set. 26, 2024 | Actualitat Prime
El pasado 18 de septiembre de 2024, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a una reforma de la Ley Orgánica 7/2014, enfocada en el intercambio de información de antecedentes penales dentro de la Unión Europea.
Objetivo de la reforma en el intercambio de información de antecedentes penales dentro de la Unión Europea
La modificación de la Ley Orgánica 7/2014 tiene como objetivo principal optimizar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE en el ámbito de los antecedentes penales. Al integrar el ECRIS, se facilita el intercambio eficiente y seguro de información. Esto abarca no solo a ciudadanos de la UE, sino también a nacionales de terceros países y apátridas.
Principales innovaciones en la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea
Ampliación del Registro Central de Penados
Se incorporan datos adicionales como huellas dactilares e imágenes faciales, especialmente de nacionales de terceros países. Esto enriquece la precisión y seguridad de los registros de antecedentes penales.
Transmisión de Información Más Flexible
Se habilitan medios alternativos para el intercambio de información penal cuando el uso del ECRIS no sea viable, garantizando la continuidad y eficacia en la comunicación de datos.
Protección de Menores en el Registro Central
La creación de un Registro Central de Menores permite registrar no solo condenas firmes, sino también medidas cautelares y requisitorias. Esto fortalece la protección de las víctimas y asegura la adecuada gestión de menores en procesos judiciales.
Reciprocidad Mejorada en la Retransmisión de Sentencia
Se implementa un sistema más flexible para la retransmisión de sentencias dictadas en España a otros Estados miembros, respetando la reciprocidad y las competencias exclusivas de las autoridades judiciales españolas.
Equivalencia Jurídica de Condenas
Las resoluciones condenatorias emitidas por otros Estados miembros tendrán la misma validez jurídica que las dictadas en España, tanto en la ejecución de la condena como durante el proceso penal.
Actualización de Otras Normativas
Además de la reforma principal, se ajustan otras leyes como la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores y la Ley 23/2014. Con estos ajustes, se eliminan disposiciones que antes limitaban el reconocimiento mutuo de resoluciones penales, lo que fortalece aún más el intercambio de información a nivel europeo.
Entrada en Vigor
La nueva Ley Orgánica 7/2014 entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se prevé que el Registro Central de Menores esté plenamente operativo en el plazo de un año. Esto consolidará la infraestructura para un intercambio de información de antecedentes penales más robusto y eficiente.
set. 26, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Constitucional protege a una madre que incumplió el régimen de visitas establecido, con motivo de un proceso pendiente por violencia de género.
Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia. Ha estimado el recurso de amparo interpuesto por una madre, a quien se le reprochó judicialmente su falta de cooperación en el régimen de visitas de su hija menor. La madre estaba inmersa en un procedimiento por violencia de género contra su exmarido, quien debía realizar las visitas en un Punto de Encuentro Familiar bajo supervisión.
El conflicto surgió cuando los tribunales previos, tanto el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián como la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, criticaron que la madre no acompañara personalmente a la niña a las visitas, delegando esa tarea en la abuela materna. La sentencia de divorcio no imponía específicamente que la madre llevara a la menor. No obstante, los jueces interpretaron que ella tenía la obligación de mostrar una actitud proactiva para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas.
La menor se negó repetidamente a asistir a las visitas. Ello llevó a su suspensión temporal en el Punto de Encuentro Familiar. Los tribunales consideraron que la madre no estaba cumpliendo con su deber de colaborar para que las visitas se realizaran conforme a lo acordado.
El fallo del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional falló a favor de la madre, al considerar que las resoluciones anteriores vulneraban su derecho a la tutela judicial efectiva (24 CE). La sentencia considera que en casos de violencia de género es necesario que las decisiones judiciales cuenten con una “motivación reforzada”. Es decir, una explicación más detallada que tenga en cuenta el contexto de maltrato. Establece que la obligación de cooperación en el régimen de visitas no puede exigirse de manera automática en situaciones donde hay denuncias de violencia de género. Obligar a una madre a facilitar las visitas en esas circunstancias, sin valorar adecuadamente el impacto de la violencia en la madre y la menor, constituye una violación de sus derechos fundamentales.
La sentencia cuenta con votos particulares y votos concurrentes de los componentes del tribunal.
Fuente: Tribunal Constitucional
set. 25, 2024 | Actualitat Prime
La publicación no autorizada de imágenes de operaciones estéticas puede conllevar sanciones administrativas.
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 10.000 euros a un propietario de una clínica estética, debido a la publicación en redes sociales de imágenes de una paciente sin su consentimiento.
En 2017, una paciente acudió a la clínica estética para someterse a una intervención en sus manos. La operación se llevó a cabo por una cirujana plástica que había arrendado el espacio médico al propietario, el propietario de la clínica. Este acuerdo de uso de las instalaciones entre ambos profesionales entró en vigor en 2020, tiempo después de que la paciente en cuestión se sometiera a la operación.
En 2022, la paciente descubrió que imágenes de su procedimiento estético, específicamente fotografías del antes y el después, habían sido publicadas en las redes sociales Facebook e Instagram sin su consentimiento. El propietario de la clínica publicó las imágenes sin solicitar ni recibir el permiso de la paciente. En consecuencia, la paciente presentó una reclamación ante la AEPD.
Infracción del Reglamento General de Protección de Datos
La AEPD, tras investigar el caso, concluyó que el propietario había vulnerado los derechos de protección de datos de la paciente. Por un lado, la sanción se refiere al incumplimiento del artículo 6.1 del RGPD, que establece la obligación de contar con el consentimiento explícito para el tratamiento de datos personales. En este caso, la publicación de las fotografías sin dicho consentimiento se consideró como una violación grave de este principio. Por esta infracción, la multa asciende a 5.000 euros.
Por otro lado, la segunda infracción atañe al artículo 9 RGPD, que regula el tratamiento de datos sensibles, incluidos los datos de salud. Dado que las imágenes en cuestión revelaban información sobre una intervención quirúrgica, la AEPD consideró que Bonifacio también había vulnerado este artículo. La multa impuesta por esta infracción también fue de 5.000 euros, lo que eleva la sanción total a 10.000 euros.
El propietario alegó en su defensa que la publicación de las imágenes se realizó bajo la premisa de que el consentimiento que la doctora había obtenido de sus pacientes era suficiente para autorizar dicho uso. Sin embargo, la AEPD consideró que el acuerdo de tratamiento de datos firmado en 2020 no eximía al propietario de la clínica de su responsabilidad en la publicación de las imágenes, puesto que la operación se había realizado en 2017, mucho antes de la entrada en vigor de dicho contrato.
Asimismo, la Agencia consideró que en ningún momento se recabó un consentimiento válido de la paciente para el uso de sus imágenes con fines publicitarios. Por ello, impone una sanción de 10.000 euros.
Fuente. AEPD.
EXP202403915
set. 25, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal General de la Unión Europea ha precisado el ámbito de aplicación de la coordinación regional obligatoria en materia de seguridad operativa de las redes de transporte de electricidad. La cuestión surge a partir de la adopción de la metodología ROSC por parte de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía en 2020. Esta metodología define las medidas correctoras que deben tomarse para garantizar la seguridad operativa de las redes con incidencia transfronteriza.
Metodología ROSC y su aprobación
La metodología ROSC es un documento que identifica los riesgos operativos de las redes eléctricas regionales. Además, establece procedimientos para coordinar, validar y ejecutar las medidas correctoras correspondientes. Esta metodología debe ser elaborada por los gestores de redes de transporte (GRT) y aprobada por las autoridades reguladoras nacionales. En caso de desacuerdo o si las ARN lo solicitan, la ACER tiene la facultad de tomar la decisión final.
En 2020, ante la falta de acuerdo entre los GRT y las ARN de la región Core, que incluye varios países de Europa central, la ACER adoptó la metodología ROSC. Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., el GRT de Polonia, solicitó la anulación de dicha resolución ante el Tribunal General. Argumentaron que la metodología otorgaba un ámbito demasiado amplio a las medidas correctoras, lo que afectaba su capacidad de gestionar la red de forma autónoma.
Decisión del Tribunal General
El Tribunal General desestimó la demanda polaca, sosteniendo que la ACER actuó dentro de sus competencias legales al modificar la propuesta de los GRT. La decisión se enmarca en las facultades de la agencia para asegurar una adecuada coordinación transfronteriza, especialmente en redes interconectadas de alta complejidad como las de la región Core.
El Tribunal también señaló que la metodología ROSC no priva a los GRT de su capacidad para gestionar sus redes, sino que permite mantener opciones para garantizar su seguridad operativa. Además, indicó que las medidas correctoras para redes con tensión superior a 220 kV tienen una incidencia transfronteriza significativa. Esto justifica su inclusión bajo la coordinación regional.
Coordinación regional obligatoria en redes eléctricas
El fallo reafirma que la ACER puede intervenir en la adopción de metodologías de seguridad operativa cuando los reguladores nacionales no logran un consenso. También subraya la importancia del principio de solidaridad energética en la política de la Unión, recordando que las medidas coordinadas pueden generar ciertos costos para los Estados miembros, pero son necesarias para la estabilidad del mercado eléctrico europeo.
set. 25, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado la condena impuesta a una mujer acusada de dañar el coche de una compañera de trabajo en la localidad de Olmedo. [TOL10.182.198]
Recientemente, la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a una mujer por dañar el coche de una compañera de trabajo con la que había tenido problemas. La sentencia, que desestima el recurso de la condenada, confirma la resolución previa del Juzgado de Primera Instancia, en la que se le impuso una sanción por un delito leve de daños. La acusada deberá pagar dos meses de multa a razón de ocho euros diarios, además de indemnizar con 300 euros a la propietaria del vehículo y abonar 260 euros a la aseguradora por los desperfectos ocasionados.
Los hechos del caso
El 4 de noviembre de 2022, la perjudicada estacionó su vehículo frente a la residencia de ancianos de Olmedo, donde ambas trabajaban. Al finalizar su turno a las 16:00 horas, la propietaria del coche descubrió daños considerables en el lateral izquierdo del vehículo, que afectaron al faro trasero, las puertas delantera y trasera, y la aleta delantera. El coste total de la reparación fue estimado en 560 euros.
Las pruebas que resultaron determinantes para la condena provienen de las cámaras de seguridad de la residencia. En las imágenes, grabadas a las 10:20 horas del mismo día, se observa a la acusada entrando y saliendo del recinto. En un momento determinado, saca un objeto no identificado de su bolsillo y pasa junto al coche de su compañera. Si bien no se identifica con claridad el objeto utilizado para dañar el vehículo, el tribunal consideró que las pruebas, junto con el contexto de las desavenencias entre las partes, eran suficientes para establecer su culpabilidad.
La Audiencia desestima el recurso
La acusada, no conforme con la sanción, presentó un recurso alegando la nulidad de las pruebas. Sin embargo, la Audiencia desestimó este argumento. Según la resolución, las pruebas de cargo fueron obtenidas y valoradas conforme a la ley, permitiendo desvirtuar la presunción de inocencia. El magistrado presidente de la Sección Cuarta destacó que la sentencia de instancia estaba debidamente motivada. Las imágenes de las cámaras, aunque no mostraron el acto dañino de manera explícita, proporcionaron suficientes indicios que, combinados con los testimonios y antecedentes, permitieron concluir que la acusada era responsable de los daños.
El tribunal también consideró que las discusiones previas entre ambas mujeres, derivadas de su relación laboral, fueron un factor relevante que impulsó a la acusada a causar los daños.
Por ello, la Audiencia confirma que no se vulneraron los derechos de la acusada durante el proceso, y que la jueza de primera instancia actuó de acuerdo con los principios del derecho penal al valorar las pruebas de manera objetiva. La condena se mantiene en los mismos términos que la emitida previamente.
set. 25, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de la Sección de Ejecuciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha acordado extender los efectos de una sentencia previa de abril de 2023, que reconoce a los magistrados el derecho a percibir atrasos salariales (una retribución adicional). Esta compensación se otorga por superar en un 20% la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial.
Sentencia y fundamentos legales
La sentencia original, dictada por la Sección Séptima del TSJM, consideró que la Administración incumplía el artículo 9.1 de la Ley 15/2003. Este artículo establece el derecho a una retribución variable por objetivos, que en este caso corresponde al 5% de la nómina, cuando se supera el 20% de la carga laboral. La negativa de la Administración, basada en el artículo 9.3 de la Ley, alegaba falta de presupuesto y reparto proporcional. Sin embargo, el tribunal rechazó esta justificación, calificándola de «inaceptable».
En consecuencia, la nueva resolución reconoce el derecho a percibir esta retribución desde el cuarto trimestre de 2019 y los semestres posteriores. Esto será aplicable siempre que se cumpla el requisito del 20% de exceso en la carga de trabajo. Además, se establece que las cantidades adeudadas devengarán intereses legales desde la solicitud de extensión de efectos, presentada el 24 de junio de 2024.
Identidad de situación jurídica | Derecho a percibir atrasos salariales a miembros de la Carrera Judicial
El fallo también analiza la identidad de la situación jurídica de otro magistrado que solicitó la extensión de efectos de la sentencia inicial. Aunque el Ministerio de Justicia argumentó que no se encontraba en la misma situación, el tribunal rechazó esta postura. Los magistrados señalaron que lo relevante no es el periodo o el órgano jurisdiccional donde se desempeña el trabajo, sino que el régimen jurídico de las retribuciones variables sea el mismo. Al acreditarse que ambos casos compartían estas condiciones, se reconoció la identidad de situación jurídica.
La resolución aún está sujeta a posibles recursos, lo que implica que no ha alcanzado firmeza definitiva.
