Aprobación del Proyecto de Ley en materia de administradores y compradores de créditos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, que tiene como objetivo transponer la normativa europea en la materia y modificar la Ley de Contratos de Crédito al Consumo (Ley 16/2011) y la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (Ley 5/2019). Tras su aprobación por el Gobierno, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Regulación de la administración y compraventa de créditos dudosos
El proyecto normativo establece un marco regulador para la administración y compraventa de créditos dudosos, es decir, aquellos préstamos concedidos por entidades de crédito que presentan un alto riesgo de impago. Se fijan unas reglas comunes en el ámbito de la Unión Europea para unificar la operativa de este mercado.
Administración de créditos dudosos
La norma contempla que la actividad de administración de estos créditos, que implica su cobro o renegociación, quede reservada a entidades autorizadas por el Banco de España. Para obtener dicha autorización, las empresas deberán contar con sistemas internos de gestión de reclamaciones y con una política de protección y trato justo a los prestatarios.
Compraventa de créditos dudosos
La legislación establece que, cuando un crédito dudoso es adquirido por un tercero, el comprador debe mantener las condiciones originales del prestatario y asumir las obligaciones de transparencia, protección e información que correspondían al acreedor inicial. Además, se contempla la obligación de cumplimiento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor original estuviera adherido.
Refuerzo de la protección a los consumidores financieros
El proyecto incorpora garantías adicionales dirigidas a proteger a los prestatarios. Se establecen obligaciones para los administradores y compradores de crédito en cuanto a la calidad del servicio de atención al cliente y la gestión de reclamaciones extrajudiciales.
El Banco de España asumirá la supervisión de estas actividades, verificando el cumplimiento de las normas por parte de los administradores y compradores de créditos. Para ello, se implementará un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimientos.
Obligación de renegociación de deudas
Se introducen modificaciones en la normativa de crédito al consumo y de crédito inmobiliario, imponiendo a las entidades prestamistas la obligación de contar con una política de renegociación de deudas. Antes de iniciar procedimientos judiciales o exigir el pago total de la deuda, los prestamistas deberán ofrecer a los clientes medidas para alcanzar acuerdos de reestructuración.
Condiciones especiales para prestatarios vulnerables
La norma contempla medidas específicas para los deudores de créditos no hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos, la entidad que venda el crédito a un tercero deberá ofrecer al prestatario un plan de pagos que permita afrontar la deuda sin afectar su estabilidad económica.
Modificaciones en la Ley de Crédito al Consumo
El proyecto de ley introduce nuevas medidas en la Ley de Crédito al Consumo para mejorar la información y protección de los deudores:
Limitación de intereses de demora. En caso de impago, el interés de demora no podrá superar el interés ordinario más tres puntos porcentuales.
Gastos por reclamación de saldos vencidos. Solo podrán aplicarse si son proporcionales a los costes soportados por el prestamista y tras una notificación previa al deudor.
Modificación de tipos de interés en contratos de duración indefinida. Se regulan los cambios en contratos como las tarjetas revolving, permitiendo al prestatario rechazar la subida o cancelar el contrato, manteniendo las condiciones de reembolso vigentes en el momento de la comunicación.
Indemnización por amortización anticipada. Se clarifican las condiciones aplicables a financiaciones vinculadas a la compra de bienes o servicios.
Supervisión y régimen sancionador
El Banco de España será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva normativa. Para ello, se prevé un régimen de infracciones y sanciones en caso de vulneración de las disposiciones establecidas.
Modificación del régimen de becas y ayudas para el próximo curso.
Se ha publicado en el BOE la nueva normativa en materia de ayudas al estudio. El Real Decreto 163/2025, de 4 de marzo, establece los nuevos umbrales de renta y patrimonio familiar, así como las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2025-2026. Esta norma, que modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, busca garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones, conforme al artículo 27 de la Constitución Española y las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.
Principales cambios en las becas generales
El decreto introduce varias modificaciones en el sistema de becas y ayudas al estudio. Principalmente, destacan:
Equiparación de enseñanzas artísticas superiores. Se reconoce el derecho a beca de matrícula para estos estudios, asimilándolos a los universitarios, en aplicación de la Ley 1/2024.
Incremento de la cuantía fija ligada a la residencia. Se aumenta en 200 euros, alcanzando los 2.700 euros, con el objetivo de compensar el alza en los costos de alojamiento.
Apoyo a estudiantes con discapacidad. Se establece un aumento del 25 % en las cuantías fijas de la beca para quienes acrediten una discapacidad entre el 25 % y el 65 %, extendiendo así las ayudas previas para discapacidades más severas.
Exclusión de ciertas subvenciones del cómputo de ingresos. Se eliminan del cálculo de rendimientos patrimoniales determinadas ayudas estatales destinadas a paliar los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en 2024.
Flexibilización de requisitos académicos. Se amplían los criterios de flexibilidad en el rendimiento académico para las víctimas de violencia sexual, extendiéndolos a personas mayores de edad.
Requisitos económicos y cuantías establecidas
El decreto mantiene el sistema de umbrales de renta familiar, diferenciando entre tres niveles que determinan el acceso a las distintas modalidades de beca. Así, se fijan los siguientes importes:
Beca de matrícula: Cubre el precio público de los créditos en primera matrícula.
Cuantía fija ligada a la renta: 1.700 euros.
Cuantía fija ligada a la residencia: 2.700 euros.
Beca básica: 300 euros (350 euros en ciclos de grado básico).
Beca por excelencia académica: Entre 50 y 125 euros según la nota media.
Cuantía variable: Mínimo de 60 euros, ajustada en función de renta y rendimiento académico.
Ayudas para estudiantes con necesidades educativas especiales
Finalmente, se consolidan las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo:
Ayuda para reeducación pedagógica y del lenguaje: Hasta 913 euros.
Subsidios para gastos adicionales: 400 euros.
Ayudas de transporte y residencia: Entre 308 y 1.795 euros, dependiendo del nivel educativo y la situación personal del estudiante.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un acusado por robo con violencia y agresión con instrumentos peligrosos a dos turistas. La defensa argumentó la vulneración del principio de contradicción debido a la incorporación de la declaración policial de su cónyuge, quien luego se acogió a la dispensa de declarar según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El principio de contradicción y su aplicación en juicio
El principio de contradicción garantiza que ambas partes puedan examinar y debatir toda prueba utilizada en un juicio. Para cumplir con este principio, el testigo debe declarar en el juicio oral y someterse a preguntas de la defensa y la acusación.
El problema de la declaración policial del cónyuge
La defensa criticó que la sentencia mencionara la declaración policial de la cónyuge. Argumentó que, al acogerse a la dispensa de declarar, no pudo ser interrogada en el juicio. Según la doctrina del Tribunal Supremo, una declaración policial de un testigo familiar dispensado no puede utilizarse como prueba de cargo. Sin embargo, esto es posible si ha sido ratificada y sometida a contradicción en el juicio.
Por qué el Tribunal Supremo mantuvo la condena
A pesar de la controversia sobre la declaración de la cónyuge, el Tribunal Supremo determinó que su testimonio no fue determinante para la condena, ya que la sentencia se basó en pruebas que sí respetaron el principio de contradicción:
Declaración de la víctima en juicio, confirmando el robo y la agresión.
Testigo presencial, que observó el forcejeo entre los acusados y las víctimas.
Pruebas periciales, como huellas dactilares, ADN y restos de sangre en el vehículo.
Declaración del acusado, quien admitió datos clave, como el uso del coche implicado.
Conclusión: No hubo vulneración del principio de contradicción
El Tribunal Supremo concluyó que no se vulneró el derecho de defensa, ya que la prueba esencial para la condena fue debatida en el juicio. Aunque la declaración policial de la cónyuge no tuvo valor probatorio, la condena se sostuvo en pruebas válidas. Esto garantizó el principio de contradicción y la imparcialidad del proceso.
En Tirant PRIME, la apuesta por la innovación y la excelencia en el ámbito jurídico es una constante. Con el objetivo de ofrecer herramientas que respondan a las necesidades de los profesionales del derecho, hemos analizado más de 150.000 preguntas reales de operadores jurídicos. Como resultado, Tirant PRIME Conversa ha incorporado mejoras significativas que aumentan la precisión, fiabilidad y rapidez de sus respuestas, consolidándola como una IA jurídica de referencia.
Formularios interactivos
Uno de los avances más relevantes es la incorporación de formularios interactivos, una funcionalidad altamente demandada por los profesionales del sector. Ahora, Tirant PRIME Conversa analiza en segundos la conversación e incorpora todos los datos que el usuario facilite al formulario escogido. De este modo,el usuario podrá crear su documento personalizado y editarlo con las nuevas funcionalidades integradas en Sof-IA.
Este sistema garantiza no solo la rapidez en la elaboración de documentos jurídicos, sino también un alto grado de personalización y fiabilidad, asegurando que cada escrito se ajuste con precisión al contexto específico de cada usuario.
Integración con Sof-IA
Las soluciones de IA de Tirant avanzan hacia una integración más completa dentro de Sof-IA. Ahora, los usuarios de Tirant PRIME Conversa pueden acceder a nuevas funciones resaltadas en color naranja, que les permitirán gestionar tareas de manera más eficiente, como añadir cláusulas o hechos, crear borradores de comunicación, hacer una valoración inicial del caso o analizar un escrito.
Este desarrollo supone un paso clave en la integración de las herramientas tecnológicas de Tirant, mejorando la experiencia de los profesionales del derecho.
Respuestas más precisas y actualizadas
Las mejoras en la calidad de las respuestas se centran en dos aspectos clave:
Preguntas sugeridas: Cuando la IA recibe una consulta con poco contexto jurídico, ahora sugiere preguntas adicionales para ayudar al usuario a precisar su búsqueda sin necesidad de reformularla.
Sistema de actualización continua: El motor de búsqueda de Tirant PRIME Conversa incorpora una tecnología avanzada que garantiza que las respuestas incluyan siempre la normativa y jurisprudencia más recientes, asegurando información fiable y actualizada.
Con estas innovaciones, Tirant PRIME reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector jurídico. Tirant PRIME Conversa se consolida como una herramienta imprescindible para abogados y otros profesionales del derecho, proporcionando respuestas precisas, formularios personalizables y una integración que potencia su productividad.
El Tribunal Supremo ha resuelto un caso en el que se planteaba la posible aplicación del principio de absorción en la concurrencia de dos delitos:
Delito contra los derechos de los trabajadores (art. 316 del Código Penal).
Delito de lesiones por imprudencia grave (art. 152.1.3 del Código Penal).
Tras la confirmación parcial de la condena por la Audiencia Provincial, la defensa recurrió en casación. La clave del recurso fue determinar si ambos delitos debían castigarse por separado o si uno absorbía al otro.
Concurso de normas: delito contra los derechos de los trabajadores y delito de lesiones
El Tribunal Supremo analizó si debía mantenerse la doble condena o si el delito de lesiones por imprudencia absorbía el delito de peligro. Según su jurisprudencia, cuando la omisión de medidas de seguridad afecta solo a la persona lesionada, se aplica el principio de absorción: el delito de peligro queda consumido por el de lesiones.
Por el contrario, si la conducta imprudente puso en riesgo a varios trabajadores, ambos delitos podrían concurrir de forma ideal. Sin embargo, en este caso, no se acreditó la existencia de riesgo colectivo, por lo que correspondía aplicar el principio de consunción.
Principio de absorción en el derecho penal
El principio de absorción (o consunción) evita sancionar dos veces la misma conducta cuando un delito de peligro se materializa en un delito de resultado. Así, si la infracción en prevención de riesgos laborales provoca lesiones a un solo trabajador sin afectar a otros, solo debe castigarse el daño causado.
El Tribunal Supremo concluyó que, en estos supuestos, la conducta debe calificarse únicamente como delito de lesiones por imprudencia.
Conclusión
Esta sentencia reafirma que cuando la falta de medidas de seguridad solo afecta a un trabajador y no se acredita riesgo para más empleados, el delito de lesiones absorbe al delito contra los derechos de los trabajadores. Así, el principio de absorción impide una doble condena por los mismos hechos, respetando el principio de proporcionalidad en el derecho penal.
Justificación del cese por inidoneidad profesional de una guardia civil. Sentencia del 5 de febrero de 2025.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado el cese de una guardia civil en un puesto de libre designación dentro de un grupo especializado, desestimando el recurso interpuesto por la agente. La Sala de lo Contencioso-administrativo ha considerado que la resolución de cese está suficientemente motivada y no evidencia desviación de poder, pues su finalidad es garantizar el adecuado funcionamiento del grupo.
Fundamentación de la inidoneidad sobrevenida
El tribunal ha valorado que, a partir de 2020, la demandante mostró conductas que afectaban su desempeño. Tales como una actitud inapropiada con su jefa y compañeros, falta de compromiso y deslealtad en el cumplimiento de sus funciones. La Sala ha destacado que la confianza y el respeto en la jerarquía son fundamentales en el puesto que ocupaba, y su actitud generó un ambiente de trabajo perjudicial.
Impacto en la operatividad del grupo
Los magistrados han resaltado que el puesto exigía un alto grado de responsabilidad y lealtad, aspectos incompatibles con la conducta de la agente. Se menciona que grababa conversaciones con sus superiores, lo que minaba la confianza en la unidad. Asimismo, se constató un deterioro progresivo en su rendimiento y en la relación con sus compañeros, lo que comprometía el correcto desarrollo del servicio.
Consideraciones legales y jurisprudenciales
La Sala ha invocado el artículo 35 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concluyendo que la inidoneidad apreciada tiene un fundamento profesional objetivo, más allá de la falta de confianza alegada por la demandante. En este sentido, se ha aplicado la jurisprudencia existente, que exige una adecuada motivación en los ceses de puestos de libre designación, requisito que la resolución impugnada cumple.
Posibilidades de recurso
La sentencia no es firme, por lo que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo. No obstante, el fallo del TSXG recuerda la doctrina sobre la potestad discrecional de la Administración en la designación y cese en este tipo de puestos, siempre que exista una justificación razonada.
