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Principales novedades fiscales publicadas durante octubre de 2023

nov. 17, 2023 | Dret Tributari

NORMATIVA NACIONAL

Orden HFP/1180/2023, de 26 de octubre. TOL9.741.426

Modifica:

  • Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática. TOL1.398.824

  • Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, de Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. TOL3.004.755

Documentación relacionada:

  • Modificación de declaraciones informativas: Modelos 189 y 720 TOL9.741.874

Acuerdo de 19 de octubre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se acuerda atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid, de forma exclusiva pero no excluyente, el conocimiento de los asuntos relativos a acciones frente a entidades bancarias y financieras relativas a contratos bancarios, productos financieros y de inversión. TOL9.741.431

Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024.TOL9.739.918

Corrección de errores del Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a los mecanismos de elusión del Estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas (BOE de 10 de octubre de 2023). TOL9.700.636

Resolución de 5 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del IPCA previsto en el artículo 19.Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. TOL9.723.150

Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. TOL9.723.152

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6243-2023, promovido por el presidente del Gobierno, contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Disposición 22125 del BOE núm. 259 de 2023

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales en relación con el artículo 4.1, segundo párrafo, 4.2 a) y 4.3 de la Norma Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. Disposición 20994 del BOE núm. 243 de 2023

INFORMACIÓN AEAT

SELECCIÓN DE SENTENCIAS

Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

TOL9.725.706 IRPF. Interpretación del artículo 56 CE y del artículo 2, apartado 4, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 12.10.2023

TOL9.723.485 IVA. “Un órgano jurisdiccional nacional no puede hacer uso de una disposición nacional que lo faculta para mantener determinados efectos de una disposición de Derecho nacional que ha declarado incompatible con la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, basándose en una supuesta imposibilidad de devolver el IVA percibido indebidamente a los clientes de las prestaciones realizadas por un sujeto pasivo, en particular debido al gran número de personas afectadas o cuando esas personas no disponen de un sistema contable que les permita identificar dichas prestaciones y su valor.” 5.10.2023

TOL9.723.488 IVA. Interpretación del artículo 98 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, en relación con el anexo III, puntos 1 y 12 bis, de esta, el artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, y el principio de neutralidad fiscal. 5.10.2023

TOL9.723.483 Los artículos 2, apartado 1, letra a), y 16, párrafo primero, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que la concesión de un regalo de suscripción como contrapartida por la suscripción de un abono a publicaciones periódicas constituye una prestación accesoria a la prestación principal consistente en el suministro de publicaciones periódicas, que está comprendida en el concepto de «entrega de bienes realizada a título oneroso», en el sentido de esas disposiciones, y que no debe considerarse una transmisión de bienes a título gratuito, en el sentido del citado artículo 16, párrafo primero. 05.10.2023

Tribunal Supremo:

TOL9.740.849 Cuando en un mismo documento notarial se formaliza la división en régimen de propiedad horizontal y la extinción del condominio preexistente con adjudicación a los comuneros de su porción, a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de actos jurídicos documentados, solo procede que se liquide por la extinción del condominio al constituir la división horizontal una operación antecedente e imprescindible de la división material de la cosa común. 18.10.2023

TOL9.741.757 IVPEE. Base imponible.La base imponible del IVPEE, art. 6 de la Ley 15/2012, se calcula en función exclusivamente de la condición de productor de electricidad, sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos parcialmente fijados y, por tanto, con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema eléctrico. En el caso de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, forma parte de la base imponible la “prima” o retribución específica percibida, por razón de la tecnología aplicada, denominada retribución a la inversión y la retribución a la operación. 17.10.2023

TOL9.740.574 La asistencia sanitaria prestada por el Servicio Madrileño de Salud a un paciente afectado por la enfermedad denominada COVID-19 que es beneficiario de MUFACE, procede la liquidación de un precio público que debe pagar la compañía aseguradora, en este caso, ASISA, que colabora por medio de concierto con la mencionada mutualidad. 17.10.2023

TOL9.741.539 La base imponible del IVPEE, art. 6 de la Ley 15/2012, se calcula en función exclusivamente de la condición de productor de electricidad, sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos parcialmente fijados y, por tanto, con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema eléctrico. En el caso de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, forma parte de la base imponible la “prima” o retribución específica percibida, por razón de la tecnología aplicada, denominada retribución a la inversión y la retribución a la operación. (…) 16.10.2023

TOL9.740.778 Inicio del plazo de prescripción de créditos de derecho público no tributarios entre administraciones. Crédito por retenciones de IRPF.El derecho interadministrativo es un derecho de naturaleza pública presupuestaria, distinto del derecho tributario que ostenta la administración frente al contribuyente.El dies a quo del plazo de prescripción del derecho interadministrativo comienza en el momento en que se realiza el ingreso indebido. La prescripción no se interrumpe por actos de terceros, como el obligado tributario, que ha de reputarse ajeno a la relación entre ambas Administraciones Públicas. El crédito que una Administración dice ostentar frente a otra deriva de la ley, y no del resultado de las actuaciones de comprobación que, siendo necesarias, no pueden alterar el inicio del plazo de prescripción. 11.10.2023

TOL9.737.660 IBI. La anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales. Estimación. 11.10.2023

TOL9.737.714 1.- La responsabilidad tributaria subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT posee naturaleza sancionadora. 2. Tal naturaleza sancionadora no impide que el legislador, dentro de los límites constitucionales, pueda modular el régimen de inejecutividad de los actos sancionadores, incluidos los basados en la aplicación de la responsabilidad tributaria subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT, sin que una norma con rango de ley que niegue la suspensión automática de la deuda tributaria objeto de derivación -la parte derivada que proviene de deuda estricta- sea contraria a la Constitución. 3. El inciso del artículo 212.3.b), segundo párrafo, in fine, de la LGT, que impide la suspensión automática de la deuda tributaria objeto de derivación, es compatible con el principio constitucional de igualdad, en los términos expuestos. 02.10.2023

TOL9.731.143 El TS establece que Hacienda no puede no puede registrar portátiles fuera del domicilio sin orden judicial. El tribunal analiza la solicitud de entrada y registro, pero referida no a un domicilio constitucionalmente protegido, sino al contenido almacenado en un ordenador personal: requisitos que deben reunir tanto la solicitud como la autorización judicial. (…) 29.09.2023

TOL9.730.848 Incidencia y alcance, en sede de la regularización practicada por IRPF frente al obligado principal, de las cantidades que debiendo ser retenidas no lo fueron por parte del obligado tributario retenedor. Reglas generales y circunstancias específicas. 28.09.2023

TOL9.731.367 IRPF, ejercicios 2013 y 2014. Interpretación del artículo 140.1 LGT. Alcance preclusivo del procedimiento de comprobación limitada del artículo 140 de la LGT.Los efectos preclusivos de una resolución que pone fin a un procedimiento de comprobación limitada se extienden no sólo a aquellos elementos tributarios sobre los que se haya pronunciado expresamente la Administración Tributaria, sino también a cualquier otro elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna documentación justificativa, pero no regularizado de forma expresa. Se ratifica la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de 16 de octubre de 2020 (RCA 3895/2018). 28.09.2023

TOL9.730.919 Las normas procedimentales de los arts. 16.9 del TRLIS y 21 del RIS, únicamente son de aplicación respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas, esto es, en los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas sin que su aplicación puede extenderse, por tanto, a aquellas situaciones en las que se hayan iniciado simultáneamente procedimientos de inspección respecto de las distintas partes vinculadas. 27.09.2023

TOL9.723.306 Aunque la caducidad acontece por el mero transcurso del plazo legalmente establecido, por tanto, con independencia de que exista una declaración de caducidad, la Administración Tributaria está obligada a declarar la caducidad de forma expresa, transcurrido el plazo máximo legal para notificar la correspondiente liquidación en el procedimiento de gestión tributaria iniciado por declaración. (…) 21.09.2023

SELECCIÓN CONSULTAS DE LA DGT Y RESOLUCIONES DEL TEAC

Consultas de la Dirección General de Tributos

V2304-23 Inversión en monedas virtuales en una cuenta de trading en un país extranjero. Normativa: RGAT. RD 1065/2007: art.42 quater.

V2299-23 Consultante es dominante de un grupo que tributa conforme al régimen especial de consolidación fiscal. El grupo está compuesto por dos sociedades, ambas acogidas al régimen especial de arrendamiento de vivienda. Tiene la intención de aportar una rama de su negocio a una sociedad de nueva creación, en concreto un edificio destinado al arrendamiento turístico y de viviendas, junto con el personal responsable de su gestión y el resto de medios materiales vinculados al negocio. Normativa: LIS Ley 27/2014 arts. 48, 49, 62, 70 y 71

V2219-23 Actividad económica de transporte de viajeros con licencia VTC. Si en el ejercicio 2023 podría determinar el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación objetiva. Normativa: Orden HFP/1172/2022, arts. 1, 3. RD 439/2007, art. 34

V2134-23 Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. Están exentos los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones y que los titulares de las explotaciones hayan sufrido en 2023 una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos un 20 por ciento con respecto a la media de los últimos tres años.Requisitos que deben reunir los titulares para solicitar esta exención. Normativa: TRLRHL RD Leg. 2/2004. Artículos 61, 63. RDLey 4/2023 Artículo 12.

V2320-23 Deducibilidad del IVA soportado en otros Estados miembros de la Unión Europea. Normativa: Ley 37/1992 art. 117-bis RIVA RD 1624/1992 art. 30-ter

V1916-23 Si la escritura pública de reconocimiento del derecho de la propiedad a favor de la consultante y su exmarido está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Normativa: TRLITPAJD RDLeg 1/1993 art. 7-2-D) y 31-2

V2111-23 Se adquirió un terreno urbanizable en el año 2022. Se le ha notificado requerimiento de pago del impuesto de los ejercicios 2022 y 2021 por hipoteca legal tácita, además de requerir los pagos pendientes de los años 2012 al 2020 no amparados por hipoteca legal tácita. Se plantea si se le puede requerir dichos pagos sin más especificación. Normativa: TRLRHL RD Leg. 2/2004 Artículo 64. Ley 58/2003 Artículos 41, 43, 78 y 79.

Resoluciones del Tribunal Económico – Administrativo Central

  • TOL9.739.924 Sanción por infracción tributaria artículo 203 LGT. Concurrencia del elemento subjetivo de la infracción tributaria en el caso de que se haya entendido rechazada la notificación de los requerimientos de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. Lugar de residencia.
  • TOL9.723.614 Procedimiento de comprobación limitada. Ampliación del alcance de las actuaciones en la propuesta de liquidación. STS de 3 de mayo de 2023 (Rec. Casación nº 5101-2020).
  • TOL9.714.537 Recurso extraordinario en unificación de criterio. Inadmisibilidad. Existencia de doctrina previa vinculante del TEAC. Ejecución. Único acto administrativo que contiene varias liquidaciones correspondientes a diferentes períodos.

NOTICIAS

SELECCIÓN DOCTRINA

  • TOL9.741.876 Nuevos mapas de valores para la determinación de los valores de referencia.
  • TOL9.741.875 La modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
  • TOL9.714.101 Asistentes virtuales ¿medio eficaz para informar al contribuyente?
  • TOL9.713.654 Becas para opositar a Hacienda: el Ministerio te ayuda.
  • TOL9.713.653 Sanciones tributarias, principios de legalidad y de proporcionalidad. Comentario a las SSTS de 25 y 26 de julio de 2023.
  • TOL9.713.652 El recurso de alzada ordinario tributario.
  • TOL9.713.651 Manual práctico IVA 2023.

LIBROS

El control judicial en el procedimiento de la fiscalía europea de España.

Autor/a: Lidia Domínguez Ruiz

Los derechos fundamentales del contribuyente. Su protección en la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Autor/a:José Luis Bosch Cholbi

Coordinadores: Benjamín Sevilla Bernabéu Ana María Vera Ivars

Estudios sobre las finanzas públicas ante la España despoblada

Autor/a: José Antonio Sánchez Galiana.

Coordinadores: Daniel Casas Agudo Francisco García Fresneda Gea

Impuesto sobre Sociedades. Régimen general y empresas de reducida dimensión 13ª Edición

Autor/a: Ángeles Pla Vall

La fiscalización superior en América Latina y El Caribe

Autor/a: David Rogelio Colmenares Páramo

SELECCIÓN CONSULTAS (SERVICIO CONSULTORÍA TIRANT)

  • TOL9.739.971 Autónomo en estimación directa.
  • TOL9.741.181 Gastos deducibles S.L
  • TOL9.738.025 Empresario contrato alquiler con opción a compra.
  • TOL9.740.049 Iva de los intereses de un leasing.
  • TOL9.740.081 Venta finca sita en España por residente en Andorra.
  • TOL9.739.754 Factura proforma por servicios de asesoramiento fiscal y laboral.

Teletrabajo en las Administraciones Públicas: Puntos Críticos

nov. 17, 2023 | Dret Laboral, Dossiers

El Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 47 bis relativo al "teletrabajo”, introducido por del RD-Ley 29/2020 de 29 de septiembre establece:

«Artículo 47 bis. Teletrabajo.

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.»

En el presente dosier se recopilan las sentencias en el orden contencioso administrativo que se han dictado sobre el citado artículo

II.- SENTENCIAS
1. Puesto de trabajo susceptible de ser ejercido en régimen de teletrabajo.
-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos, de 29 de noviembre de 2021 (TOL8.730.076)

(…) La definición de teletrabajo, como se ha dicho, es la modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar parte de las funciones propias de su puesto de trabajo desde su oficina a distancia mediante el uso de medios telemáticos.

Por tanto, no resulta que el desempeño del puesto de trabajo de Letrado Jefe en una modalidad de teletrabajo nivel 2 contravenga los artículos 4 y 5.1.b) del Decreto 16/2018, pues se trata de desarrollar parte de las funciones propias del puesto de trabajo, no todas, desde la oficina a distancia mediante el uso de medios telemáticos.

En sentido contrario:

- Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 29/11/2022 (TOL9.352.984):

(…) El recurrente desarrolla reuniones presenciales semanales, así como otras que se precisan dadas las situaciones imprevistas que surgen, bien con asuntos de los CEAS o bien con los equipos de segundo nivel, y muchos expedientes no están digitalizados con lo que siguen en papel y así se remiten a los organismos competentes.

Este tipo de puesto no es compatible con el teletrabajo ni se trata de un puesto en el que se pueda realizar una valoración de cada una de las tareas a desempeñar y así, determinar cuál es el porcentaje de jornada a realizar necesariamente de manera presencial y qué otro porcentaje pudiera desempeñarse a distancia, precisamente porque en este tipo de puestos es necesario garantizar la presencialidad.

2. No es un derecho subjetivo del funcionario. No cabe imponer el teletrabajo.
-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de enero de 2023 (TOL9.395.238):

La funcionaria sostiene que el viaje en transporte público a su centro de trabajo supone un riesgo evidente de contagio que aunque ya está vacunada, la vacunación no es . . .

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Indemnización por la suspensión del servicio durante el estado de alarma

nov. 16, 2023 | Actualitat Prime

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha emite una sentencia por la que obliga a la Consejería de Educación de la Región de Murcia a indemnizar a empresa de transporte escolar por la suspensión del servicio. La resolución se centra en la indemnización por la suspensión del servicio de la empresa de transporte escolar durante el estado de alarma declarado a causa del COVID-19.

Antecedentes | Indemnización por la suspensión

Durante el estado de alarma, la Consejería de Educación suspendió los servicios de transporte escolar.

En junio de 2021, la Consejería emitió una Orden que extendía la duración de los contratos de transporte escolar de septiembre a diciembre de 2021. Esta medida se propuso como compensación por la suspensión de servicios durante el estado de alarma.

La empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejería. Su reclamación se centraba en el derecho a recibir una indemnización, argumentando que la ampliación del contrato no era suficiente. E incluso que había posibilidad de prórrogas legales adicionales del contrato.

Real Decreto 8/2020

Asimismo, la disputa giraba en torno a la clasificación del contrato como de concesión o gestión de servicio público y no como un contrato de servicios.

Según el Real Decreto 8/2020, en el contexto de las medidas para mitigar las consecuencias del COVID-19, se preveían indemnizaciones para ciertos tipos de contratos, pero la Orden de la Consejería excluía esta posibilidad para el contrato de transporte escolar.

Resolución del Tribunal

El TSJ de Murcia determinó que, aunque originalmente pudiera ser dudoso el tipo de contrato, la administración actualmente lo considera y lo denomina en todos los pliegos como un contrato de servicios. En la misma línea, señala que fue la misma Consejería la que incitó a las empresas a solicitar la indemnización, lo que contradecía su posterior decisión de ofrecer una ampliación de contrato en lugar de una indemnización.

Por lo tanto, el Tribunal argumenta que, si la administración consideraba que la empresa no tenía derecho a indemnización, debía haberlo denegado de forma motivada. Y ofrecer la ampliación del contrato solo si era solicitada por la empresa.

Finalmente, el Tribunal Superior, concluye que la administración actuó de manera contraria a sus propios actos. Y del mismo modo sin dar oportunidad a la empresa de ser escuchada sobre la cuestión, violando el procedimiento legalmente establecido. En consecuencia, la Sala anuló la Orden de la Consejería y reconoció el derecho de la empresa a una indemnización.

Posibilidad de Recurso

Es posible recurrir la sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, siempre que el caso presente interés casacional.

TJUE | El cambio de titular de una notaría puede constituir transmisión de empresa

nov. 16, 2023 | Actualitat Prime

El Tribunal de Justicia de la Unión Europeo ha resuelto una cuestión prejudicial sobre los efectos del cambio de titularidad de una notaría. 

Los asuntos acumulados C-583/21 a C-586/21 recogen el caso de cuatro empleados de una notaría en Madrid, que, tras el cambio de titularidad de la empresa, fueron despedidos. Los trabajadores continuaron con su plaza de trabajo anterior, sin embargo, al poco tiempo el nuevo titular alegó que los trabajadores no habían superado el periodo de prueba. El juez español consulta al TJUE si se trata de un caso de transmisión de empresa.

Los trabajadores presentaron demanda ante un tribunal de la ciudad, impugnando sus despidos por parte del nuevo titular de la notaría. Además, solicitan que se calcule la antigüedad desde el inicio de su trabajo en la notaría, y no desde el cambio la titularidad del negocio. Contra esta solicitud, el nuevo notario argumenta que la antigüedad debería comenzar desde la fecha en que él firmó los contratos laborales.

Para resolver el caso, el juez de Madrid pregunta al TJUE si la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas (Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001) es aplicable a esta situación, dadas las particularidades de la profesión notarial en España.

Sobre la consideración de transmisión de empresa

El TJUE establece que, a pesar de que los notarios españoles son funcionarios públicos, su actividad se considera una actividad económica recogida por la Directiva. La empresa ofrece servicios retribuidos en condiciones de competencia, por lo tanto, el Tribunal sostiene que no pueden considerarse autoridades administrativas públicas.

En cuanto a la transmisión de la notaría, el Tribunal de Justicia establece que el cambio de titularidad se equipara a un cambio de empresario, a pesar de que el nombramiento sea por el Estado. En estos casos, la Directiva protege los derechos de los trabajadores. Además, señala que el mantenimiento de la identidad de la notaría es el criterio decisivo para determinar si existe transmisión o no. 

El artículo 1.b) de la Directiva dispone lo siguiente: «se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria».

La identidad se mantiene si, tras el cambio de titularidad, se hace cargo de una parte sustancial de la plantilla y se hace cargo de la misma actividad que su predecesor. La asunción de los mismos medios materiales y locales de la notaría también se considera muestra de la identidad asumida.

En el caso concreto, el TJUE deja en manos del juez madrileño la decisión sobre si efectivamente se mantuvo la identidad del negocio.

 

Otras noticias de interés:

El Tribunal Supremo establece que la falsedad de un certificado inocuo no implica la comisión de un hecho delictivo

Denegar al abogado sentarse junto al cliente no provoca indefensión

nov. 16, 2023 | Actualitat Prime

No se puede anular un juicio con motivo de que el abogado no pueda sentarse junto al cliente. [TOL9.750.678]

La reciente sentencia del Tribunal Supremo 779/2023, de 18 de octubre, resuelve la cuestión de si la negativa de permitir que un abogado se siente junto a su cliente durante un juicio constituye motivo suficiente para anular dicho proceso. La Sala, al analizar el caso específico, ha destacado que la mera denegación de esta petición no vulnera automáticamente el derecho de defensa y, en consecuencia, no implica la nulidad de la vista.

El tribunal considera que el sustento de la solicitud de nulidad debe basarse en cómo la decisión adoptada afecta concretamente los derechos del acusado. Establece que una alegación genérica sobre la supuesta vulneración de derechos constitucionales no es suficiente para justificar la repetición del proceso.

No identifica la indefensión que provoca sentarse separados

La sentencia puntualiza que, en el caso examinado, no se ha señalado que el abogado solicitara explícitamente al tribunal la autorización para mantener un contacto directo con su cliente, en relación con preguntas planteadas o intervenciones testimoniales. Asimismo, no se evidencia que la cantidad de documentos presentados en el caso requiriera una interacción continua que permitiera una mejor exposición o análisis por parte del abogado, ni ninguna otra circunstancia que demostrara una lesión en sus derechos.

El tribunal establece el siguiente razonamiento: «no puede apreciarse la nulidad postulada, por cuanto con independencia de que se trate de un derecho que puede pedir la parte para consultar cualquier cuestión el letrado a su cliente acusado, ello no impide que si se hubiera dado el caso hubiera podido interesar el letrado del Tribunal que le hubiera permitido realizar cualquier consulta el letrado al acusado, si no estaba cerca de él en estrados como interesó». Al no constar incidencia alguna sobre la prohibición de comunicación, la petición de nulidad de juicio no puede prosperar.

La pérdida de oportunidades de defensa

La clave para que se produzca la nulidad del juicio, según indica la sentencia, radica en la pérdida efectiva de oportunidades de defensa. No todas las irregularidades o afectaciones en el proceso conducen a este resultado. Así, destaca la importancia de identificar de manera específica la indefensión sufrida para poder fundamentar la solicitud de nulidad y garantizar un proceso judicial justo.

De este modo, el Supremo establece que el hecho de no sentarse junto al cliente no implica una vulneración directa en sus derechos. Para ello, debe justificarse el motivo por el que se produce la vulneración de su derecho de defensa. 

 

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