des. 12, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, clarifica importantes aspectos sobre la interacción entre procesos penales y civiles. En particular, aborda la suspensión del plazo de caducidad de una acción civil. La cuestión central de la sentencia es determinar si ciertos eventos pueden suspender el plazo de caducidad. En concreto, se analiza si la apertura de una causa penal, cuya investigación influye de manera determinante en un juicio civil, puede generar esta suspensión. También se estudia si la presentación de una demanda ante un juzgado mercantil, que no carecía manifiestamente de competencia, tiene el mismo efecto.
Contexto del caso
El litigio se originó a partir de la constitución de dos sociedades mercantiles, Bici Sport Tenerife S.L. y Ciclocenter S.L., y la posterior venta de propiedades entre ellas. Los demandantes argumentaron que dichas transacciones fueron realizadas de manera abusiva por uno de los administradores. Sostuvieron que el objetivo era perjudicar a los socios y obtener un beneficio personal para el demandado, el Sr. Ildefonso. Tras ser absueltos en el proceso penal por delitos societarios, los demandantes presentaron una demanda civil. En ella, solicitaron la anulación de los contratos de compraventa y la restitución de los inmuebles.
Suspensión del plazo de caducidad en acciones civiles vinculadas a procesos penales previos
La Audiencia Provincial inicialmente desestimó la demanda civil por considerar que había prescrito el derecho a anular los contratos. Sin embargo, al elevar el caso a la casación, el Tribunal Supremo revisó esta decisión enfocándose en la interacción entre los procesos penal y civil.
El Tribunal Supremo indicó que, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la existencia de un proceso penal que investiga los mismos hechos que un proceso civil puede suspender el plazo de caducidad de la acción civil. Esto se basa en el principio «le criminel tient le civil en état», que establece la primacía del ámbito penal sobre el civil. Según este principio, el proceso penal debe resolverse definitivamente antes de que el civil continúe.
En este caso, al haber una conexión relevante entre los hechos investigados en el proceso penal y los objetos del proceso civil, la promoción de la causa penal suspendió efectivamente los plazos de caducidad para la acción civil. Además, la posterior interposición de la demanda ante un juzgado mercantil que no era manifiestamente incompetente tampoco impidió la suspensión de dichos plazos.
Conclusión | Suspensión del plazo de caducidad
El Tribunal Supremo ha reafirmado que cuando una causa penal influye decisivamente en un juicio civil, esta puede suspender los plazos de caducidad de las acciones civiles relacionadas. Este criterio tiene como objetivo garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. Pretende evitar que las limitaciones temporales impidan la adecuada resolución de disputas legales relacionadas con hechos sometidos a investigación penal.
des. 11, 2024 | Actualitat Prime
Indemnización adicional por despido improcedente a un empleado con menos de un año. Sentencia 318/2024 de 7 Nov. 2024, del Juzgado nº 2 de lo Social de Guadalajara.
El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha emitido una sentencia que obliga a una empresa a pagar 10.000 euros como indemnización adicional tras el despido improcedente de un empleado con menos de un año de antigüedad. Esta resolución va más allá de lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una compensación de 33 días de salario por año trabajado.
Contexto del caso
El trabajador afectado, un auxiliar administrativo contratado a tiempo parcial, fue despedido verbalmente en diciembre de 2023. Según la Tesorería General de la Seguridad Social, este despido se confirmó, pero la empresa no justificó las causas que lo originaron ni acudió a la conciliación previa ni al juicio.
Ante esta situación, el empleado presentó una demanda, posteriormente estimada por el juzgado. La empresa fue condenada a optar por la readmisión del trabajador, con el abono de salarios de tramitación, o a indemnizar con 1.050,36 euros conforme al Estatuto de los Trabajadores, además de los 10.000 euros en concepto de reparación adicional.
Justificación de la indemnización adicional
El juez fundamenta esta reparación extraordinaria en los estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la doctrina de sentencias previas en España. Este criterio busca reforzar la protección laboral y sancionar de manera más severa la falta de justificación empresarial en los despidos.
Criterios legales y procesales relevantes
- Prueba de la causa del despido. Según el Estatuto de los Trabajadores (art. 55), corresponde al empresario justificar los motivos del cese. En este caso, la ausencia de pruebas motivó la declaración de improcedencia.
- Derechos del trabajador. El fallo subraya que, incluso sin la comparecencia de la empresa, el trabajador puede acreditar la terminación unilateral de la relación laboral, como ocurrió en este caso.
- Costas procesales. La incomparecencia de la empresa derivó en su condena al pago de las costas del juicio, incluyendo la minuta del letrado del trabajador, hasta un máximo de 400 euros.
Expectativa sobre futuras resoluciones del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo está evaluando la pertinencia de fijar criterios uniformes para las indemnizaciones adicionales por despido improcedente. Una sentencia al respecto, esperada antes de fin de año, podría consolidar este tipo de reparaciones y establecer parámetros claros para su aplicación.
des. 11, 2024 | Actualitat Prime
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado una sentencia que condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a la empresa Aeromédica Canaria SLU por cesión ilegal de trabajadores. El caso se refiere a una técnica de educación especial que, durante más de una década, mantuvo una sucesión de contratos temporales como fija discontinua para atender a alumnos con discapacidades en centros docentes de la Consejería.
Cesión ilegal de trabajadores
La sentencia, que desestima el recurso de apelación interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, ordena la incorporación definitiva de la trabajadora a la plantilla de la Consejería. Además, establece que deberá disfrutar de los beneficios contemplados en el convenio colectivo aplicable. Asimismo, Aeromédica Canaria SLU deberá pagar a la empleada un total de 20.998,25 euros por diferencias salariales correspondientes al periodo de enero de 2019 a octubre de 2022. Y a esto, se le suma un interés del 10 %.
14 contratos de duración determinada
El TSJC determinó que entre 2011 y 2022 la afectada firmó 14 contratos de duración determinada con Aeromédica Canaria y Clece S.A. Durante este periodo, trabajó como técnica educadora de educación especial con un salario bruto mensual prorrateado de 845,40 euros a jornada parcial. La Sala concluyó que se produjo una cesión ilegal de mano de obra. Argumentó que el trabajo se llevaba a cabo en los centros educativos de la Consejería, utilizando sus recursos. Además, destacó la estrecha coordinación con el personal docente, lo que demuestra la existencia de una relación laboral directa con la administración autonómica.
La Sala concluyó que se produjo una cesión ilegal de trabajadores
Este fallo sigue la línea establecida por una resolución similar del TSJC en 2018, sin encontrar motivos para modificar el criterio anteriormente adoptado. La sentencia resalta que la naturaleza y ejecución del servicio evidencian la inexistencia de una verdadera subrogación de la empresa contratante, fundamentando así la decisión de proteger los derechos laborales de la trabajadora afectada.
La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. Sin embargo, su presentación está sujeta a estrictos requisitos, como el depósito económico obligatorio y la existencia de sentencias contradictorias en instancias inferiores.
des. 11, 2024 | Actualitat Prime
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha ofrecido una interpretación detallada sobre la procedencia de la revisión agravatoria en casos de sentencias absolutorias. Además, estableció directrices destinadas a reforzar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La sentencia en cuestión analiza principalmente la viabilidad de la revisión agravatoria en casos de discrepancia entre una sentencia absolutoria y una posible condenatoria. Destaca que esta revisión solo procede cuando la discrepancia se basa exclusivamente en aspectos jurídicos estrictos.
Contexto del recurso y alegaciones presentadas
El caso fue presentado por DIRECCION000., quien interpuso un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón. Esta sentencia absolvió a los acusados de los delitos de estafa procesal, insolvencia punible y daños. Los recurrentes alegaron una violación de la garantía de tutela judicial efectiva, argumentando que la sentencia carecía de una motivación adecuada respecto al delito de insolvencia punible y la responsabilidad civil derivada de los daños causados en su propiedad.
Análisis del Tribunal Supremo sobre la incongruencia omisiva
El Tribunal Supremo analizó en profundidad los motivos de recurso, especialmente enfocándose en la alegación de incongruencia omisiva. Este concepto se refiere a situaciones en las que una sentencia no responde a todas las pretensiones jurídicas planteadas por las partes. Esto podría implicar una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Sala aclaró que la incongruencia omisiva solo se configura cuando la omisión afecta cuestiones jurídicas planteadas de forma explícita. No aplica a aspectos fácticos ni a la valoración detallada de las pruebas. En este sentido, el Tribunal reiteró que los jueces no están obligados a responder de manera exhaustiva a cada argumento presentado. Basta con que se resuelvan de forma sustancial las pretensiones formuladas.
Restricciones de la revisión agravatoria
Uno de los puntos centrales de la sentencia es la delimitación precisa de cuándo es procedente una revisión agravatoria. El Tribunal Supremo enfatizó que esta vía recursal se destina exclusivamente a la corrección de errores de derecho. Es decir, se aplica a casos en los que la interpretación o aplicación de las normas legales ha sido incorrecta. Para que una revisión agravatoria prospere, debe demostrarse que la diferencia fundamental entre una posible condena y una absolución radica en una cuestión jurídica pura, sin que intervengan elementos fácticos o de valoración probatoria. Esto implica que no se puede utilizar la revisión agravatoria para revaluar hechos probados o introducir nuevas interpretaciones fácticas, ya que tales acciones exceden el ámbito de esta figura procesal.
Implicaciones para la tutela judicial efectiva
El Tribunal también subrayó la importancia de la tutela judicial efectiva, garantizando que las resoluciones respondan de manera fundada y coherente a las pretensiones presentadas. Sin embargo, aclaró que esta garantía no obliga a los jueces a abordar cada argumento detalladamente, sino a resolver las cuestiones planteadas de manera sustancial. Este enfoque busca equilibrar el derecho de las partes a una resolución adecuada con la necesidad de evitar dilaciones innecesarias en el proceso judicial.
des. 11, 2024 | Actualitat Prime
El Consejo de ministros aprueba el proyecto de ley para la industria española y la autonomía estratégica.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que redefine la política industrial en España. Este texto busca modernizar el marco regulatorio existente desde 1992, incorporando nuevos objetivos alineados con la estrategia industrial europea y promoviendo la reindustrialización como eje central.
Principales objetivos de la nueva ley
Así, el proyecto de ley establece una serie de metas:
- Incrementar el peso de la industria en la economía: Contribuir al empleo y a la competitividad del sector.
- Adaptarse a retos globales: En especial, la descarbonización y la transformación digital.
- Garantizar la unidad de mercado: Protegiendo la libertad de establecimiento y circulación de productos.
- Impulsar la autonomía estratégica: Mediante ecosistemas industriales resilientes y proyectos tractores.
Nuevas estructuras de gobernanza industrial
La norma introduce órganos e instrumentos para asegurar una coordinación eficiente entre administraciones y agentes sociales:
- Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica: Define las líneas generales de la política industrial tras consultas con comunidades autónomas y agentes sociales.
- Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica: Una herramienta de tres años de vigencia para ejecutar programas de digitalización, innovación y formación.
- Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI): Coordina las acciones de la Administración General del Estado (AGE).
- Conferencia Sectorial de Industria y PYME: Foro de cooperación entre AGE y comunidades autónomas.
- Foro de Alto Nivel de la Industria Española: Asesora al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINTUR) sobre políticas estratégicas.
Medidas específicas para industrias intensivas en energía
El texto prioriza a las industrias de alto consumo energético, de este modo, pretende facilitar su transición hacia procesos descarbonizados. Las empresas que accedan a estas ayudas deberán implementar planes a largo plazo que describan su senda de eficiencia energética y transición ecológica.
Fomento de la inversión industrial
La ley contempla mecanismos para acelerar grandes proyectos industriales, reconociendo nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Asimismo, se refuerzan los Ecosistemas Industriales Estratégicos mediante ayudas públicas específicas y simplificaciones administrativas.
Regulación de desinversiones y protección de empleo
La norma obliga a las empresas industriales que cesen su actividad en España a notificarlo con al menos nueve meses de antelación. Si recibieron ayudas públicas superiores a tres millones de euros, deberán reembolsarlas si reducen su producción en más del 65% o su plantilla en más de 500 trabajadores.
La Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial
Por otro lado, la creación de la RECAPI representa una novedad. Este fondo pretende asegurar la disponibilidad de productos estratégicos ante crisis, favoreciendo una capacidad de respuesta rápida sin necesidad de almacenaje masivo.
Régimen sancionador actualizado
Finalmente, se establecen sanciones económicas para infracciones según su gravedad:
- Leves: Hasta 60.000 euros.
- Graves: Hasta 6 millones de euros.
- Muy graves: Hasta 100 millones de euros.
Fuente: Consejo de Ministros.
des. 10, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Nestlé España y anula la sentencia de la Audiencia Nacional. No hay modificación sustancial de las condiciones de trabajo en la medida de eliminar la opción de pago de compras mediante descuento en nómina para sus empleados. Este cambio implementado por la empresa fue inicialmente impugnado por varios sindicatos. Estos argumentaron que la modificación representaba una alteración sustancial de las condiciones de trabajo y vulneraba los derechos de los trabajadores.
Argumentos de la empresa para la eliminación del pago de compras mediante descuento en la nómina
Nestlé España S.A. sostuvo que la eliminación del descuento en la nómina no representa una modificación sustancial de las condiciones laborales. Según la empresa, lo esencial en el beneficio ofrecido es la posibilidad de adquirir productos con descuento, independientemente del método de pago utilizado. Argumentaron que los empleados aún tenían la opción de pagar sus compras en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. De este modo, podían mantener el acceso al descuento sin restricciones. Además, señalaron que esta medida no afectaba aspectos fundamentales como el salario, la jornada laboral, las funciones o la antigüedad de los trabajadores.
Decisión de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional, en un procedimiento de conflicto colectivo, había estimado las demandas presentadas por los sindicatos. Declaró nula la medida adoptada por Nestlé y ordenó reinstaurar la opción de descuento en nómina. Consideró que la supresión de esta modalidad de pago alteraba de manera significativa las condiciones laborales de un colectivo relevante de trabajadores.
Fundamentación del Tribunal Supremo | Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
El Tribunal Supremo, al revisar el caso, se basó en la interpretación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. El alto tribunal destacó que para que una modificación sea considerada sustancial, debe alterar de manera notoria aspectos fundamentales de la relación laboral. En este caso, se concluyó que la eliminación del descuento en nómina es una modificación de carácter accesorio y no esencial. Esto se debe a que no afecta directamente aspectos como el salario base, la jornada laboral o las funciones asignadas.
Además, El Tribunal también consideró que la cuantía promedio impactada por el descuento, situada entre 8 y 24 euros mensuales, es mínima. Asimismo, valoró que la medida empresarial tiene una razón legítima. Esta razón es la simplificación de la nómina y la eliminación de conceptos no vinculados directamente con la retribución por el trabajo realizado. Este cambio se inscribe dentro del “ius variandi” empresarial. Es decir, constituye el derecho de la empresa a modificar aspectos organizativos y administrativos, siempre dentro de los márgenes permitidos por la ley.
