set. 16, 2024 | Actualitat Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha analizado el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, destacando el papel crucial de la competencia en la política industrial española
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha analizado el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica. La CNMC destaca el papel crucial de la competencia en la política industrial española. Este anteproyecto busca reforzar la autonomía de España en recursos estratégicos, modernizar la industria y mejorar su competitividad. Todo ello en línea con las directrices de la Unión Europea, que incluyen alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Informe sobre el papel de la competencia en la política industrial española
En su informe, la CNMC subraya que la competencia es esencial para fomentar la innovación y mejorar la productividad en el sector industrial. Factores que resultan clave para abordar la doble transición ecológica y digital. Aunque la normativa incluye la simplificación de trámites administrativos, la CNMC advierte que algunas medidas, como el refuerzo de la autonomía estratégica o la imposición de nuevas certificaciones empresariales, podrían dificultar la competencia y crear barreras adicionales. Por ello, recomienda evitar trabas innecesarias y fomentar un entorno competitivo y eficiente.
Certificación voluntaria de empresas industriales excelentes y estratégicas
Entre las recomendaciones específicas, la CNMC propone que la certificación de empresas industriales excelentes y estratégicas sea voluntaria. Permitiendo otras formas de acreditación. También sugiere que las medidas de apoyo a la industria energética intensiva respeten la normativa de ayudas de Estado y que se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado. Además, se subraya la importancia de justificar el umbral de 6 millones de euros en ayudas públicas para imponer obligaciones a los beneficiarios. Asegurando que estas medidas estén alineadas con las Directrices de ayudas regionales de la UE.
Inclusión en el Consejo Estatal de Política Industrial
La CNMC también plantea su inclusión en el Consejo Estatal de Política Industrial como miembro con voz, pero sin voto. Y resalta la necesidad de promover la competencia en la reserva estratégica de bienes y servicios, garantizando la neutralidad competitiva.
Ley de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Finalmente, la CNMC expresa su disposición para colaborar en el desarrollo reglamentario de la normativa y recuerda que puede actuar de oficio o a solicitud de diversas entidades públicas y privadas. Según lo establecido en la Ley de creación de la CNMC.
set. 16, 2024 | Actualitat Prime
Inscripción ininterrumpida como demandante de empleo para el acceso al subsidio de mayores de 52.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia recientemente en el ámbito de los subsidios para mayores de 52 año. Ha establecido que para acceder a esta prestación es requisito imprescindible que los beneficiarios se mantengan inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo desde el agotamiento de la prestación por desempleo hasta el cumplimiento de la edad de 52 años.
La Sala Social del Tribunal Supremo recalca que la normativa vigente busca proteger a los trabajadores que, habiendo agotado sus prestaciones por desempleo, continúan inscritos como demandantes de empleo, sin haber cumplido aún los 52 años. Esta protección se enfoca en aquellos que manifiestan su voluntad de permanecer en el mercado laboral.
Este pronunciamiento surge a raíz de un recurso presentado por el SEPE contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El tribunal cántabro falló a favor de un solicitante, considerando que el requisito de inscripción ininterrumpida solo era exigible desde los 52 años. No obstante, el Supremo ha corregido esta interpretación: el requisito aplica desde el momento en que se produce la “situación de necesidad protegida”, es decir, desde el agotamiento de la prestación por desempleo.
Recurso del SEPE y antecedentes del caso
En el caso, el demandante había agotado su prestación por desempleo en 2005, pero no se inscribió de forma continua como demandante de empleo. Aunque volvió al trabajo por cuenta propia en dos ocasiones, dejó de estar registrado en el SEPE durante más de un año tras finalizar su primera actividad y tampoco se inscribió inmediatamente tras la segunda, que concluyó en julio de 2018. Hasta 2019 no volvió a registrarse como demandante de empleo, apenas tres meses antes de cumplir los 52 años.
Anteriormente, la legislación exigía haber cumplido los 55 años para poder acceder al subsidio en el momento en que se producía la situación de necesidad. Esta condición se modificó, rebajando la edad de acceso a 52 años y ampliando el derecho a aquellos que, aun no habiendo alcanzado dicha edad, se encontraban en una situación de necesidad protegida, pero siempre que se mantuvieran inscritos como demandantes de empleo de forma ininterrumpida.
El Supremo aclara que la exigencia de una inscripción continuada no está vinculada exclusivamente al momento en que se cumplen los 52 años, sino al agotamiento de las prestaciones previas. Según la sentencia, el artículo 274.4 LGSS exige la inscripción ininterrumpida desde la situación de desprotección y hasta que el trabajador cumple los 52 años.
El fallo del Supremo
La finalidad del subsidio es proporcionar cobertura a quienes, por razones ajenas a su voluntad, no han logrado reincorporarse al mercado laboral. En este sentido, el requisito de inscripción ininterrumpida asegura que solo quienes demuestran un esfuerzo continuo por encontrar empleo puedan acceder a la ayuda.
Fuente: CGPJ
set. 16, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Provincial de Oviedo desestima el recurso presentado por Unicaja contra la sentencia anterior. Dicha sentencia condenó a la entidad a pagar 4.690 euros a una clienta que fue víctima de una estafa (fraude electrónico) por suplantación de identidad.
Víctimas de fraude electrónico
En el presente caso, las demandantes sostuvieron que fueron víctimas de un fraude electrónico tras recibir un mensaje supuestamente del banco. En este se les indicaba que verificaran sus datos debido a un acceso inusual a su cuenta. Al seguir las instrucciones, fueron redirigidas a una página fraudulenta, desde la cual se realizaron transferencias no autorizadas por un valor de 4.690 €. Por su parte, la entidad demandada alegó que la culpa recaía en las demandantes. Alegamaban que fueron las que facilitaron tanto las credenciales de acceso como la contraseña de un solo uso (OTP), lo que a su juicio constituía una negligencia grave.
Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago
El tribunal de primera instancia, basándose en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago, concluyó que la entidad bancaria no demostró que el usuario actuara con negligencia grave o que fuera cómplice del fraude. Según esta normativa, el proveedor de servicios de pago es responsable de garantizar la autenticación de las operaciones. Y sólo queda exento de responsabilidad si se prueba que el cliente actuó de manera fraudulenta o con negligencia grave, lo que no fue el caso.
Recurso contra la acusación de fraude electrónico
En su recurso, UNICAJA BANCO S.A. reiteró su posición sobre la negligencia de las demandantes al proporcionar las credenciales de seguridad. No obstante, la Audiencia Provincial de Oviedo confirmó que, aunque las demandantes incurrieron en negligencia al facilitar sus credenciales, dicha conducta no alcanzó el umbral de negligencia grave exigido por la ley. El tribunal concluyó que la situación a la que se enfrentaron las demandantes, incluida la página fraudulenta que imitaba a la del banco, fue suficientemente convincente como para no considerar su comportamiento como groseramente negligente.
Por lo tanto, se desestimó el recurso de la entidad bancaria, ratificando la sentencia de primera instancia. Que condenaba a UNICAJA BANCO S.A. a devolver el importe sustraído a las demandantes, con la correspondiente imposición de costas a la parte apelante.
set. 13, 2024 | Actualitat Prime
La normativa húngara de regulación de productos agrarios durante la pandemia es contraria al Derecho de la Unión. Asunto C-557/23.
El TJUE ha declarado contraria al Derecho de la Unión la normativa húngara que regulaba la venta de productos agrarios durante la pandemia.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, Hungría implementó un decreto gubernamental que regulaba la comercialización de varios productos básicos como azúcar, harina de trigo, aceite de girasol, carne de porcino y aves de corral, entre otros. Esta regulación obligaba a los distribuidores a vender dichos productos a un precio autorizado y en una cantidad preestablecida. El decreto se modificó en noviembre de 2022 para incluir huevos y patatas, y estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2023. El objetivo del decreto era asegurar el suministro de alimentos básicos a precios accesibles, justificándose en la crisis económica provocada por la pandemia.
El conflicto que surgió con la normativa húngara llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la denuncia interpuesta por el distribuidor SPAR Magyarország, quien fue sancionado por no cumplir con las exigencias de cantidades establecidas en el decreto. La empresa cuestionó la legalidad de la norma ante el Tribunal General de Szeged, que a su vez solicitó al TJUE una interpretación sobre la compatibilidad de dicha regulación con el Reglamento OCM (Organización Común de Mercados de productos agrarios).
El Reglamento OCM, como parte del Derecho de la Unión Europea, regula el mercado de productos agrícolas con el objetivo de garantizar la libre competencia y la libre fijación de precios, aspectos clave para el correcto funcionamiento del mercado único. En este sentido, el decreto húngaro levantó suspicacias por su potencial vulneración de estos principios.
Argumentos del Gobierno húngaro y su rechazo
El gobierno húngaro defendió su decreto argumentando que las medidas se habían adoptado para combatir la inflación y proteger a los consumidores más vulnerables. Justificaron que el decreto permitía garantizar el suministro de productos básicos a precios asequibles, algo necesario en un contexto económico marcado por la pandemia.
No obstante, el TJUE determinó que, aunque los objetivos del decreto podrían considerarse legítimos, las medidas impuestas no eran proporcionadas. Según el Tribunal, existían otros mecanismos menos restrictivos para alcanzar los mismos fines, sin necesidad de afectar a los principios de la libre competencia y la libre fijación de precios.
Decisión del Tribunal de Justicia
En su fallo, el TJUE concluyó que la normativa impuesta por Hungría era contraria al Derecho de la Unión, en particular al Reglamento OCM. El Tribunal consideró que la obligación de vender productos a precios autorizados y en cantidades predefinidas limitaba de manera injustificada la libertad de los distribuidores para fijar los precios de venta y decidir las cantidades disponibles en función de las condiciones del mercado.
El Tribunal indicó que estas restricciones eran una vulneración clara del principio de libre competencia, componente esencial del Reglamento OCM. Además, subrayó que estas restricciones afectaban negativamente no solo a los distribuidores, sino también al conjunto de la cadena de suministro, causando perturbaciones en el mercado.
Hungría deberá adaptar sus políticas para alinearse con el fallo del TJUE. Esta sentencia también podría tener implicaciones para otros Estados miembros que, ante situaciones de crisis, estén considerando la implementación de medidas similares.
Fuente: CURIA.
set. 13, 2024 | Actualitat Prime
El TEAR de Madrid ha reconocido el derecho a aplicar la reducción del 60% en los rendimientos netos del alquiler de habitaciones. Se aplicará sólo cuando no se trate de arrendamientos de temporada, sino de residencia permanente.
El contribuyente reclamante solicitó la reducción del 60% sobre los rendimientos netos generados por el alquiler de su inmueble. Alquilaba dicho inmueble por habitaciones, alegando que estas se utilizaban como vivienda habitual. La Agencia Tributaria rechazó esta solicitud al considerar que el alquiler por habitaciones no cumplía con los requisitos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, interpretando que se trataba de arrendamientos de temporada y no de vivienda habitual.
Según el artículo 2 de la LAU, el arrendamiento de vivienda es aquel cuyo fin principal es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del inquilino, excluyendo expresamente los contratos de temporada.
La cuestión principal de la controversia radica en si los alquileres de habitaciones pueden beneficiarse de la reducción del 60% en los rendimientos netos del capital inmobiliario, que se establece en el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La AEAT consideraba que el alquiler de habitaciones no correspondía a un arrendamiento de vivienda habitual, al asociarlo con arrendamientos de corta duración o vacacionales.
Decisión del TEAR
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid resolvió a favor del reclamante, estableciendo que la reducción del 60% sobre los rendimientos netos del capital inmobiliario es aplicable siempre que los arrendamientos, aunque sean por habitaciones, tengan la finalidad de ser utilizados como vivienda habitual. En este caso, los contratos de arrendamiento permitían la prórroga de los mismos y no tenían carácter temporal, lo que permitió que el tribunal reconociera que el destino de las habitaciones alquiladas era satisfacer la necesidad de residencia permanente de los inquilinos.
El interesado aduce que los arrendatarios no son todos estudiantes y que los contratos se suscriben en concepto de habitación para vivienda permanente. Por ello, resulta aplicable la reducción del 60% prevista en el artículo 23.2 de la Ley del IRPF. Esta reducción sólo es aplicable cuando se declara el rendimiento antes del inicio de cualquier procedimiento de verificación o comprobación.
El TEAR concluyó que, pese a alquilarse habitaciones, no se puede negar la reducción cuando se cumple con los requisitos de permanencia del arrendatario. Por tanto, reconoció el derecho del arrendador a aplicar la reducción del 60% sobre los rendimientos netos.
Resolución del TEAR del procedimiento 28-22382-2023.
