jul. 11, 2025 | Actualitat Prime
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, ha concluido que el Estado miembro que deniega la ejecución de una orden de detención europea debido a riesgos para los derechos fundamentales está obligado a ejecutar en su propio territorio la pena impuesta por el Estado emisor. Esta obligación busca evitar situaciones de impunidad dentro del espacio judicial europeo.
Denegación de la orden de detención europea por condiciones penitenciarias
Un nacional rumano y un nacional belga, ambos residentes en Bélgica, fueron objeto de sendas órdenes de detención europeas. Emitidas por Rumanía y Grecia, respectivamente, para el cumplimiento de penas de prisión. Sin embargo, los tribunales belgas denegaron la ejecución de ambas órdenes. Consideraron que las condiciones de reclusión en los países emisores supondrían una violación de los derechos fundamentales de las personas reclamadas.
Ante esta situación, la Cour de cassation (Tribunal de Casación belga) planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal quería aclarar si, en estos supuestos, las autoridades belgas están obligadas a ejecutar la pena en su territorio como alternativa a la entrega.
La orden de detención europea y el deber de cooperación
Fundamento en la Decisión Marco 2002/584/JAI
Según el Abogado General, los Estados miembros deben ejecutar toda orden de detención europea, salvo en casos excepcionales previstos por la normativa, como el riesgo real de vulneración de derechos fundamentales. Este motivo, aunque no previsto originariamente, ha sido reconocido por la jurisprudencia del TJUE como causa de no ejecución obligatoria.
No obstante, Rantos subraya que, en caso de denegación por esta causa, el Estado miembro de ejecución tiene el deber de aplicar la vía complementaria prevista en la misma Decisión Marco: cuando el reclamado sea nacional o residente, y el Estado se comprometa a ejecutar la pena conforme a su Derecho interno, la orden de detención europea no se ejecuta, pero sí lo hace la condena.
Evitar la impunidad y garantizar la reinserción
Ejecución de la pena en virtud de la Decisión Marco 2008/909/JAI
El Abogado General recuerda que el objetivo central de la orden de detención europea es combatir la impunidad. Permitir que una persona con condena firme quede en libertad por la mera imposibilidad de entrega iría en contra de ese propósito. Por ello, considera incoherente que esta situación quede al arbitrio de las autoridades judiciales: cuando se cumplen los requisitos, debe existir una obligación de ejecutar la pena en el país de residencia o nacionalidad.
Además, esta ejecución local favorece la reinserción social del condenado, pues se cumple la pena en un entorno que facilita dicho proceso, elemento esencial en toda política penal europea.
Conclusión: ejecución de la pena como deber jurídico
Las conclusiones del Abogado General establecen un principio claro: si una orden de detención europea no puede ejecutarse por motivos ligados a los derechos fundamentales, el Estado de ejecución debe asumir la responsabilidad de ejecutar la pena. Esta interpretación refuerza la eficacia del mecanismo de cooperación judicial y garantiza que los delitos no queden impunes por fallos estructurales en determinados sistemas penitenciarios.
jul. 10, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la legalidad de la decisión adoptada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) por la que se identifica a la melamina como sustancia extremadamente preocupante, conforme a los criterios establecidos por el Reglamento REACH. Esta clasificación se fundamenta en los efectos potencialmente graves que esta sustancia puede tener tanto para la salud humana como para el medio ambiente.
Melamina como sustancia extremadamente preocupante: procedimiento de identificación
El 26 de agosto de 2022, la autoridad competente alemana presentó un expediente ante la ECHA solicitando la identificación de la melamina como sustancia extremadamente preocupante. Tras someter la propuesta a consulta pública y recibir el voto unánime del Comité de los Estados Miembros (CEM), la ECHA adoptó su decisión el 16 de diciembre de 2022.
El motivo de esta clasificación radica en que la melamina posee propiedades intrínsecas que, de manera aislada o combinada, pueden generar efectos graves sobre la salud y el entorno natural. En particular, se valoró su persistencia, movilidad y capacidad de transporte a larga distancia en el medio ambiente.
Recurso empresarial contra la clasificación como sustancia extremadamente preocupante
Varias empresas productoras y usuarias de melamina —como LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, Cornerstone Chemical Co. y Fritz Egger GmbH & Co. OG— impugnaron la decisión ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la inclusión de la melamina como sustancia extremadamente preocupante. Alegaron, entre otros motivos, errores en la apreciación científica y la vulneración de su derecho a ser oídas durante el procedimiento.
Sin embargo, el Tribunal General desestimó sus argumentos. En primer lugar, aclaró que la identificación de una sustancia extremadamente preocupante no requiere que una única propiedad intrínseca provoque un daño por sí sola, sino que basta con que, en conjunto con otras propiedades, pueda contribuir a un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente.
El derecho de participación en el procedimiento REACH
En segundo lugar, el Tribunal rechazó la alegación relativa al derecho de audiencia. Recordó que el Reglamento REACH no otorga a las partes interesadas un derecho formal a ser oídas, sino que prevé únicamente un proceso de consulta pública. La participación como observadores en el CEM no confiere tampoco un derecho autónomo a intervenir más allá de la presentación de observaciones específicas.
Confirmación definitiva: melamina como sustancia extremadamente preocupante
El Tribunal General concluye que la ECHA actuó correctamente y sin error manifiesto al incluir la melamina en la lista de sustancias extremadamente preocupantes. De este modo, se confirma su clasificación como sustancia química que plantea riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.
jul. 10, 2025 | Actualitat Prime
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por delito continuado de abuso sexual a menor de edad. Desestimando el recurso de casación interpuesto por el condenado. La sentencia mantiene una pena de doce años de prisión, así como medidas de alejamiento, libertad vigilada y una indemnización por daños morales. La decisión subraya la aplicación de la fenomenología de los delitos sexuales como base argumentativa clave para validar la prueba testifical de la víctima. Pese al tiempo transcurrido entre los hechos y su revelación.
La fenomenología de los delitos sexuales como clave para valorar el testimonio
El Tribunal otorga plena validez al testimonio de la menor, destacando su coherencia, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Pese al retraso en la revelación de los hechos, la Sala considera que dicho retraso es comprensible a la luz de la fenomenología de los delitos sexuales cometidos contra menores, disciplina que estudia los factores que inciden en la conducta de la víctima antes, durante y después del abuso.
Factores psicológicos y sociales que dificultan la denuncia
La sentencia reconoce que la fenomenología de los delitos sexuales identifica barreras intrapersonales, socioculturales e interpersonales que dificultan la denuncia temprana. Entre ellas, la jurisprudencia subraya:
- La vergüenza o el miedo al agresor.
- La culpa interiorizada por la víctima.
- La falta de comprensión del carácter abusivo de los actos, especialmente cuando estos se producen en el entorno familiar o de confianza.
Estas circunstancias han sido corroboradas por informes psicológicos que reflejan sintomatología compatible con estrés postraumático, derivado del abuso.
Valoración conjunta de la prueba: enfoque desde la fenomenología de los delitos sexuales
El Tribunal confirma que los órganos judiciales de instancia y apelación valoraron correctamente el conjunto probatorio, conforme a la fenomenología de los delitos sexuales. Esta perspectiva permite comprender cómo el trauma puede afectar tanto al relato como a los tiempos de denuncia. La Sala valora:
- El testimonio sostenido de la menor.
- Las declaraciones de familiares y personas del entorno.
- Los informes psicológicos, que no detectan fabulación ni patología que afecten su credibilidad.
Presunción de inocencia y rechazo de la ley penal más favorable
El Tribunal Supremo descarta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, afirmando que la sentencia está debidamente motivada y ajustada a derecho. También rechaza aplicar una ley penal posterior más favorable, al comprobar que la pena impuesta se encuentra dentro de los márgenes legales vigentes tanto en la legislación anterior como en la actual.
Fallo del Supremo: condena firme con fundamento en la fenomenología de los delitos sexuales
El recurso de casación ha sido rechazado en su totalidad, quedando firme la condena de doce años de prisión, junto con las medidas accesorias. La fenomenología de los delitos sexuales ha sido decisiva para entender la dinámica del abuso, valorar la prueba y descartar cualquier sospecha sobre la credibilidad de la víctima.
jul. 9, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de junio de 2025, ha determinado que el mínimo de percepción en las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera forma parte del régimen tarifario y, por tanto, debe ser objeto de revisión periódica. El fallo resuelve un recurso de casación interpuesto por una asociación empresarial del sector frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Controversia sobre el mínimo de percepción en transporte público
Recurso contra la negativa a su consideración tarifaria
La controversia jurídica se centraba en si el mínimo de percepción, una vez incluido por la Administración en los pliegos concesionales, debía considerarse como una tarifa más del contrato de concesión, sujeta a la revisión obligatoria prevista en el artículo 19.5 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
La sentencia recurrida sostenía que el mínimo tenía un carácter compensatorio, especialmente aplicable a trayectos de corta distancia, y que no constituía propiamente una tarifa. La asociación recurrente defendía lo contrario: que el mínimo de percepción es un componente económico del precio del servicio público y, como tal, debe revisarse anualmente.
El Supremo aclara la naturaleza jurídica del mínimo de percepción
Doctrina fijada sobre el mínimo de percepción
El Alto Tribunal establece una doctrina clara:
- La inclusión del mínimo de percepción en los pliegos de la concesión es potestativa por parte de la Administración.
- No obstante, una vez incorporado, adquiere naturaleza tarifaria y debe someterse a revisión periódica como el resto de las tarifas del servicio.
- El hecho de que se aplique a trayectos cortos no lo excluye del concepto de tarifa como contraprestación por el servicio prestado.
- El Supremo rechaza que su carácter tarifario derive exclusivamente del Real Decreto 70/2019, afirmando que su naturaleza ya era tarifaria con anterioridad.
Fallo favorable y efectos jurídicos del reconocimiento del mínimo de percepción
Reconocimiento del derecho a su revisión anual
La sentencia estima el recurso de casación y declara que el mínimo de percepción debe actualizarse anualmente conforme al régimen general de revisión tarifaria. Además, obliga a que todos los pliegos concesionales que prevean esta figura la sometan a dicha actualización en condiciones equivalentes al resto de tarifas.
Importancia de la sentencia para el régimen concesional
Unificación de doctrina sobre el mínimo de percepción
Este fallo del Tribunal Supremo consolida un criterio interpretativo uniforme sobre el mínimo de percepción en el transporte público terrestre. La resolución elimina incertidumbres jurídicas, refuerza los derechos de las empresas concesionarias y garantiza el equilibrio económico del servicio, incluso en los trayectos de menor rentabilidad.
jul. 9, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso extraordinario por infracción procesal en un litigio relacionado con los efectos adversos del medicamento Depakine (valproato de sodio). La demanda alegaba falta de información sobre los riesgos teratogénicos del fármaco. La resolución destaca por declarar que la Audiencia Provincial incurrió en reformatio in peius, vulnerando los principios esenciales del proceso civil.
Incongruencia y reformatio in peius en apelación
El objeto del recurso: defensa de los límites procesales
La parte recurrente solicitó la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que esta había incurrido en incongruencia extra petita y vulnerado los principios de:
- Justicia rogada y congruencia (arts. 216 y 218 LEC),
- Tantum devolutum quantum appellatum (art. 465.5 LEC),
- Y, de forma central, el principio de reformatio in peius.
La Audiencia inadmitió, de oficio, el análisis de la acción por culpa extracontractual. Valorada y resuelta en primera instancia. Esta acción no fue impugnada por la parte apelada, por lo que su exclusión supuso una clara modificación del fallo en perjuicio del apelante, prohibida por la doctrina de la reformatio in peius.
El alcance de la reformatio in peius en el proceso civil
El Supremo recuerda los límites del órgano de apelación
El Tribunal Supremo insiste en que los órganos de segunda instancia no pueden pronunciarse sobre cuestiones no recurridas, ni modificar el fallo en perjuicio del apelante, salvo recurso expreso de la parte contraria. Esta limitación responde directamente a la prohibición de la reformatio in peius.
En este caso:
- La acción por culpa extracontractual fue introducida en la audiencia previa.
- Fue expresamente tratada en la sentencia de primera instancia.
- Y no fue objeto de impugnación.
Pese a ello, la Audiencia Provincial resolvió eliminarla del objeto del proceso sin habilitación legal ni petición expresa, incurriendo así en una reformatio in peius lesiva para los derechos procesales de la parte actora.
Compatibilidad de la culpa con la Directiva 85/374/CEE
Acción por culpa no excluida por el régimen de productos defectuosos
La resolución también reafirma que la acción por culpa extracontractual es compatible con la Directiva 85/374/CEE, que regula la responsabilidad por productos defectuosos. Así lo establece el artículo 13 de dicha Directiva, y ha sido ratificado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De este modo, el afectado puede optar entre los diferentes regímenes jurídicos —objetivo o por culpa— en función de sus intereses y de las circunstancias del caso concreto.
Fallo del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal, anula la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y ordena la devolución de las actuaciones para que se dicte una nueva resolución que incluya la valoración completa de la acción por culpa extracontractual.
No se imponen costas y no procede pronunciamiento sobre el depósito, al contar la demandante con beneficio de justicia gratuita.
