set. 5, 2025 | Actualitat Prime
El recurso del Colegio de Graduados Sociales contra la resolución que impedía el acceso a puestos de interinos. [TOL10.675.468]
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región contra la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 23 de diciembre de 2022. Dicha Orden regulaba las bases del proceso selectivo de estabilización y la composición de listas de interinidad en el ámbito docente.
El litigio se centraba en la especialidad de Formación Profesional de Procesos de Gestión Administrativa. El Colegio recurrente solicitaba que se incluyeran la diplomatura y el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos como titulaciones habilitantes para acceder directamente a las listas de interinos.
Acceso a oposiciones frente a listas de interinos
La sentencia aclara que los titulados en Relaciones Laborales pueden concurrir a los procesos selectivos para el cuerpo docente. No obstante, la Sala distingue entre acceder a la oposición y formar parte de las bolsas de interinidad.
En el primer caso basta con cumplir los requisitos generales previstos en la normativa estatal (artículo 13 del Real Decreto 276/2007). En cambio, para integrar las listas de interinos sin haber superado la fase de oposición se requiere poseer titulaciones “concordantes” con la especialidad convocada, conforme a la normativa autonómica y los criterios técnicos de la Comisión de Valoración de Titulaciones.
Fundamentación de la exclusión
El Tribunal confirma que los planes de estudio en Relaciones Laborales no alcanzan los créditos mínimos en materias específicas de la especialidad de Gestión Administrativa, tales como ofimática, finanzas, gestión de la información o administración de empresas.
Por ello, avala la decisión de la Consejería de excluir estas titulaciones de las listas de interinos automáticas, al no garantizar por sí mismas la cualificación práctica exigida para impartir los módulos de la especialidad.
Competencia autonómica en titulaciones
La Sala recuerda que corresponde a cada comunidad autónoma determinar las titulaciones concordantes. El hecho de que algunas regiones como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha admitan estas titulaciones no supone arbitrariedad. Según la sentencia, la disparidad de criterios confirma la discrecionalidad técnica de las administraciones autonómicas en este ámbito.
Fallo y posibles recursos
En consecuencia, el Tribunal declara conforme a derecho la Orden de 2022 y desestima íntegramente el recurso, sin imposición de costas. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
set. 5, 2025 | Actualitat Prime
La decisión de la Comisión Europea sobre Zalando. Asunto T-348/23.
El 25 de abril de 2023, la Comisión Europea designó a Zalando como «plataforma en línea de muy gran tamaño» en aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Este acto administrativo se fundamentó en que la plataforma contaba con un promedio mensual superior a 83 millones de destinatarios activos. Esta cifra está muy por encima del umbral de 45 millones fijado por el artículo 33 del DSA.
La calificación implica la aplicación de obligaciones reforzadas, especialmente en materia de protección de consumidores y control de contenidos ilícitos. Estas son medidas esenciales para garantizar un entorno digital seguro y transparente.
Recurso de Zalando ante el Tribunal General
Zalando interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (asunto T-348/23), cuestionando la legalidad de su designación. La empresa alegó que solo debía computarse la actividad de su programa «Partner Programm», en el que participan vendedores terceros. Según Zalando, esto limitaría su alcance a unos 30 millones de usuarios activos.
Además, defendió que las normas de designación vulneraban principios fundamentales del Derecho de la Unión. Alegaron que se vulnera la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la proporcionalidad.
Argumentos jurídicos del Tribunal General
El Tribunal General rechazó los argumentos de la demandante. Subrayó que la definición de «plataforma en línea» prevista en el artículo 3, letra i), del DSA es aplicable a Zalando. Esto es porque permite la comercialización de productos por terceros a través del «Partner Programm».
Asimismo, la imposibilidad de distinguir entre usuarios expuestos a contenidos propios («Zalando Retail») y aquellos expuestos a contenidos de terceros justificó que la Comisión computara a todos los usuarios. Este razonamiento permitió validar la cifra de más de 83 millones de destinatarios activos mensuales.
set. 5, 2025 | Actualitat Prime
El marco de transferencia de datos personales UE-EE. UU. Asunto T-553/23.
El Tribunal General de la Unión Europea ha resuelto en el asunto T-553/23, Latombe/Comisión, desestimando el recurso interpuesto contra la decisión de adecuación adoptada el 10 de julio de 2023. Esta decisión estableció el actual marco jurídico que permite la transferencia de datos personales desde la Unión Europea a los Estados Unidos. La base normativa se encuentra en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconocen el derecho a la protección de datos personales.
Contexto normativo previo
La cuestión se enmarca en una larga serie de pronunciamientos judiciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválidas en las sentencias Schrems I y Schrems II las decisiones de adecuación precedentes por considerar insuficiente el nivel de protección ofrecido en Estados Unidos. En respuesta, este país aprobó en octubre de 2022 un Decreto Presidencial. Asimismo, un reglamento del Fiscal General que reforzaron las garantías de privacidad. Crearon el Data Protection Review Court (DPRC), órgano encargado del control posterior de las actividades de inteligencia.
Alegaciones del demandante
Philippe Latombe, ciudadano francés, solicitó la anulación de la nueva decisión. Alegó que el DPRC carece de independencia. Según él, la recogida masiva de datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses se realiza sin suficiente control judicial. A su juicio, estas prácticas vulnerarían los estándares exigidos por el Derecho de la Unión y la jurisprudencia previa.
Fundamentación del Tribunal General
El Tribunal General rechazó estos argumentos. Respecto al DPRC, señaló que sus jueces gozan de garantías de independencia. Hay un nombramiento sometido a requisitos específicos. La destitución está limitada a causa justificada y hay ausencia de injerencia del poder ejecutivo. En cuanto a la recogida de datos, el Tribunal precisó que la sentencia Schrems II no exige una autorización previa por autoridad independiente. En cambio, permite un control judicial a posteriori, lo cual está previsto en el marco estadounidense.
Conclusión de la sentencia
El Tribunal General concluyó que, en la fecha de adopción de la decisión impugnada, Estados Unidos ofrecía un nivel de protección de datos personales sustancialmente equivalente al europeo. En consecuencia, desestimó en su totalidad el recurso de anulación. La Comisión deberá, no obstante, supervisar de forma continua la aplicación de este marco. Podrá modificarlo o derogarlo si se produjeran cambios normativos que reduzcan las garantías reconocidas.
set. 5, 2025 | Actualitat Prime
Sobre el derecho al control jurisdiccional del arbitraje deportivo. [TOL10.640.952]
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en el asunto C-600/23, Royal Football Club Seraing, consolidando el derecho de clubes y deportistas a obtener un control jurisdiccional efectivo sobre los laudos arbitrales del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La decisión responde a la necesidad de asegurar que los mecanismos arbitrales impuestos por federaciones internacionales, como la FIFA, no vulneren derechos fundamentales consagrados en el Derecho de la Unión.
Contexto del caso: sanciones de la FIFA
En 2015, el club belga RFC Seraing suscribió contratos con la sociedad Doyen Sports, que incluían la cesión de derechos económicos de jugadores. La FIFA consideró que este tipo de acuerdos infringía la prohibición de participación de terceros en los derechos económicos de futbolistas. Por ello, sancionó al club con multas y prohibiciones de fichar jugadores.
El TAS confirmó dichas sanciones, y posteriormente lo hizo el Tribunal Supremo Federal de Suiza. Ante ello, el club acudió a la jurisdicción belga, pero los tribunales nacionales entendieron que el laudo arbitral era firme y no podía revisarse. La Cour de cassation planteó entonces la cuestión prejudicial al TJUE.
Fundamentación del TJUE: primacía del Derecho de la Unión
El TJUE establece que los tribunales nacionales deben estar facultados para llevar a cabo un control en profundidad de la compatibilidad de los laudos arbitrales con el orden público de la Unión. La sentencia recuerda que la sumisión al arbitraje en el deporte no es libre, sino impuesta unilateralmente, lo que exige salvaguardar los derechos de los afectados.
Asimismo, señala que toda norma nacional o federativa que impida a los órganos jurisdiccionales ejercer dicho control debe ser inaplicada de oficio. De este modo, se refuerza el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Consecuencias prácticas y alcance de la decisión
El fallo implica que los jueces nacionales pueden revisar los laudos del TAS incluso si han sido confirmados por tribunales de terceros países. Además, se reconoce que los particulares deben poder solicitar no solo la declaración de infracciones a las normas de competencia o de libre circulación, sino también medidas cautelares y reparaciones efectivas.
Este pronunciamiento trasciende el fútbol y se extiende a cualquier actividad deportiva profesional vinculada a la economía europea.
set. 4, 2025 | Actualitat Prime
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el acceso a datos de comisiones de servicios. [TOL10.621.678]
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, dictó la Sentencia 915/2025, de 3 de julio. En esta se reconoce el derecho de las juntas de personal y de los delegados sindicales a acceder a información relativa a las prórrogas de comisiones de servicio concedidas por la Administración. Este acceso, no obstante, deberá realizarse mediante fórmulas que preserven la protección de los datos personales de los funcionarios afectados.
El litigio se inició a raíz de una demanda de la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la Dirección General de Función Pública de la Xunta de Galicia. El sindicato solicitó información detallada sobre 347 comisiones de servicio prorrogadas más allá del límite legal de dos años. Esto incluía resoluciones administrativas e informes justificativos.
Fundamento jurídico
El Tribunal Supremo considera que esta solicitud encuentra amparo en el artículo 10.3.1º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) y en el artículo 40.1, apartados a) y e), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Ambas normas reconocen el derecho de los representantes sindicales a disponer de información vinculada a la política de personal y al control del cumplimiento de la legalidad administrativa.
En particular, la sentencia subraya que las comisiones de servicio constituyen un mecanismo excepcional frente al sistema ordinario de provisión de puestos por concurso. Este sistema se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por este motivo, resulta justificado que exista un control sindical reforzado.
Información seudonimizada
El Tribunal, sin embargo, introduce un límite relevante: la información solicitada no puede facilitarse de manera que permita identificar de forma directa a los funcionarios implicados. Para ello, deberá recurrirse a técnicas de seudonimización o mecanismos equivalentes. Estos deben compatibilizar el ejercicio del derecho de información sindical con el derecho fundamental a la protección de datos personales.
La Sala resalta que este criterio permite un “equilibrio razonable” entre los derechos en conflicto. De un lado, se garantiza el control de la actividad de la Administración por parte de los representantes de los trabajadores. De otro, se preserva la privacidad de los empleados públicos afectados por las prórrogas.
set. 4, 2025 | Actualitat Prime
La aparición de imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial (IA) ha abierto un horizonte inédito para la comunicación y la creatividad. Estas herramientas permiten producir contenidos hiperrealistas en cuestión de segundos, democratizando la creación visual y ofreciendo oportunidades en campos como el marketing, el entretenimiento o la educación.
Sin embargo, este fenómeno plantea interrogantes profundos que no pueden resolverse únicamente desde la técnica: se requiere una reflexión conjunta desde la ética y el derecho. Solo así podremos comprender las implicaciones que tiene para la sociedad digital y, en particular, para el ecosistema de las redes sociales.
Un reto ético y jurídico
La inteligencia artificial cuestiona categorías que hasta ahora parecían sólidas. ¿Qué significa la verdad visual en un mundo donde un vídeo puede ser enteramente artificial? ¿Quién es responsable si esa imagen vulnera la dignidad de una persona o manipula la opinión pública?
El derecho se enfrenta a la necesidad de actualizar conceptos como autoría, responsabilidad o derecho a la propia imagen. Paralelamente, la filosofía nos obliga a pensar en los valores que están en juego: la confianza social, la autonomía de los individuos y el respeto a la verdad como bien común.
Ejemplos como los deepfakes políticos, los montajes sexuales no consentidos o la publicidad manipulada con IA muestran que no hablamos de escenarios hipotéticos, sino de realidades que ya nos afectan.
Riesgos del uso de imágenes y vídeos creados por IA en redes sociales
1. Manipulación y desinformación
La proliferación de deepfakes y contenidos falsificados pone en riesgo la fiabilidad de la información en las redes sociales. Si no distinguimos entre lo real y lo generado, se erosiona el tejido de confianza que sostiene el debate público.
2. Vulneración de derechos fundamentales
El uso no autorizado de la imagen o la voz de una persona choca con derechos reconocidos, como la privacidad y la dignidad. Aquí, el consentimiento es un principio ético y jurídico ineludible.
3. Incertidumbre sobre la propiedad intelectual
El entrenamiento de modelos de IA con bases de datos masivas plantea dudas: ¿es legítimo que una obra generada por IA se construya sobre miles de creaciones previas sin reconocimiento a sus autores? El derecho aún no ofrece respuestas unívocas.
4. Impacto cultural y filosófico
Más allá de lo legal, el uso indiscriminado de imágenes falsas amenaza con banalizar la noción de verdad. Como sociedad, corremos el riesgo de naturalizar la falsificación y aceptar la apariencia como sustituto de lo real.
Hacia un marco ético-jurídico responsable sobre las imágenes y vídeos creados por IA
La integración entre filosofía y derecho ofrece claves para afrontar estos retos:
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Transparencia: identificar de forma clara cuándo un contenido ha sido generado por IA.
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Consentimiento informado: garantizar que nadie vea su imagen o voz reproducida sin autorización.
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Responsabilidad compartida: establecer reglas claras sobre quién responde en caso de daños.
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Educación crítica: formar a la ciudadanía para reconocer y cuestionar contenidos manipulados.
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Regulación internacional: avanzar hacia marcos normativos comunes que eviten la desprotección en un entorno globalizado.
Guía rápida: 5 claves para un uso ético de la IA en redes sociales
| Clave |
Descripción |
| 1. Informa y etiqueta |
Aclara siempre cuándo una imagen o vídeo ha sido creado con inteligencia artificial. |
| 2. Respeta el consentimiento |
No utilices el rostro ni la voz de nadie sin su autorización expresa. |
| 3. Verifica antes de compartir |
Comprueba la veracidad de los contenidos, especialmente en contextos políticos o sociales. |
| 4. Piensa en el impacto |
Reflexiona sobre cómo tu publicación puede afectar la dignidad, reputación o privacidad de otras personas. |
| 5. Apoya la transparencia |
Fomenta una cultura digital crítica y responsable, exigiendo a las plataformas mecanismos claros de aviso. |
¿Oportunidad o amenaza?
La ética y el derecho no son ámbitos paralelos, sino dimensiones complementarias que nos ayudan a afrontar los dilemas de la inteligencia artificial. Las imágenes y vídeos creados por IA en redes sociales representan tanto una oportunidad creativa como un riesgo para la verdad, la privacidad y la confianza social.
El futuro dependerá de nuestra capacidad de integrar la innovación tecnológica con un uso responsable, transparente y respetuoso de los derechos humanos. Solo así, la IA dejará de ser un riesgo y se convertirá en un aliado para construir sociedades más críticas y justas.
