abr. 30, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 300,000 euros a una paciente que sufre de paraplejia tras una discectomía en el Complejo Hospitalario de Ourense. Esta decisión revoca la sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela. Este desestimó la reclamación de la paciente por daño desproporcionado.
El caso se centra en el hecho de que la paciente sufrió paraplejia con déficits motores y sensitivos en las extremidades inferiores. Resultando en dependencia para la mayoría de las actividades de la vida diaria, tras la intervención quirúrgica destinada a tratar una hernia discal. Los peritos, en el juicio, no lograron confirmar una causa específica del daño neurológico, que apareció en un nivel vertebral distante al de la operación. Y no encontraron evidencias de una causa isquémica que la Administración había propuesto.
Paraplejia tras una discectomía | El daño sufrido por la paciente era inusual y no correspondía a los riesgos anticipados de la operación
El TSXG destacó que las explicaciones ofrecidas por los peritos sobre la causa del daño solo eran hipótesis sin base en datos objetivos. Además, el tribunal aplicó la doctrina del daño desproporcionado. Este invierte la carga de la prueba, exigiendo a la administración que demuestre que el daño no fue el resultado de una mala práctica. Al no proporcionar una explicación convincente para un resultado tan anormal y al no evidenciarse en los estudios realizados la causa isquémica propuesta, se presume que la actuación no fue conforme a la lex artis.
Decisión el Tribunal Superior | Indemnización de 300,000 para la paciente sufre de paraplejia tras una discectomía
Si la administración no demuestra que el daño ocurrió a pesar de seguir la práctica médica adecuada, debe asumirse su responsabilidad
El tribunal concluyó que, dado que la administración no pudo explicar adecuadamente la causa del resultado adverso y extraordinario postoperatorio, debe asumir la responsabilidad. La resolución subraya que la responsabilidad de la administración surge en casos donde los resultados de una intervención médica son ajenos a los riesgos anticipados y no pueden ser adecuadamente justificados por las prácticas médicas observadas.
abr. 30, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Provincial de Bizkaia impone una condena por acceder a datos tributarios no autorizados y utilizarlos en su beneficio. SAP de Bizkaia nº 173/2024, de 16 de abril.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha establecido una condena de 10 años y cuatro días de cárcel para un funcionario de la Hacienda Foral de Bizkaia. El funcionario tuvo acceso a datos tributarios sin autorización, para utilizarlos a beneficio de la asesoría de la que era copropietario.
El acusado, quien ha prestado servicio en la Diputación vizcaína desde 1986, ocupaba un cargo en el Departamento de Hacienda y Finanzas, específicamente en la sección de información tributaria. Aprovechando su posición privilegiada, tuvo acceso manera indebida a datos tributarios reservados entre 2017 y 2019. Estos datos se utilizaron en beneficio de una asesoría fiscal de la cual era copropietario, generando un conflicto de interés.
La Audiencia considera al condenado como autor de 4 delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario público. Por cada delito impone 2 años, 6 meses y un día de prisión; además, también se le impone una pena de multa. Por otro lado, también se le impone una multa de 6 meses, al haber cometido un delito de actividades prohibidas a funcionario público.
La condena por los delitos cometidos
La sentencia no solo incluye la pena de prisión, sino también multas significativas y la inhabilitación absoluta del funcionario durante 9 años. Además, se le impone una multa adicional y la suspensión de empleo o cargo público por dos años, como resultado del delito de actividades prohibidas a funcionario público. En el juicio, se tuvieron en cuenta informes y testificales de responsables de servicio, entre otras, todas ellas confirmaron las irregularidades cometidas por el funcionario.
Las penas impuestas por la Audiencia son en su extensión mínima, considera que son proporcionales a los hechos cometidos, al no haberse evidenciado un perjuicio económico evaluado. Así, el tribunal trata de proteger el bien jurídico, que es la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas por las autoridades y los funcionarios. Según el artículo 103 CE, la Administración debe servir con objetividad los intereses generales. A través de la condena, la Audiencia trata de evitar la posible confluencia de intereses públicos y privados que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones. No requiere que el funcionario se haya dejado influir en su actividad pública por intereses privados, basta con que pueda existir dicha duplicidad.
La sentencia no es definitiva y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
abr. 29, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por los empleados de Caixabank, quienes buscaban el reembolso de los gastos hipotecarios incurridos al formalizar sus préstamos. [TOL9.977.345]
La sentencia, emitida recientemente, establece que estos gastos no se devolverán. Se trata de condiciones negociadas con los sindicatos, no aplican el mismo régimen que a los consumidores. La controversia surge a raíz de unos acuerdos suscritos por la financiera y los sindicatos en los años 2002 y 2020, en los cuales, entre otras cuestiones, se estipula quién debe asumir los gastos asociados a la constitución de un préstamo hipotecario concedido por Caixabank a sus empleados.
Los acuerdos colectivos prevalecen sobre el reembolso de gastos hipotecarios
Según la sentencia, los contratos hipotecarios suscritos entre la entidad financiera y sus empleados son fruto de la negociación empresarial colectiva, lo que implica que no hay condiciones impuestas de forma unilateral, sino que son el resultado del diálogo entre las partes.
Los acuerdos de empresa establecen un reparto específico de los gastos de constitución y cancelación de los préstamos hipotecarios. Estas reglas deben respetarse, según lo estipulado en las cláusulas del préstamo.
Decisión de la Audiencia Nacional
Estos acuerdos, al suscribirse entre la entidad financiera y los sindicatos, devienen en un resultado del ejercicio de la autonomía colectiva. Por lo tanto, se consideran acuerdos de naturaleza contractual colectiva y deben respetarse. Así, la Audiencia considera que «aun en caso de que las condiciones sobre el coste de los préstamos hipotecarios resultaran objetivamente desequilibrantes para los prestatarios trabajadores, deberíamos admitir su validez por haber sido resultado de un acuerdo en el marco de la autonomía colectiva».
La sentencia destaca que los empleados de Caixabank recibieron un trato contractual privilegiado en cuanto a la constitución y abono de gastos hipotecarios, gracias a los acuerdos de empresa. Esto les proporcionó condiciones más favorables en comparación con las del mercado.
En el caso de que no hubieran existido dichos acuerdos, los empleados se encontrarían en la misma situación de desprotección que cualquier cliente considerado consumidor. De este modo, sí que podría plantearse la posibilidad de reembolsar los gastos hipotecarios.
Finalmente, la decisión de la Audiencia Nacional determina que los empleados de Caixabank no tendrán derecho al reembolso de los gastos hipotecarios. Determina que no resultan aplicables las mismas condiciones que a los consumidores, por así haberlo establecido mediante acuerdos.
abr. 29, 2024 | Actualitat Prime
El pasado 25 de abril, el TJUE resolvió varias cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación con la prescripción de la acción restitutoria de gastos hipotecarios. [TOL9980924]
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de prescripción de la acción restitutoria de las cantidades abonadas a consecuencia de una cláusula nula de gastos hipotecarios.
En el caso, el Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios, el banco debía abonar las cantidades pagadas. No obstante, la Audiencia Provincial consideró que la acción de reclamación había prescrito, al considerar que el día que iniciaba el cómputo del plazo era en el día que se realizó el último pago. En el caso, esto sucedió en 1999, cuando se celebró el contrato de préstamo hipotecario.
Los afectados recurrieron ante el Supremo, el cual planteó varias cuestiones prejudiciales al respecto.
Sobre el plazo de prescripción
El TJUE establece que el día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades abonadas por el consumidor es el día que se declare la firmeza de la sentencia que declare la nulidad de la cláusula abusiva. No obstante, el banco podrá probar que el consumidor tenía conocimiento del carácter abusivo antes de dictarse la resolución.
Este razonamiento viene determinado por la posición de inferioridad del consumidor frente a los profesionales, tanto en capacidad de negociación como de nivel de información. El Tribunal considera que un plazo que comience a contar a partir del contrato dificulta las facultades y derechos concedidos a los consumidores.
Sobre las sentencias anteriores del Supremo
El Supremo también planteó si el plazo podía comenzar a contar antes de dichas sentencia, debido a que ya habían pronunciamientos del Supremo a través de los que se declaró la nulidad de dicho tipo de cláusulas. Esto implicaría que los afectados sí podían conocer la nulidad de la cláusula antes de la firmeza de la sentencia.
Sin embargo, el TJUE considera que supondría un desequilibrio entre el banco y el consumidor, por lo que debe considerar todas las circunstancias que concurran. El banco deberá probar que el consumidor concreto tenía o podía tener conocimiento del hecho. No basta con alegar pronunciamientos del tribunal, debe aplicarse al caso.
Finalmente, la sentencia del TJUE establece que existe la posibilidad de ejercitar acumuladamente la acción de nulidad de la cláusula y la acción de restitución de los gastos hipotecarios. Esto permitiría que, una vez devengue firme la nulidad, queda solicitada la restitución.
abr. 29, 2024 | Actualitat Prime
En 2018, Meta Platforms Ireland actualizó las condiciones de servicio de Facebook para los usuarios de la Unión Europea, requeridas para usar sus servicios. Maximilian Schrems, usuario y defensor de la privacidad, aceptó las condiciones pero disputó cómo Facebook personalizaba la publicidad. Particularmente relacionada con la orientación sexual. Según Schrems, la publicidad que recibía estaba basada en un análisis de sus intereses y no directamente en su orientación sexual, lo cual consideró un uso inapropiado de sus datos. Insatisfecho, llevó su caso a los tribunales de Austria.
Divulgación de la orientación sexual | preguntas legales sobre si tal divulgación convertía su orientación en un dato «manifiestamente público»
En una mesa redonda, Schrems mencionó abiertamente su homosexualidad, un hecho que no había divulgado en Facebook. Esto llevó a preguntas legales sobre si tal divulgación convertía su orientación en un dato «manifiestamente público» según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y si permitía su uso para publicidad dirigida.
El Tribunal Supremo austriaco consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre si Facebook puede usar datos personales de manera ilimitada para publicidad. Y si revelar públicamente la orientación sexual en un foro permite su uso para publicidad específica.
Abogado General | limitar el uso de datos personales
El Abogado General Athanasios Rantos recomendó al tribunal limitar el uso de datos personales basándose en el principio de proporcionalidad. Respecto a la orientación sexual, Rantos indicó que aunque es un dato protegido, esta protección no aplica si el individuo lo ha hecho público voluntariamente. Sin embargo, destacó que esto no autoriza automáticamente su uso en marketing dirigido.
Límites de la privacidad y la publicidad
Esta situación subraya la compleja interacción entre privacidad individual y prácticas de marketing, destacando la necesidad de un equilibrio que respete los derechos individuales y las realidades comerciales dentro del marco legal europeo. La decisión final del Tribunal de Justicia será clave para definir los límites de la privacidad y la publicidad personalizada en Europa.
abr. 26, 2024 | Actualitat Prime
El TJUE ha emitido varias sentencias en relación con los asuntos acumulados C-684/22 a C-686/22. Todos ellos relacionados con la pérdida de la nacionalidad alemana tras la recuperación de la nacionalidad turca.
Las sentencias aborda la cuestión de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la pérdida automática de la nacionalidad alemana.
Varios ciudadanos turcos, quienes adquirieron la nacionalidad alemana por naturalización en 1999, se enfrentan a la pérdida de esta nacionalidad debido a su decisión de recuperar la nacionalidad turca después del 1 de enero de 2000. Esta recuperación de la nacionalidad turca, en virtud de una modificación en la legislación alemana, conllevó automáticamente la pérdida de la nacionalidad alemana.
El órgano jurisdiccional alemán planteó dudas sobre la compatibilidad de esta pérdida automática con el Derecho de la Unión, especialmente en lo que respecta a la ciudadanía de la Unión y los derechos de libre circulación y residencia en el territorio de la Unión Europea. No pertenecer a ningún Estado Miembro de la Unión Europea implica perder dichos derechos.
Principio de proporcionalidad y derecho a un examen individual
El TJUE recuerda en sus sentencias que la determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es competencia de cada Estado miembro. Sin embargo, cuando la pérdida de la nacionalidad también implica la pérdida de la ciudadanía de la Unión, deben respetarse ciertos principios del Derecho de la Unión, en particular el principio de proporcionalidad.
La sentencia establece que, aunque el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a la pérdida automática de la nacionalidad de un Estado miembro al adquirir voluntariamente la nacionalidad de un tercer Estado, los individuos afectados deben tener la oportunidad de que se examine si la pérdida de su estatuto de ciudadano de la Unión tiene consecuencias desproporcionadas para ellos.
En este sentido, se reconoce el legítimo interés de los Estados miembros en proteger la relación especial entre ellos y sus nacionales. Sin embargo, también se debe garantizar que los individuos tengan acceso a mecanismos que les permitan cuestionar la pérdida de su ciudadanía de la Unión cuando conlleva consecuencias desproporcionadas.
En caso de que las consecuencias sean desproporcionadas, deberá poder conservar la ciudadanía de la Unión Europea.
Interpretación del art. 20 TFUE
Establece así:
«1.Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
- Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho: a) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; […]».
El TJUE determina que el art. 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que, en caso de adquisición voluntaria de la nacionalidad de un tercer país, se pierde automáticamente la nacionalidad . Todo ello a menos que esas personas obtengan de las autoridades, previo examen individual de su situación, la autorización de conservar su nacionalidad antes de adquirir la nacionalidad de un tercer país.
La compatibilidad con el Derecho de la Unión está supeditada a que esas personas hayan tenido acceso efectivo al procedimiento de conservación de la nacionalidad y hayan sido debidamente informadas de tal procedimiento. Además, se deberá examinar la proporcionalidad de las consecuencias de la pérdida de dicha nacionalidad.
En su defecto, esas autoridades y los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto deberán poder llevar a cabo dicho examen cuando se solicite.
