oct. 3, 2025 | Actualitat Prime
Ganancia patrimonial. Indemnización por robo de joyas
La Dirección General de Tributos, mediante la Consulta Vinculante V1229-25, de 4 de julio de 2025, ha analizado el tratamiento fiscal en el IRPF de una indemnización percibida como consecuencia del robo de joyas depositadas en una caja de seguridad bancaria. La cuestión se centra en determinar si dicha indemnización y los intereses judiciales asociados constituyen rendimientos o ganancias patrimoniales.
Hechos del caso
El robo se produjo en 2009 en las cajas de seguridad de una entidad bancaria, resultando sustraídas joyas pertenecientes al consultante y a su cónyuge. Tras un procedimiento judicial prolongado, en 2016 se declaró la responsabilidad civil de la entidad por incumplimiento de sus deberes de custodia. Finalmente, por sentencia de 23 de marzo de 2022, se condenó al banco a abonar 292.993,98 euros en concepto de indemnización, junto con intereses legales y los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La firmeza de la sentencia se alcanzó en 2024, al inadmitirse el recurso de casación interpuesto por la entidad.
Calificación de la indemnización
La DGT entiende que la indemnización percibida constituye una ganancia o pérdida patrimonial en los términos del artículo 33.1 de la Ley del IRPF. La valoración se ajusta al artículo 37.1.g) del mismo texto, siendo la ganancia el resultado de restar al importe percibido la parte proporcional del valor de adquisición de las joyas afectadas. Solo existirá ganancia si se produce un incremento patrimonial efectivo, descontando el desgaste por uso.
Tratamiento de los intereses
En cuanto a los intereses, la DGT distingue entre los de carácter remuneratorio y los indemnizatorios. Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo (STS 12 de enero de 2023, rec. 2059/2020), los intereses indemnizatorios —como los legales y procesales del art. 576 LEC— se califican como ganancias patrimoniales, integrándose en la base imponible general, no en la del ahorro. Este criterio modifica pronunciamientos anteriores de la propia DGT.
Imputación temporal
La indemnización y los intereses legales deben imputarse al ejercicio 2024, fecha en que la sentencia adquirió firmeza, de acuerdo con el artículo 14.1.c) LIRPF. Por su parte, los intereses procesales del artículo 576 LEC se imputan al período en que efectivamente se perciben, lo que en el caso concreto también tuvo lugar en 2024.
oct. 2, 2025 | Actualitat Prime
Se estima un recurso en el que se denegó la revisión de la pensión de viudedad repartida anteriormente.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que, en el régimen de clases pasivas, la pensión de viudedad debe cobrarse en su integridad por el beneficiario supérstite cuando fallezca la otra persona con derecho concurrente. Con esta decisión, el tribunal resuelve una cuestión que había generado criterios dispares en la práctica administrativa.
El caso concreto analizado
El asunto parte de la reclamación de una mujer a quien la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda denegó la revisión de su pensión tras la muerte de la primera esposa de su marido. Con quien compartía la cuantía. Ante esta negativa, la interesada recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó su pretensión. Consideró que no existía previsión legal expresa que permitiera el acrecimiento de la pensión en casos distintos a los previstos, como los vinculados a actos de terrorismo.
Fundamentación jurídica de la sentencia
El Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, corrige este criterio. Señala que no se trata de un supuesto de acrecimiento, sino de la recuperación íntegra del derecho originario de la viuda supérstite. Esto ocurre una vez desaparecida la causa que motivó el reparto de la prestación.
El fallo interpreta el artículo 38.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987 a la luz de los principios de solidaridad social. Estos están previstos en los artículos 9. 2, 50 y 103.3 de la Constitución. Además, considera los artículos 21 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan una vida digna a las personas mayores.
Consecuencias de la resolución
La sentencia subraya que la ausencia de una regulación específica en la Ley de Clases Pasivas no puede impedir que se reconozca este derecho. En consecuencia, fija doctrina en el sentido de que, tras el fallecimiento del cónyuge divorciado o supérstite concurrente, el beneficiario que permanece vivo tiene derecho a recuperar la totalidad de la pensión.
El Supremo estima el recurso de la demandante y reconoce su derecho a percibir, desde la fecha del fallecimiento de la persona con quien compartía la pensión, el importe íntegro de la misma.
oct. 2, 2025 | Actualitat Prime
Número Sentencia: 1138/2025. Número Recurso: 4109/2022. TOL10.708.046
El Tribunal Supremo ha reafirmado que las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para dictar acuerdos de derivación de responsabilidad corresponden a sus órganos territoriales, como las Direcciones Provinciales. Esta sentencia zanja el debate sobre si dicha facultad es exclusiva de los servicios centrales o puede ser ejercida también a nivel provincial.
Disputa sobre la competencia funcional en materia recaudatoria
El recurso se interpuso contra un acuerdo administrativo que declaró la responsabilidad solidaria de una empresa por deudas con la Seguridad Social, tras asumir la titularidad de varias contratas de vigilancia de una sociedad en concurso de acreedores.
La empresa recurrente alegó que la Subdirección Provincial de la TGSS de Madrid carecía de competencia funcional para dictar dicho acuerdo. Según su interpretación, la competencia correspondía exclusivamente a la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, conforme al artículo 5.g) del Real Decreto 1314/1984.
Cuestión planteada con interés casacional
Interpretación de las competencias de la TGSS
El Tribunal Supremo formuló como cuestión de interés casacional la necesidad de interpretar si, con base en el artículo 5.g) del RD 1314/1984, la competencia para dictar acuerdos de derivación de responsabilidad recae en los órganos centrales o en los órganos territoriales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para resolverlo, se consideraron también otros preceptos relevantes como el artículo 2.2 del RD 1415/2004 (Reglamento General de Recaudación) y el artículo 18.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015 (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
Doctrina fijada por el Tribunal Supremo | Reconocimiento de las competencias territoriales de la TGSS
El Alto Tribunal concluyó que las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social sí tienen competencia para dictar acuerdos de derivación de responsabilidad dentro del procedimiento recaudatorio. Esta interpretación se basa en los siguientes fundamentos:
1. Interpretación del artículo 5.g) del RD 1314/1984
La norma atribuye a la Subdirección General funciones de dirección y coordinación, pero no competencias resolutorias para dictar acuerdos individuales de derivación de responsabilidad.
2. Competencia recaudatoria atribuida a los órganos territoriales
El artículo 2.2 del RD 1415/2004 establece que la gestión recaudatoria corresponde a las Direcciones Provinciales, salvo disposición expresa en contrario. Esta gestión incluye todas las actuaciones necesarias para el cobro de los créditos de la Seguridad Social.
3. Unidad del procedimiento recaudatorio
No se puede fraccionar el procedimiento entre distintos órganos. La declaración de responsabilidad forma parte inseparable de la gestión recaudatoria, junto con la fase de ejecución.
4. Apoyo en el artículo 18.3 del TRLGSS
Este precepto integra expresamente la declaración de responsabilidad como parte del procedimiento recaudatorio, competencia atribuida a los órganos territoriales de la TGSS.
5. Doctrina jurisprudencial consolidada
La Sentencia del Tribunal Supremo nº 1661/2018, de 22 de noviembre, ya había calificado los acuerdos de derivación de responsabilidad como actos de gestión recaudatoria, competencia de las Direcciones Provinciales de la TGSS.
Fallo del Tribunal Supremo | Las competencias de la TGSS se ejercen también a nivel provincial
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de instancia, dejando claro que:
Las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social para dictar acuerdos de derivación de responsabilidad pueden ser ejercidas por sus órganos territoriales en el marco del procedimiento recaudatorio.
oct. 2, 2025 | Actualitat Prime
Número Sentencia: 760/2025. Número Recurso: 14/202. TOL10.707.629
El Tribunal Supremo ha declarado que las empresas no están obligadas a facilitar una silla ergonómica a todas las personas que trabajan a distancia. La Sala de lo Social desestima así el recurso de FeSMC-UGT y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que eximió a la empresa de dicha obligación.
Este fallo consolida el criterio de que el suministro en el teletrabajo debe depender de una evaluación individualizada, no de un derecho automático o generalizado.
Derecho a medios en el teletrabajo
El artículo 11 de la Ley 10/2021 regula el derecho a la dotación de medios para las personas teletrabajadoras. No obstante, el Tribunal aclara que este derecho debe concretarse en:
En este caso, ni los acuerdos individuales ni el XVIII Convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información incluían la silla ergonómica entre los medios obligatorios. Solo se exigía proporcionar ordenador, teclado y ratón, permitiéndose sustituir estos últimos por una compensación económica.
Por tanto, la empresa no incurrió en incumplimiento al no entregar una silla ergonómica de forma generalizada.
Compensación económica y silla ergonómica
La empresa abonaba mensualmente 30 € brutos a cada teletrabajador como compensación por los gastos derivados del teletrabajo (suministros, equipamiento, etc.). Esta cantidad superaba los 17 € previstos en el convenio colectivo y fue considerada suficiente por el Tribunal.
Según el artículo 12 de la Ley 10/2021, el teletrabajo no debe generar gastos para la persona trabajadora. El Supremo concluye que esta compensación cubre adecuadamente cualquier coste vinculado al equipamiento, incluida —cuando proceda— la adquisición de una silla ergonómica.
La silla ergonómica no es una condición laboral general
UGT alegó una vulneración del principio de igualdad entre trabajadores presenciales y teletrabajadores por no entregarles la misma silla ergonómica disponible en las oficinas. Sin embargo, el Tribunal Supremo descarta esa comparación.
Afirma que la silla ergonómica:
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No constituye una condición laboral esencial o equiparable entre ambas modalidades.
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Solo debe proporcionarse si así lo establece una evaluación de riesgos individual o una prescripción médica validada por el servicio de prevención.
Por tanto, no existe un derecho automático a la silla ergonómica por el mero hecho de teletrabajar.
Prevención de riesgos y evaluación para silla ergonómica
En materia de prevención, el Tribunal reconoce que la empresa cumplió con lo dispuesto en la Ley 10/2021 y la Ley 31/1995:
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Se realizaron evaluaciones individuales de riesgos.
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Se ofreció formación preventiva.
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Se entregó material ergonómico, incluida la silla ergonómica, únicamente cuando fue justificado.
El Tribunal concluye que el riesgo ergonómico genérico no justifica imponer la obligación de entregar una silla a toda la plantilla. Solo una evaluación concreta del puesto de trabajo puede motivar dicha dotación.
Conclusión: la silla ergonómica no es obligatoria en todos los casos
El Tribunal Supremo confirma que:
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No existe obligación general de proporcionar una silla ergonómica en el teletrabajo.
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Las compensaciones económicas cubren suficientemente los gastos asociados.
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La entrega de una silla ergonómica debe basarse en una necesidad individual evaluada, no en una presunción general.
Esta sentencia sienta doctrina y aclara que el suministro de medios en teletrabajo —como la silla ergonómica— debe estar vinculado a criterios objetivos y personalizados.
oct. 2, 2025 | Actualitat Prime
Ratificación de la sentencia de instancia: negativa al pago único del paro. [TOL10.683.365]
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Social de Zaragoza que denegó a un camionero la capitalización de la prestación por desempleo para iniciar una actividad como trabajador autónomo. La Sala concluye que la solicitud se realizó en fraude de ley con la finalidad de obtener financiación para su nuevo proyecto profesional.
Antecedentes del caso
El recurrente había sido despedido de una empresa de logística y, tras no impugnar la decisión, el Servicio Público de Empleo Estatal le reconoció 720 días de prestación con una cuantía diaria de 52,50 euros. Posteriormente, presentó solicitud de pago único de la prestación, aportando documentación relativa a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una memoria de actividad en el sector del transporte y una factura por la compra de un camión valorado en 25. 410 euros. Tanto el SEPE como el Juzgado rechazaron la petición.
Fundamentos jurídicos
El magistrado de instancia apreció fraude en la actuación del trabajador al entender que buscó la extinción contractual, con el propósito de acceder indebidamente a la prestación en su modalidad de pago único. La Sala de lo Social, al revisar el recurso, recuerda que conforme al artículo 228. 3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la entidad gestora puede abonar hasta el 100% de la prestación para facilitar el inicio de una actividad por cuenta propia. Sin embargo, esta opción queda excluida para quienes se constituyen en trabajadores autónomos económicamente dependientes contratando con la misma empresa o grupo empresarial con el que mantuvieron vínculo previo.
Conclusión del tribunal
El TSJ concluye que la situación de desempleo se creó artificialmente para acceder al pago único, constituyendo un supuesto de fraude de ley (artículo 6. 4 del Código Civil). De esta forma, entiende que el trabajador no se encontraba en una verdadera situación legal de desempleo.
Posibilidad de recurso
La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
oct. 1, 2025 | Actualitat Prime
Número Sentencia: 1133/2025. Número Recurso: 8545/2021. TOL10.707.983
La TGSS no puede acordar por sí sola la extinción del fraccionamiento
El Tribunal Supremo ha determinado que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no tiene competencia para acordar, por sí misma, la extinción del fraccionamiento de deuda concedido al Ayuntamiento de Marbella en virtud de una norma con rango de ley. La resolución responde a los recursos de casación interpuestos por la TGSS y el propio Ayuntamiento contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 2021.
Origen legal del fraccionamiento de deuda
En el año 2012, la Disposición Adicional 70.ª de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado, aprobó un régimen extraordinario de fraccionamiento de deuda para el Ayuntamiento de Marbella. El objetivo era facilitar el pago de las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública estatal derivadas de su etapa anterior a la disolución conforme al Real Decreto 421/2006.
La resolución ejecutiva del fraccionamiento se dictó el 12 de febrero de 2013, contemplando un plazo de amortización de hasta 40 años y un interés reducido del 1 %. El importe total de la deuda superaba los 190 millones de euros.
Discrepancia por el destino de una indemnización
En 2018, el Ayuntamiento percibió una indemnización judicial de 12 millones de euros. La TGSS entendió que debía destinarse a la cancelación anticipada del fraccionamiento. Sin embargo, el consistorio acordó utilizarla para financiar servicios públicos, lo que llevó a la TGSS a dictar una resolución extinguiendo el fraccionamiento y reactivando el procedimiento recaudatorio ordinario.
Esta decisión fue anulada por la Audiencia Nacional y, ahora, confirmada por el Tribunal Supremo.
Fundamentos del Supremo: límites a la extinción del fraccionamiento
El Alto Tribunal fundamenta su decisión en los siguientes aspectos clave:
1. Fraccionamiento legal, no discrecional
El fraccionamiento se otorgó por una norma con rango de ley, por lo que su extinción no puede equipararse a la de un fraccionamiento administrativo ordinario. La TGSS carece de discrecionalidad para modificarlo o extinguirlo sin autorización legal expresa.
2. Inexistencia de previsión legal para la extinción
La Ley 2/2012 no establece que el incumplimiento del destino de una indemnización implique la extinción del fraccionamiento. Por tanto, la TGSS no puede aplicar por analogía las consecuencias previstas para los impagos en el régimen general de recaudación.
3. Falta de competencia unilateral de la TGSS
La extinción del fraccionamiento legal requiere una norma habilitante o una decisión judicial. La TGSS no puede decidir por sí sola la pérdida de los beneficios concedidos mediante ley.
4. Principio de proporcionalidad
Imponer la extinción del fraccionamiento y exigir el pago inmediato de una deuda de gran volumen supondría un grave perjuicio para el Ayuntamiento y los servicios públicos que presta. El Supremo señala que existen mecanismos menos gravosos, como la compensación mediante deducciones en transferencias estatales.
5. Vía judicial para exigir el cumplimiento
El Tribunal subraya que, en caso de desacuerdo con el destino de los fondos, la TGSS debe acudir a la vía judicial o solicitar la deducción correspondiente, pero no puede proceder a la extinción por su cuenta.
Doctrina jurisprudencial fijada
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fija doctrina clara en relación con la extinción del fraccionamiento en estos supuestos:
“La Tesorería General de la Seguridad Social no tiene potestad ni es competente para declarar por sí misma la extinción del fraccionamiento otorgado al Ayuntamiento de Marbella por una norma con rango de ley, como es la Disposición Adicional 70.ª de la Ley 2/2012, ante el eventual incumplimiento de dicha Corporación de destinar la indemnización recibida en dinero efectivo a la cancelación anticipada de fracciones del aplazamiento.”
Fallo del Tribunal Supremo
- Se desestima el recurso de casación de la TGSS, confirmando la nulidad de la extinción del fraccionamiento acordada en 2019.
- Se estima parcialmente el recurso del Ayuntamiento de Marbella, anulando la obligación de aplicar los 12 millones a la cancelación anticipada, sin perjuicio de que se reclame judicialmente.
- Sin imposición de costas.
