Cinco Estados condenados a sanciones económicas por incumplimiento de la Directiva sobre denunciantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en los asuntos C-149/23 (Comisión/Alemania), C-150/23 (Comisión/Luxemburgo), C-152/23 (Comisión/República Checa), C-154/23 (Comisión/Estonia) y C-155/23 (Comisión/Hungría), declarando que estos Estados han incumplido sus obligaciones al no transponer la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de los denunciantes de corrupción y otras infracciones del Derecho de la Unión. Como consecuencia, el TJUE ha impuesto sanciones económicas a estos países.
Obligación de transposición y sanciones impuestas
La Directiva (UE) 2019/1937 establecía un plazo máximo para su transposición por los Estados miembros, fijado el 17 de diciembre de 2021. La Comisión Europea interpuso recursos ante el TJUE al considerar que Alemania, Luxemburgo, la República Checa, Estonia y Hungría no habían adoptado las medidas legislativas necesarias ni habían notificado a la Comisión las disposiciones de transposición.
El TJUE ha estimado los recursos y ha condenado a estos países a pagar una suma a tanto alzado, y en el caso de Estonia, también una multa coercitiva diaria en caso de persistir el incumplimiento.
Las sanciones establecidas son las siguientes:
- Alemania: 34 000 000 euros.
- Luxemburgo: 375 000 euros.
- República Checa: 2 300 000 euros.
- Estonia: 500 000 euros y una multa coercitiva de 1 500 euros diarios.
- Hungría: 1 750 000 euros.
Importancia de la Directiva sobre denunciantes
El TJUE ha destacado la relevancia de esta Directiva, que busca garantizar un alto nivel de protección para quienes denuncien infracciones del Derecho de la Unión. La ausencia de mecanismos nacionales adecuados impide que los denunciantes puedan actuar con seguridad jurídica, lo que debilita la efectividad del marco normativo europeo.
Esta normativa exige a los Estados miembros la creación de canales de denuncia seguros, la protección contra represalias y medidas de apoyo para los denunciantes. La falta de transposición genera incertidumbre y puede desalentar la revelación de infracciones, perjudicando la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Consecuencias jurídicas del incumplimiento
La imposición de sanciones económicas responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión. El TJUE ha rechazado las alegaciones de los Estados miembros sancionados, reafirmando el deber de transposición de las directivas dentro del plazo establecido.
Para Estonia, la multa coercitiva diaria refuerza la urgencia de adaptar su normativa, ya que el pago de esta cantidad se mantendrá hasta que notifique a la Comisión la transposición efectiva.
Fuente: CURIA.
