jul. 19, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha reconocido la pensión de viudedad a una mujer cuya pareja de hecho falleció dos meses y medio después de solicitar la inscripción de su unión. El Instituto Nacional de la Seguridad Social había denegado inicialmente la prestación. Esto se debió a que no se cumplía el requisito de estar registrados como pareja de hecho con al menos dos años de antelación al fallecimiento. Sin embargo, el tribunal se aparta de esta estricta exigencia y opta por un enfoque más humanizador y flexible. Siguiendo el criterio de la jurisprudencia, una interpretación con perspectiva de género y el principio constitucional de protección a la familia.
La decisión se fundamenta en varios factores excepcionales
La pareja convivió durante 18 años y tuvo dos hijos en común. Existía una voluntad inequívoca de formalizar su unión, pero hubo una demora administrativa en tramitar la solicitud, además de las circunstancias del fallecimiento por suicidio del causante. La Sala de lo Social del TSJ de Murcia destaca que estas circunstancias justifican la aplicación de un criterio flexibilizador, similar al aplicado por el Tribunal Supremo en casos de víctimas de violencia de género.
Pensión de viudedad a una mujer
El tribunal recalca que, aunque la pareja no se había inscrito ni constituido en escritura pública, las excepcionales circunstancias deben ser consideradas. La inequívoca voluntad de oficializar su situación también debe tenerse en cuenta. La decisión del TSJ subraya la importancia de la protección social de la familia, consagrada en el artículo 39 de la Constitución. Y busca hacer justicia social evitando dejar a la solicitante en una situación de desprotección.
El fallo permite a la mujer recibir una pensión de viudedad con una base reguladora mensual de 1.665 euros. No obstante, la sentencia admite la posibilidad de recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esto permite revisar esta decisión si se considera necesario.
jul. 18, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por Bytedance Ltd, propietaria de TikTok, contra la decisión de la Comisión Europea. La decisión designa a Bytedance como guardián de acceso bajo el Reglamento de Mercados Digitales. Bytedance había solicitado la anulación de esta decisión en noviembre de 2023. Sin embargo, el Tribunal General, tras un procedimiento acelerado, ha fallado en contra de la empresa.
Equidad y la disputabilidad en los mercados digitales | Designación como guardián de acceso
El tribunal recordó que el DMA fue aprobado para asegurar la equidad y la disputabilidad en los mercados digitales. Esto es especialmente importante para los usuarios profesionales y finales de servicios básicos de plataforma proporcionados por guardianes de acceso. La Comisión Europea había determinado que Bytedance cumplía con los umbrales cuantitativos del DMA debido a su valor de mercado mundial, el número de usuarios de TikTok en la Unión y la constancia de estos números durante varios años, lo cual justificaba su designación como guardián de acceso.
Bytedance argumentó que su influencia en el mercado interior de la Unión Europea no era significativa. Alegó que su valor de mercado se basa principalmente en sus actividades en China y que su volumen de negocio en la Unión era reducido. También sostuvo que TikTok no es una puerta de acceso importante para usuarios profesionales debido a la falta de un ecosistema, efectos de red y cautividad. Además, argumentó que competidores como Meta y Alphabet, con sus servicios Reels y Shorts, han desafiado su posición como empresa nueva.
Rechazo del TGUE de los argumentos de la entidad empresarial
El Tribunal General rechazó todos estos argumentos. Destacó que el elevado número de usuarios de TikTok en la Unión refleja la capacidad financiera y el potencial de monetización de Bytedance. Además, subrayó que TikTok ha crecido rápidamente desde su lanzamiento en 2018, alcanzando un índice de participación elevado, especialmente entre los jóvenes, a pesar de la competencia de otros servicios. El tribunal concluyó que TikTok ha consolidado y reforzado su posición en el mercado a pesar de la competencia.
Asimismo, el Tribunal General consideró que el nivel de prueba aplicado por la Comisión fue correcto. Aunque hubo errores en el análisis de las alegaciones de Bytedance, estos no afectaron la legalidad de la decisión impugnada. También desestimó las alegaciones de Bytedance sobre la vulneración de su derecho de defensa y del principio de igualdad de trato.
jul. 18, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro policías locales por delitos de lesiones, contra la integridad moral y falsedad en documento oficial. Un oficial ha recibido una sentencia de seis años y medio de prisión. Tres agentes bajo su mando han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno.
Delitos de lesiones, contra la integridad moral y falsedad en documento oficial
El incidente ocurrió durante la pandemia cuando los agentes ingresaron en una vivienda sin la autorización legal necesaria, deteniendo a los ocupantes y causando lesiones. La sentencia para los tres agentes es de conformidad y han sido condenados por dos delitos de lesiones. También se les encontró culpables de un delito contra la integridad moral y falsedad en documento oficial. Además, se les ha impuesto una inhabilitación de dos años para ejercer empleo y cargo público. Y ya han indemnizado a las víctimas con 45.000 euros.
El oficial, que no aceptó los cargos y defendió su actuación durante el juicio, fue condenado a seis años y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación. Fue culpable de tres delitos de lesiones, dos delitos leves de lesiones, un delito contra la integridad moral y falsedad en documento oficial. No se fijó indemnización en su caso ya que las partes se reservaron la acción civil.
Probado los delitos de lesiones contra la integridad moral
La sentencia considera probado que el oficial causó lesiones a tres ocupantes del piso al que acudieron por ruidos, y que sacaron al inquilino desnudo a la calle, llevándolo de esa manera al hospital. Además, no reflejó en el atestado la realidad de lo ocurrido. Sin embargo, la Audiencia absolvió al oficial de un delito de allanamiento de morada y dos de detención ilegal. Consideraron que actuaron bajo la convicción errónea de que estaban justificados debido a la urgencia de la situación. La tensión con un joven que no se identificó y el contexto de la pandemia también influyeron en su decisión.
La sentencia contra los tres agentes es firme. Se puede recurrir la del oficial ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
jul. 17, 2024 | Actualitat Prime
Un juzgado de Alicante ha anulado la sanción y el cese de una enfermera que criticó en redes sociales la falta de medios en el Hospital Marina Baixa durante la tercera ola de la pandemia de Covid-19. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha determinado que la enfermera no infringió el estatuto que regula al personal de los servicios de salud.
La sentencia también indica una posible vulneración de la protección de datos personales de pacientes por parte de la Conselleria de Sanidad, al incorporar datos personales de pacientes fallecidos en el expediente disciplinario. El juez ha decidido poner en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos esta posible infracción.
Enfermera que criticó en redes sociales en su perfil de Facebook
En enero de 2021, la enfermera publicó un mensaje en su perfil de Facebook afirmando que durante su turno de noche en una planta del Hospital Comarcal de La Marina Baixa, dos personas murieron. Según su mensaje, esto ocurrió por falta de espacio en la UCI y la imposibilidad de intubarlas. En septiembre de 2022, la Conselleria de Sanidad le impuso una sanción de dos años de suspensión de funciones por una falta muy grave. Esta decisión fue confirmada en noviembre de ese mismo año. Finalmente, la enfermera fue cesada en su puesto el 10 de octubre de 2023.
Argumentación de La Conselleria
La Conselleria argumentó que la enfermera había violado el artículo del Estatuto Marco que regula al personal estatutario de los servicios de salud. Lo hizo al divulgar información sobre el centro y la intimidad de los usuarios. Sin embargo, el juez concluyó que las acusaciones no estaban mínimamente acreditadas. Determinó que los comentarios de la enfermera fueron realizados a título personal, sin revelar datos personales de los pacientes.
El magistrado también señaló que la enfermera tenía una proyección pública irrelevante. Sus comentarios solo se amplificaron por la cobertura de un periódico provincial y una cadena de televisión nacional. El juez enfatizó que la enfermera utilizó sus redes sociales para desahogarse y que sus comentarios no revelaron secretos ni proporcionaron información falsa sobre el funcionamiento del hospital.
El juez también criticó a la Administración por su insistencia en la falsedad de la información. Recordó que no es su función determinar la verdad absoluta de las declaraciones de sus empleados. Recomendó que, en lugar de abrir un expediente disciplinario, la Administración podría haber emitido un comunicado o una nota de prensa.
Anulada la sanción de la enfermera que criticó en redes sociales la falta de medios
Finalmente, el juez ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos una posible infracción de la legislación de protección de datos. Acusó a la instructora y otros responsables del expediente disciplinario de incluir datos sanitarios protegidos de más de cincuenta pacientes, sin permiso expreso de ellos o sus familiares.
jul. 17, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco meses de prisión para un capitán del Ejército de Tierra por un delito contra la eficacia en el servicio. La condena se debe a las lesiones que sufrió un soldado durante una práctica de salto de agua. El incidente ocurrió cuando el entonces teniente ordenó a un soldado saltar desde una altura de casi 15 metros, en lugar de los 10 metros establecidos por el sargento primero, director de la práctica. El sargento primero había advertido que los alumnos no estaban capacitados para saltar desde mayor altura.
Además de la condena penal, el tribunal ha confirmado la responsabilidad civil del capitán. Deberá pagar una indemnización de 64.120 euros a la víctima por los daños sufridos. También se ha confirmado la responsabilidad civil directa de las compañías aseguradoras HDI GLOBAL SE y Caser Seguros, y la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Hechos probados
Los hechos ocurrieron durante una práctica del XXXIX Curso de Buceador de Asalto el 21 de mayo de 2019, en el pantano del Grado, Huesca. El sargento primero decidió que los alumnos harían el primer salto desde 10 metros, explicándoles cómo ejecutarlo correctamente. Aunque todos los alumnos completaron el salto inicial sin incidentes, el sargento observó que muchos no habían saltado de manera adecuada. Por ello, decidió repetir el salto desde la misma altura para mejorar su experiencia.
Sin embargo, el teniente insistió en realizar el segundo salto desde una altura mayor, pese a la negativa del sargento primero, quien le recordó que él era el jefe de la práctica. El teniente, desatendiendo estas advertencias, llevó a los alumnos a una zona más alta y ordenó realizar el salto desde allí.
La zona elegida para el segundo salto presentaba mayor complejidad no solo por la altura, sino porque requería un fuerte impulso para ejecutarlo correctamente y tenía un saliente que dificultaba la visión tanto del saltador como del instructor. Esta situación hizo que muchos alumnos mostraran reticencia, aunque finalmente obedecieron.
Cinco meses de prisión a un capitán por las lesiones que sufrió un soldado en una práctica
Durante este salto, uno de los alumnos se desequilibró y sufrió una lesión lumbar al impactar contra el agua de forma incorrecta. Fue atendido por el servicio sanitario y trasladado al hospital, donde fue operado.
El Tribunal Supremo ha considerado que la conducta del teniente constituye una temeridad evidente. Ordenó el salto desatendiendo las advertencias del sargento primero sobre la falta de capacitación de los alumnos. El tribunal destaca que el resultado lesivo era previsible y evitable. No había necesidad de realizar el salto desde esa altura, especialmente cuando el salto planeado desde un helicóptero al día siguiente sería desde menos de 10 metros. De este modo, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco meses de prisión para un capitán del Ejército de Tierra por un delito contra la eficacia en el servicio
Además, el tribunal subraya que la acción del teniente no solo fue imprudente, sino que también implicó poner en riesgo a terceros sin necesidad alguna. Desatendió las advertencias y ordenó el salto con una expresión despectiva hacia el sargento primero.
jul. 16, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo establece que la Agencia Tributaria no puede realizar interrogatorios durante un registro domiciliario sin una autorización judicial específica. Esta decisión surge a raíz del recurso presentado por CVC Investment Advisory Services S.L. contra una sentencia anterior de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hechos probados
En el curso de un procedimiento de inspección tributaria, la Agencia Tributaria solicitó y obtuvo una autorización judicial para registrar el domicilio de CVC Investment Advisory Services S.L. El objetivo del registro era examinar libros contables, registros y otros documentos relevantes para la inspección. Sin embargo, durante el registro, los funcionarios interrogaron a los directivos y empleados de la empresa sobre sus actividades. Esta actuación no estaba contemplada en la autorización judicial concedida.
Argumentos de la empresa contra los interrogatorios durante el registro domiciliario
CVC Investment Advisory Services S.L. interpuso un recurso contencioso-administrativo. Argumentó que los interrogatorios realizados durante el registro domiciliario violaban los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y a un proceso con todas las garantías. La empresa sostenía que cualquier actuación no prevista en la autorización judicial, como los interrogatorios, excedía las facultades otorgadas a la Agencia Tributaria.
Fundamentos de la decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo evaluó si los interrogatorios realizados durante el registro domiciliario infringían los artículos 18 y 24 de la Constitución, que protegen la inviolabilidad del domicilio y el derecho a un proceso con todas las garantías, respectivamente.
- Inviolabilidad del Domicilio
- La autorización judicial para el registro domiciliario no incluía la realización de interrogatorios. El Tribunal Supremo concluyó que cualquier actuación dentro del domicilio debe estar específicamente autorizada por el juez. Realizar interrogatorios sin esta autorización constituye una extralimitación de las facultades de la Agencia Tributaria, vulnerando así el artículo 18 de la Constitución.
- Derecho a un Proceso con Todas las Garantías
- Los interrogatorios realizados sin previo aviso y fuera de los procedimientos establecidos vulneran el derecho a un proceso con todas las garantías. El Tribunal subrayó que la actuación de la Agencia Tributaria fue sorpresiva e intimidatoria, lo que debilitó las posibilidades de defensa de la empresa inspeccionada. Esta actuación no respetó los principios de proporcionalidad y buena fe.
- Cumplimiento de Procedimientos Legales
- El Tribunal destacó que las actuaciones de inspección deben ajustarse estrictamente a los procedimientos legales y reglamentarios. En este caso, no existía un trámite procedimental específico para realizar interrogatorios durante el registro domiciliario. La falta de una regulación precisa sobre cómo y dónde recabar información de los empleados contribuyó a la violación de los derechos fundamentales mencionados.
Conclusiones del Tribunal Supremo ante los interrogatorios durante un registro domiciliario sin una autorización judicial específica
El Tribunal Supremo determinó que la actuación de la Agencia Tributaria vulneró los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y a un proceso con todas las garantías. Realizaron interrogatorios durante el registro domiciliario sin la debida autorización judicial y sin seguir los procedimientos establecidos. En consecuencia, anuló tanto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid.
Fallo
El Tribunal Supremo declaró nula la actuación de la Agencia Tributaria consistente en los interrogatorios realizados durante el registro domiciliario del 19 de octubre de 2021. Además, dictaminó que cada parte debe asumir sus propias costas del recurso de casación, mientras que la Agencia Tributaria deberá pagar las costas de la primera instancia y de la apelación, hasta un máximo de 4.000 euros.
