maig 9, 2025 | Actualitat Prime
inactividad administrativa en contratos administrativos. La sentencia surge tras un recurso de casación interpuesto por una Administración autonómica contra una empresa contratista que reclamaba el pago de facturas impagadas por servicios de limpieza.
Hechos probados: Inactividad administrativa
El 24 de septiembre de 2020, una empresa contratista presentó una reclamación administrativa por 46.452,63 € de importe principal y 11.697,11 € en intereses de demora, ambos derivados de contratos administrativos adjudicados en 2017.
Ante la falta de respuesta, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo por inactividad. La Administración argumentó que no habían transcurrido los tres meses previstos en la Ley 29/1998 (LJCA), solicitando la inadmisión del recurso.
Normativa aplicable a contratos administrativos
- TRLCSP de 2011:
- Artículo 216: Establece las obligaciones de pago en contratos administrativos.
- Artículo 217: Fija un plazo especial de un mes para recurrir por inactividad administrativa en contratos tras la reclamación por impago.
- LJCA:
- Artículo 29.1: Regula un plazo general de tres meses para recurrir por inactividad administrativa, salvo que exista un régimen especial aplicable a contratos administrativos.
- Ley 9/2017: No es aplicable al caso, ya que los contratos objeto del litigio se adjudicaron bajo el TRLCSP de 2011.
Interpretación del Tribunal Supremo: Régimen especial
El Tribunal Supremo concluye que el artículo 217 del TRLCSP constituye una lex specialis que prevalece sobre el régimen general del artículo 29.1 de la LJCA en el contexto de contratos administrativos.
- Literalidad del artículo 217:
- El texto es claro y específico al establecer un plazo de un mes para recurrir por inactividad administrativa, sin permitir interpretaciones extensivas.
- Finalidad de la norma especial:
- La finalidad del artículo 217 es agilizar las reclamaciones por inactividad, garantizando celeridad y eficacia en la resolución de disputas contractuales con las administraciones públicas.
- Principio “pro actione”:
- Debe asegurarse el acceso a la tutela judicial efectiva mediante procedimientos rápidos y ágiles, evitando dilaciones innecesarias.
Fallo del Tribunal Supremo: Un mes para recurrir por inactividad en contratos administrativos
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado por la Administración autonómica y ratifica que, en contratos administrativos, el plazo para recurrir por inactividad administrativa es de un mes, conforme al artículo 217 TRLCSP.
Esta sentencia refuerza la interpretación del régimen especial aplicable, consolidando un criterio jurisprudencial que asegura mayor celeridad en la resolución de disputas contractuales con las administraciones públicas. No se imponen costas en la casación.
maig 8, 2025 | Actualitat Prime
La CNMC recomienda replantear la obligatoriedad de colegiación en el acceso parcial a la profesión de ingeniero técnico industrial, sugiriendo que sea voluntaria y ajustada al domicilio profesional.
Obligatoriedad de colegiación: ¿Necesaria o desproporcionada?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en la obligatoriedad de colegiación para el acceso parcial a la profesión de ingeniero técnico industrial, planteada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI).
En su informe, la CNMC valora positivamente el enfoque centrado en las competencias acreditadas, pero cuestiona la obligatoriedad de colegiación, considerando que puede suponer una barrera de entrada innecesaria para aquellos profesionales que ya cuentan con la capacitación requerida.
Recomendaciones sobre la obligatoriedad de colegiación
Carácter voluntario de la colegiación
- La CNMC recomienda eliminar la obligatoriedad de colegiación en los casos de acceso parcial a la profesión, sugiriendo que sea voluntaria y no un requisito imprescindible para ejercer ciertas actividades profesionales.
Ajuste al domicilio profesional
- En caso de mantenerse la colegiación, la CNMC propone que se base en el domicilio profesional principal y no en el domicilio fiscal del profesional. Esta medida pretende evitar la imposición de requisitos que puedan restringir el acceso a la profesión.
Compatibilidad con otras acreditaciones
- La CNMC sugiere que la colegiación no debe ser el único medio para acreditar competencias, permitiendo que los créditos ECTS cursados en cualquier universidad también sean considerados válidos.
Implicaciones de la obligatoriedad de colegiación para el acceso parcial
La propuesta del COGITI establece la obligatoriedad de colegiación para aquellos titulados que accedan de forma parcial a la profesión de ingeniero técnico industrial. Sin embargo, la CNMC advierte que esta medida podría:
- Limitar el acceso al mercado profesional. Se limitaría imponiendo una carga económica y administrativa innecesaria para aquellos profesionales que ya acrediten competencias a través de sus estudios universitarios.
- Restringir la competencia. Otorgar a los colegios profesionales un papel central en la regulación del acceso a la profesión, lo que podría desincentivar la entrada de nuevos profesionales.
- Contravenir el principio de proporcionalidad, al exigir la colegiación como requisito indispensable, incluso en actividades específicas y acotadas del ámbito de la ingeniería técnica industrial.
Conclusión: Una colegiación opcional y proporcional
La CNMC insta al COGITI a replantear la obligatoriedad de colegiación en el acceso parcial a la profesión de ingeniero técnico industrial. Apostando por un modelo más flexible que priorice la acreditación de competencias a través de créditos ECTS y evite imponer restricciones desproporcionadas.
maig 8, 2025 | Actualitat Prime
Rechazo de los recursos de casación sobre Certificados de Depósito de Acciones
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por adquirentes de Certificados de Depósito de Acciones (CDAs) de Triodos Bank, ratificando las sentencias de las Audiencias Provinciales de Girona y Teruel. Los demandantes alegaron vicios en el consentimiento, incumplimiento contractual y daños y perjuicios en la comercialización de los CDAs.
¿Qué son los Certificados de Depósito de Acciones (CDAs)?
Los Certificados de Depósito de Acciones (CDAs) emitidos por Triodos Bank son títulos nominativos que representan acciones del banco. No cotizan en mercados secundarios y su precio es determinado internamente por la entidad.
- Riesgo alto (6/6): Pérdida total de la inversión.
- Mercado interno: Sin posibilidad de negociación en bolsas de valores.
- Perpetuos: No tienen vencimiento y no son convertibles en acciones.
Cambios relevantes en la comercialización de los CDAs
Entre 2020 y 2022, Triodos Bank implementó modificaciones que afectaron a los
Certificados de Depósito de Acciones (CDAs):
- Marzo 2020. Cierre del mercado interno por la pandemia.
- Enero 2021. Segundo cierre del mercado.
- Febrero 2022. Reducción del valor nominal de los CDAs en un 30%.
- Octubre 2022. Adopción de un sistema multilateral de cotización.
Alegaciones de los adquirentes
Las demandas se basaron en:
- Nulidad por vicio del consentimiento. Falta de información sobre los riesgos de los CDAs.
- Incumplimiento contractual. Modificaciones en la cotización de los CDAs no previstas.
- Indemnización por daños y perjuicios. Omisión del deber de asesoramiento financiero.
Sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo concluyó que no hubo vicio en el consentimiento, ya que los adquirentes fueron informados sobre los riesgos inherentes a los Certificados de Depósito de Acciones (CDAs), incluyendo la posibilidad de pérdida total de la inversión y la ausencia de un mercado secundario.
Además, consideró que los cambios en el sistema de cotización fueron consecuencia de circunstancias excepcionales y no constituyeron un incumplimiento contractual.
Conclusión
El Tribunal Supremo ratifica que Triodos Bank cumplió con sus obligaciones de información sobre los Certificados de Depósito de Acciones (CDAs), desestimando las demandas interpuestas por los adquirentes al considerar probado que conocían los riesgos del producto.
maig 7, 2025 | Actualitat Prime
El recurrente interpone recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó su condena por un delito contra la seguridad vial (art. 384 CP). La condena se basa en la conducción tras la pérdida de vigencia del permiso de conducir. El único motivo de impugnación se centra en la subsunción en casación, alegando infracción de ley por indebida aplicación del segundo párrafo del art. 384 CP, al no haberse acreditado en los hechos probados el conocimiento efectivo del condenado sobre la pérdida de su autorización administrativa.
Límites al control de subsunción en casación
Ámbito del hecho probado
En el recurso de casación, el control de la subsunción en casación se limita a la correcta aplicación del tipo penal respecto a los hechos declarados probados. No es posible incorporar elementos dispersos de la fundamentación jurídica para agravar la situación del condenado.
Prohibición de heterointegración agravatoria
El tribunal no puede modificar ni ampliar el relato fáctico para ajustar la subsunción en casación al tipo penal impugnado. Si las acusaciones no recurrieron para subsanar la omisión, no puede integrarse ahora un elemento subjetivo no recogido en los hechos probados, respetando así el principio de igualdad de armas y la imparcialidad judicial.
Necesidad del elemento subjetivo en la subsunción en casación del art. 384 CP
Requisito del dolo
La subsunción en casación del art. 384 CP exige dolo, es decir, conocimiento efectivo de la resolución administrativa que declara la pérdida de vigencia del permiso. No basta con el mero conocimiento de un expediente sancionador o un cálculo presuntivo de puntos agotados.
Insuficiencia del relato fáctico
En el caso analizado, los hechos probados solo describen la conducta objetiva (conducción), omitiendo cualquier referencia al conocimiento del condenado respecto a la resolución administrativa que le privó del permiso de conducir en octubre de 2020. Esta omisión es determinante para la correcta subsunción en casación, ya que no se puede incluir un elemento subjetivo inexistente en el relato fáctico.
Imposibilidad de corrección ex post
Dado que el elemento subjetivo no fue incluido en los hechos probados y no fue objeto de recurso por las acusaciones, la subsunción en casación debe respetar el principio de congruencia. No es posible integrar este aspecto basándose en referencias de los fundamentos jurídicos, preservando así el derecho a la defensa del recurrente.
Consecuencia del defecto en la subsunción en casación y fallo del recurso
La ausencia del elemento subjetivo impide una correcta subsunción en casación del art. 384 CP. Por tanto, la condena no puede sostenerse y se declara vulnerado el principio de “reformatio in peius” y la garantía de defensa del recurrente.
maig 7, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido el derecho a ser indemnizado a un ganadero que sufrió numerosos ataques de lobo en su explotación ganadera. La sentencia estima parcialmente el recurso presentado contra la Junta de Castilla y León, tras el silencio administrativo ante la solicitud de compensación por los daños causados por los lobos.
Hechos probados: ataques de lobo en la explotación ganadera
Entre julio de 2021 y el 10 de julio de 2022, se documentaron 27 ataques de lobo. Provocando la muerte de 29 animales, de los cuales 27 eran terneros menores de seis meses y 2 adultos.
El ganadero reclamó inicialmente una indemnización de 56.872,30 €, restando 9.050 € ya percibidos en ayudas. Sin embargo, la Administración alegó haber abonado 14.450 € en pagos compensatorios, reduciendo la indemnización máxima reconocible a 11.416 €.
Criterios jurídicos aplicados en los ataques de lobo
Para valorar los daños ocasionados por los ataques de lobo, el Tribunal se basa en la Ley 40/2015, de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Establece la obligación de indemnizar cuando exista un daño efectivo causado por la acción u omisión de la Administración.
En el caso de los ataques de lobo, el Tribunal también aplica la Ley 42/2007 sobre fauna silvestre. Interpretada por el Tribunal Supremo en las sentencias 1654/2019 y 171/2020, que permite exigir responsabilidad a la Administración cuando la gestión del régimen de protección especial de la fauna provoca daños a terceros.
Valoración de los daños causados por los ataques de lobo
El Tribunal se apoya en su doctrina previa (sentencias 78/2022, 100/2022, 243/2021 y 132/2022) para calcular los daños causados por los ataques de lobo, incluyendo:
- Daño emergente y lucro cesante. Valoración basada en el precio de subasta de terneros menores de seis meses (650,11€ por ternero) y el precio de mercado para los animales adultos.
- Pérdida de fecundidad por ataques de lobo. Se reduce la valoración de la pérdida de fertilidad al 3,6 %. Reconociendo 2.690 € por los terneros no nacidos a causa del estrés provocado por los ataques.
- Gastos de gestión derivados de los ataques de lobo. Estimados en 280 € por cada ataque, cubriendo personal, acompañamiento y trámites administrativos.
Cuantía de la indemnización y fallo
Tras descontar los 14.450 € abonados por la Administración, el Tribunal fija la indemnización en 15.252,46 €. Más los intereses legales desde la reclamación administrativa hasta el pago efectivo.
