escrito y accesible, mientras que la adhesión al sistema pasa a ser obligatoria y pública para los empresarios, eliminando las limitaciones previas.
- Capítulo IV (Art. 31-45). Se enfoca en el procedimiento arbitral, incluyendo la presentación de solicitudes, la audiencia, y la emisión del laudo arbitral. Se destacan principios como la gratuidad, igualdad, accesibilidad y confidencialidad, y se establece que el arbitraje se resolverá en equidad, salvo acuerdo contrario.
Disposiciones Transitorias y Finales
- Transitorias. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento seguirán con la normativa anterior, mientras que las ofertas de adhesión vigentes deberán adaptarse al nuevo marco en un plazo de seis meses.
- Derogatoria. Deroga el Real Decreto 231/2008 y cualquier disposición que se oponga al nuevo decreto.
- Finales. Se especifican las bases constitucionales y legales del nuevo reglamento, se habilita al Ministro de Consumo para su desarrollo normativo, y se establece su entrada en vigor veinte días después de su publicación.
Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
El nuevo reglamento del Sistema Arbitral de Consumo refuerza la protección al consumidor al hacer más estrictas las normativas de adhesión para empresarios y clarificar el procedimiento arbitral, asegurando su carácter equitativo y accesible. La eliminación de las limitaciones en las ofertas públicas de adhesión supone un avance significativo en la transparencia y eficacia del sistema. Además, la integración de normativas recientes asegura que el sistema esté alineado con las últimas disposiciones legales nacionales y europeas. De este modo, se fortalece la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.
ag. 27, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó una sanción de 38.000 euros impuesta por la Xunta a una fundación que gestiona una residencia de mayores en Ourense, tras cometer seis infracciones. Incluyendo una muy grave. La sentencia ratifica una decisión previa del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ourense, que consideró probadas las infracciones.
Sanción de 38.000 euros
La fundación fue sancionada con 1.000 euros por cada una de dos infracciones leves:
- No presentar las memorias de actividades en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais de los años 2016, 2017 y 2018,
- Y por deficiencias estructurales en las instalaciones que, aunque no representaban un riesgo directo para los residentes, no cumplían con los estándares requeridos.
Tres sanciones graves
Además, se le impusieron tres sanciones graves:
- 001 euros por no respetar el menú establecido y por la escasez de la comida servida a los residentes;
- 000 euros por no garantizar la presencia de personal de enfermería las 24 horas del día, lo cual es obligatorio cuando hay más de 40 residentes;
- y otros 3.001 euros por obstruir la labor de los inspectores.
Infracción muy grave
La infracción más grave conllevó una multa de 15.001 euros. Aplicaron a un residente un chaleco de sujeción sin prescripción médica ni consentimiento informado. Lo cual el tribunal consideró incompatible con la dignidad del usuario. El TSXG subrayó que las medidas de contención deben ser siempre justificadas y nunca aplicadas por conveniencia del personal.
Sanción de 38.000 euros a una residencia de mayores
El tribunal rechazó las alegaciones de la fundación, argumentando que las pruebas aportadas no fueron suficientes para refutar las observaciones de los inspectores. La sentencia aún no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El tribunal resalta la obligación de las residencias de cumplir estrictamente con la normativa. Especialmente en cuanto a la atención sanitaria y el trato digno a los residentes, y subraya la gravedad de las consecuencias cuando estas obligaciones no se cumplen.
ag. 26, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que clarifica el cálculo de la prestación complementaria de orfandad prevista en el convenio colectivo del sector de la banca privada. El caso se originó tras la muerte de un empleado jubilado del Banco Santander. Su hijo, afectado por una discapacidad del 79%, comenzó a percibir una pensión de orfandad de la Seguridad Social basada en la pensión de jubilación de su padre.
Prestación complementaria de orfandad
La familia del huérfano solicitó al Banco Santander el abono de un complemento de orfandad. Previsto en el convenio colectivo de la banca, que establecía un porcentaje del 20% sobre la base reguladora del fallecido. Sin embargo, el Banco Santander rechazó la solicitud. Argumentaban que la suma de la pensión de orfandad pagada por la Seguridad Social y el complemento solicitado ya superaba el 20%. Por lo que no correspondía abonar nada adicional.
Recurso ante el Tribunal Supremo
Inicialmente, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda presentada por la familia. Sin embargo, tras un recurso de suplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la decisión. Reconociendo el derecho del huérfano a recibir el complemento anual equivalente al 20% de la pensión de jubilación que percibía su padre. Esta sentencia fue recurrida por el Banco Santander ante el Tribunal Supremo, planteando la cuestión de si el complemento de orfandad debía calcularse teniendo en cuenta la pensión de la Seguridad Social que ya percibía el huérfano, tal como se hace con la pensión de viudedad.
Calcular la prestación complementaria
Tras revisar el caso, se determinó que el convenio colectivo no establece que la pensión pública de orfandad deba considerarse al calcular la prestación complementaria. A diferencia de la pensión de viudedad, donde la suma de la pensión pública y el complemento no debe superar un determinado porcentaje de la base reguladora, el convenio no contempla tal limitación para la orfandad. Esto significa que la prestación complementaria debe calcularse exclusivamente sobre la base reguladora del causante. Sin tomar en cuenta lo que ya percibe el huérfano de la Seguridad Social.
El Tribunal Supremo clarifica el cálculo de la prestación complementaria de orfandad prevista en el convenio colectivo
El Tribunal razonó que aplicar el criterio del Banco Santander resultaría en la exclusión de huérfanos cuyo progenitor solo percibía la pensión pública de jubilación. Lo que contravendría el propósito protector del convenio colectivo. Por tanto, el Supremo concluyó que la interpretación correcta es la de otorgar el complemento de orfandad sin deducir lo que el huérfano ya recibe de la Seguridad Social, confirmando así la sentencia del TSJ de Madrid.
