set. 20, 2024 | Actualitat Prime
Cláusulas de paridad de tarifas en plataformas de reservas y su implicación en el Derecho de la competencia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizó las cláusulas de paridad de tarifas impuestas por plataformas de reserva de alojamientos en línea, como Booking.com. Estas cláusulas restringen a los establecimientos hoteleros de ofrecer tarifas más bajas en otros canales. Su objetivo es mantener la coherencia de precios en la plataforma. Sin embargo, la legalidad de estas cláusulas, en particular su compatibilidad con el Derecho de la competencia de la Unión, ha sido cuestionada.
Cláusulas de paridad de tarifas
En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aborda dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas cuestiones se refieren al Reglamento (UE) n.º 330/2010 y a las cláusulas de paridad de tarifas impuestas por Booking.com a hoteles en Alemania.
Interpretación del Artículo 101 TFUE
Se solicitó al Tribunal determinar si las cláusulas de paridad amplias y restringidas, incluidas en los contratos entre las plataformas de reserva en línea (OTA) y los proveedores de alojamiento, constituyen «restricciones accesorias». Estas restricciones podrían quedar excluidas de la prohibición de acuerdos restrictivos del artículo 101 TFUE, apartado 1. Estas cláusulas prohíben a los hoteles ofrecer tarifas más bajas en sus propios canales de venta o en plataformas competidoras.
El Tribunal reafirma que una restricción puede considerarse accesoria solo si es objetivamente necesaria para la operación principal y proporcionada a los objetivos perseguidos. Si bien la prestación de servicios de reserva en línea tiene un efecto neutro o positivo en la competencia, no se demuestra que las cláusulas de paridad sean objetivamente necesarias. Estas cláusulas no resultan indispensables para la operación. Además, las cláusulas de paridad amplia y restringida generan restricciones significativas a la competencia, limitando la posibilidad de que las plataformas compitan entre sí y afectando negativamente a nuevos entrantes en el mercado. Por lo tanto, estas cláusulas no pueden considerarse restricciones accesorias y no están exentas de la prohibición del artículo 101 TFUE.
Definición del mercado de referencia
En la segunda cuestión, se solicitó aclarar cómo debe definirse el mercado de referencia en el contexto de las plataformas de reservas online. Esto es necesario para la aplicación del Reglamento n.º 330/2010, que establece un umbral de cuota de mercado del 30%. El Tribunal señaló que, para definir dicho mercado, debe evaluarse la sustituibilidad entre los servicios de intermediación en línea y otros canales de venta desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Esto implica un análisis fáctico que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional. Las resoluciones previas en Alemania que definieron el mercado de las plataformas hoteleras como el relevante constituyen un precedente importante. Sin embargo, no son vinculantes para la decisión del tribunal neerlandés.
Conclusión sobre las cláusulas de paridad de tarifas
El TJUE concluyó que las cláusulas de paridad de tarifas, tanto amplias como restringidas, no pueden ser calificadas como «restricciones accesorias». Esta calificación se rechaza bajo el Derecho de la competencia de la Unión. Su aplicación no está justificada, y su impacto negativo sobre la competencia y el mercado es mayor que los beneficios que puedan generar para las plataformas de reserva.
set. 20, 2024 | Actualitat Prime
El Supremo permite el cambio de lugar de nacimiento para un menor nacido por gestación subrogada en otro país.
El Tribunal Supremo ha emitido la sentencia 1141/2024, de 17 de septiembre de 2024, en la que se permite a los padres de un menor nacido mediante gestación subrogada cambiar el lugar de nacimiento registrado por el del domicilio familiar en España.
La ley vigente del Registro Civil contemplaba la posibilidad de modificar el lugar de nacimiento en casos de adopciones internacionales. Sin embargo, esta normativa no incluía expresamente a los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. En el caso, los padres biológicos del menor solicitaron la modificación del lugar de nacimiento registrado por el del domicilio de la familia en España. Alegaron que el país de origen no tenía ninguna vinculación personal o familiar con el niño.
Este cambio fue denegado inicialmente por el Registro Civil y ratificado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Tras la desestimación de la demanda en primera instancia y en apelación, los padres interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Fundamentación jurídica del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha considerado aplicable por analogía el artículo 16.2 de la Ley del Registro Civil, que permite en adopciones internacionales modificar el lugar de nacimiento por el del domicilio familiar. El razonamiento jurídico se apoya en los artículos 4.1 del Código Civil, que permite la aplicación analógica de las normas, y en la analogía con los casos de adopciones internacionales, ya que el lugar de nacimiento en un país extranjero podría revelar circunstancias sensibles sobre el origen del menor.
El Tribunal también ha invocado preceptos constitucionales fundamentales, como el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 de la Constitución), el principio de no discriminación (art. 14) y el derecho a la protección de los hijos por parte de los poderes públicos (art. 39.2).
El derecho a la intimidad y la no discriminación
El Tribunal argumenta que la publicidad de un lugar de nacimiento en el extranjero en documentos como el pasaporte o el DNI del menor constituiría una violación del derecho a la intimidad, ya que revelaría de manera implícita las circunstancias de su origen, en este caso, mediante gestación subrogada. Este hecho es especialmente relevante, ya que no se aplican las mismas restricciones a los menores adoptados internacionalmente, cuyo lugar de nacimiento puede ser modificado por el del domicilio familiar sin problema.
El fallo también resalta que, a efectos de igualdad, no debería existir diferencia de trato entre los menores adoptados internacionalmente y aquellos nacidos por gestación subrogada en cuanto al derecho a modificar el lugar de nacimiento registrado. En este sentido, el Tribunal considera que el trato diferencial podría suponer una forma de discriminación, en violación del artículo 14 de la Constitución.
Fuente: CGPJ
set. 20, 2024 | Actualitat Prime
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha sancionado por unanimidad a un abogado con un apercibimiento, al comprobarse que presentó citas falsas de doctrina en una demanda de amparo. El letrado incluyó en su escrito referencias a 19 sentencias supuestamente emitidas por el TC, citadas como si fueran reales, pero que resultaron inexistentes. Como consecuencia, se dio traslado del caso al Colegio de Abogados de Barcelona para que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Motivo de la sanción | citas falsas de doctrina
La sanción se origina tras verificar el tribunal que las citas doctrinales incluidas en la demanda no correspondían a ninguna sentencia real del TC. Esto conllevó a la inadmisión del recurso, al no cumplirse el requisito de «especial trascendencia constitucional». Previsto en los artículos 49.1 y 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Dado que las citas falsas formaban parte de la demanda de amparo, se trasladó el asunto a la Sala Primera, que mediante providencia del 20 de mayo de 2024, inició un procedimiento sancionador contra el abogado. Amparándose en los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 80 de la LOTC. Este último regula la policía en estrados y remite a la LOPJ para posibles infracciones disciplinarias.
Proceso de sanción
Tras abrirse el procedimiento sancionador, se notificó al abogado, al procurador de la parte recurrente y a la Fiscalía del Tribunal Constitucional para que presentaran sus alegaciones. En su defensa, el abogado argumentó que las citas irreales fueron consecuencia de una desconfiguración en una base de datos. Según explicó, dicha base de datos era la que utilizaba para preparar el caso. No obstante, el TC desestimó esta justificación, al no aportar pruebas ni intentar demostrar la veracidad de su defensa.
El Tribunal, además, destacó que independientemente del origen del error, el abogado es responsable de revisar detalladamente cualquier documento presentado en un proceso constitucional, en este caso una demanda de amparo, antes de su entrega al procurador y posterior presentación ante el Tribunal.
Sancionado por presentar citas falsas de doctrina en una demanda de amparo
El TC concluyó que el abogado incurrió en una falta de respeto hacia la Sala y el Tribunal, no mediante insultos, sino al presentar como veraces citas doctrinales inexistentes. Este acto constituye una clara falta de respeto a la función jurisdiccional del Tribunal. Aunque estas citas no afectaban a la resolución del recurso, sí alteraron el trabajo del Tribunal al tener que verificar la autenticidad de dichas referencias.
En cuanto a la sanción, la Sala optó por un apercibimiento, la sanción menor prevista en el artículo 554.1 LOPJ. Esta decisión se debió a la ausencia de antecedentes disciplinarios del abogado y a la escasa repercusión práctica de las citas falsas, que eran fácilmente identificables como irreales.
set. 19, 2024 | Actualitat Prime
El TJUE rechaza la tramitación acelerada del caso de los parques eólicos planteado por el TSXG.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido no aceptar la tramitación acelerada solicitada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el caso de la triple cuestión prejudicial sobre los parques eólicos. El TSXG había elevado al TJUE la cuestión de si la Xunta de Galicia debía haber puesto a disposición del público los informes sectoriales vinculados a los proyectos de parques eólicos antes de aprobarlos, con el fin de permitir la presentación de alegaciones.
El fundamento del rechazo
El TJUE ha justificado su decisión señalando que la tramitación acelerada es una medida excepcional. Sólo es aplicable cuando exista el riesgo de que se produzcan “consecuencias irremediables para el medio ambiente”.
En este caso, el Tribunal ha concluido que no se ha demostrado la existencia de dicho riesgo, ya que, hasta el momento, los parques eólicos en cuestión no están en proceso de construcción. El TJUE subraya que, a pesar de los recursos presentados, no se infiere que los proyectos hayan avanzado en su fase de ejecución, lo cual elimina la urgencia que justificaría un tratamiento acelerado del procedimiento.
Aunque ha rechazado la tramitación acelerada, el TJUE ha reconocido la relevancia de las cuestiones planteadas por el TSXG. En su auto, emitido el 10 de septiembre, el Tribunal ha destacado que la naturaleza del caso y la trascendencia de las cuestiones jurídicas expuestas. Por ello, aunque no se acelere, se le dará cierta prioridad respecto de otros asuntos.
Esta decisión del TJUE implica que el procedimiento seguirá su curso ordinario, pero con una atención prioritaria. No obstante, la resolución de las cuestiones planteadas puede tener implicaciones significativas para el proceso de autorización de los proyectos eólicos en Galicia. Particularmente, en lo que respecta a la participación pública y la transparencia en la fase de tramitación de estos proyectos.
Noticia relacionada:
El TSXG solicita al TJUE una tramitación acelerada de la cuestión prejudicial sobre autorizaciones para parques eólicos
set. 19, 2024 | Actualitat Prime
El TEDH establece que la transfusión de sangre realizada vulneró el derecho a la autonomía de la paciente.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a pagar 26.000 euros a una paciente que recibió transfusiones de sangre no consentidas durante una operación quirúrgica en un hospital público de Madrid. El caso plantea una colisión entre los derechos fundamentales de la vida y la libertad religiosa. Ambos derechos se encuentran recogidos en los artículos 8 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En el caso, la paciente había registrado un documento de instrucciones previas en el que manifestaba su rechazo absoluto a recibir transfusiones de sangre, en línea con sus creencias religiosas (testigo de Jehová). Pese a esta declaración clara de voluntad, cuando fue trasladada a Madrid por una hemorragia severa, los médicos administraron tres transfusiones sin su consentimiento.
A pesar de que la paciente estaba consciente y reiteró su negativa verbalmente, el equipo médico solicitó autorización judicial para actuar. El juez, sin conocer la identidad precisa de la paciente ni el contenido de sus instrucciones, permitió que se llevaran a cabo todos los procedimientos necesarios para salvar su vida, incluidas las transfusiones.
El consentimiento informado e instrucciones previas
La Ley 41/2002 establece que las instrucciones previas son vinculantes siempre que estén debidamente registradas y disponibles. En este caso, la paciente había seguido todos los pasos establecidos, dejando claras sus intenciones tanto en el registro como en el hospital donde se le atendió inicialmente. Por ello, el TEDH consideró que las autoridades españolas, al autorizar la administración de transfusiones, violaron el artículo 8 del CEDH, al no respetar su derecho a la vida privada ni su libertad religiosa.
Fallo del TEDH y sus implicaciones
El TEDH dictaminó que la decisión de no respetar las instrucciones previas fue una vulneración de los derechos fundamentales de la paciente. A pesar de la gravedad de su situación médica, el tribunal europeo destacó que la autonomía del paciente debe prevalecer en este tipo de casos. La sentencia obliga a España a indemnizar a la paciente con 12.000 euros por daños morales y 14.000 euros en costas legales.
Caso Pindo Mulla contra España – 15541/20. Sentencia TEDH 17.9.2024.