Ley Orgánica 4/2024 | Intercambio de información de antecedentes penales en la UE

Modificación de la Ley de Intercambio de Antecedentes Penales en la UE

El pasado 18 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 4/2024, que introduce importantes modificaciones a la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, referente al intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea. Esta reforma tiene como objetivo principal adaptar la legislación española a la Directiva (UE) 2019/884, que regula el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros en materia penal.

Transposición de la Directiva (UE) 2019/884

La necesidad de esta reforma surge de la obligación de incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/884. Se pretende optimizar el intercambio de información entre los países de la UE sobre las condenas penales impuestas a ciudadanos de terceros países y apátridas. Además, regula la inclusión de datos biométricos, como las huellas dactilares y la imagen facial, en el Sistema Centralizado de Información de Antecedentes Penales de Nacionales de Terceros Países (ECRIS-TCN), creado por el Reglamento (UE) 2019/816. La inclusión de estos datos es esencial para garantizar la seguridad y exactitud de la información compartida.

Medidas establecidas

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la mejora en la seguridad jurídica. La ley establece que las resoluciones judiciales de otros Estados miembros que afecten a ciudadanos españoles deberán ser inscritas en el Registro Central de Penados. Esta medida asegura que las condenas extranjeras reciban un tratamiento adecuado en España, respetando los principios de reciprocidad y legalidad. Además, la inclusión de disposiciones sobre la transmisión segura de datos, tanto a nivel europeo como nacional, refuerza la protección de la información penal.
Por otro lado, la modificación no solo afecta a la Ley Orgánica 7/2014, sino también al Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. La ley actualiza el procedimiento para la transmisión de datos, permitiendo una mayor flexibilidad y rapidez en el intercambio de información entre los Estados miembros. Esto es especialmente importante en casos que requieren una intervención rápida y eficaz de las autoridades judiciales.
El preámbulo de la Ley Orgánica 4/2024 también destaca el aumento de la delincuencia juvenil en los últimos años, con un incremento en la comisión de delitos graves. Por otro lado, la nueva norma propone la creación de un Registro Central de Menores, donde se incluirán no solo sentencias firmes, sino también medidas cautelares y requisitorias. Este registro proporcionará a los jueces y fiscales una herramienta más completa para la toma de decisiones en procesos judiciales de menores.

Estructura de la norma

La Ley Orgánica 4/2024 consta de un artículo único que modifica varios apartados de la Ley Orgánica 7/2014. Entre sus disposiciones, se incluyen mejoras en el procedimiento de intercambio de información y el tratamiento de condenas impuestas a ciudadanos españoles en otros Estados. También se introducen cambios en la gestión del Registro Central de Penados y la obligación de comunicar condenas a las autoridades de otros Estados miembros.

 

Para más información: [TOL10.228.617]

Protección jurídica de los programas de ordenador | Interpretación de la Directiva 2009/24/CE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre la interpretación de la Directiva 2009/24/CE, relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador. Esta decisión fue emitida en respuesta a una consulta del Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal de Alemania (BGH). La cuestión surge en el marco de un litigio entre Sony y la empresa Datel, debido a que esta última comercializa productos que ofrecen a los usuarios de consolas PlayStation opciones de juego no previstas por Sony.

Antecedentes del caso

Sony, fabricante de consolas de videojuegos PlayStation, demandó a Datel por la venta de programas informáticos y dispositivos compatibles con las consolas PlayStationPortable y el juego «MotorStorm: Arctic Edge». Estos productos de Datel alteraban variables en la memoria local de la consola, modificando la experiencia de juego. Sony alegó que esta modificación infringía sus derechos de autor sobre el software. Argumentó que Datel transformaba ilegalmente los programas base, vulnerando su derecho exclusivo de autorizar transformaciones de software.

El BGH, al analizar el caso, observó que el software de Datel no modifica ni el código fuente ni el código objeto del programa de Sony. Además, concluyó que tampoco afecta la estructura interna del software de Sony. En cambio, el programa de Datel únicamente modifica variables almacenadas temporalmente en la memoria local de la consola durante la ejecución del juego. Esto altera el contenido del juego sin cambiar el programa subyacente. A raíz de esto, el BGH solicitó al TJUE una interpretación sobre si estos actos caen bajo la protección conferida por la Directiva.

Argumentos del Tribunal alemán | Protección jurídica de los programas de ordenador

El TJUE determinó que la Directiva protege únicamente la creación intelectual expresada en el código fuente y en el código objeto del programa de ordenador. No extiende dicha protección a las funcionalidades del programa ni a los datos variables almacenados temporalmente, en tanto estos no permitan la reproducción o modificación del programa original. En consecuencia, la alteración de las variables en la memoria local de la consola, como lo hace Datel, no constituye una infracción del derecho de autor protegido por la Directiva.

Conclusión | No se ve vulnerada la protección jurídica de los programas de ordenador

El TJUE aclaró que la protección de los programas de ordenador bajo la Directiva no cubre los elementos funcionales ni las variables temporales. Esto aplica cuando dichas variables no implican una modificación del código del programa. Esto limita el alcance de la protección del software, permitiendo a terceros comercializar productos que alteren el uso de programas sin vulnerar derechos de autor.

TJUE | Sobre la devolución parcial de comisiones en créditos hipotecarios tras reembolso anticipado

El TJUE garantiza el derecho a la devolución parcial de comisiones en créditos hipotecarios tras reembolso anticipado. Asunto C-76/22.

En la reciente sentencia, el TJUE determina que los consumidores que reembolsen anticipadamente un crédito hipotecario tienen derecho a la devolución parcial de comisiones pagadas. Ello siempre que el banco no haya informado adecuadamente sobre si dichas comisiones estaban vinculadas a la duración del contrato.

Este caso surge a raíz de la reclamación de una consumidora en Polonia que, tras suscribir un crédito hipotecario por un plazo de 360 meses, decidió reembolsar el préstamo en su totalidad después de solo 19 meses. Al inicio del contrato, la consumidora pagó una comisión vinculada a la concesión del crédito, incluida en el coste total del mismo. Al realizar el reembolso anticipado, la consumidora solicitó al banco la devolución proporcional de dicha comisión por los 341 meses restantes del contrato que no se habían utilizado.

El banco denegó esta solicitud, lo que llevó a la consumidora a interponer una reclamación ante los tribunales polacos. El tribunal de primera instancia, al no tener claro si correspondía la devolución de esta comisión en función de la normativa europea, planteó una cuestión prejudicial al TJUE para que este aclarase si el consumidor tiene derecho a una devolución parcial de las comisiones en caso de reembolso anticipado y si el banco está obligado a devolver la parte proporcional en ausencia de información clara al respecto.

Interpretación del TJUE y la Directiva 2014/17/UE

El TJUE ha resuelto esta cuestión basándose en la Directiva 2014/17/UE sobre contratos de crédito inmobiliario. Esta normativa europea establece que los prestamistas deben proporcionar a los consumidores una información clara y detallada sobre los costes asociados al crédito, especificando si estos gastos están o no vinculados a la duración del contrato. En este caso particular, el banco no proporcionó a la consumidora información adecuada sobre la naturaleza de la comisión. Es decir, no aclaró si dicha comisión dependía o no del periodo del crédito.

Ante esta omisión, el TJUE ha determinado que, en caso de que el banco no informe claramente sobre la vinculación de las comisiones con la duración del crédito, debe entenderse que estas dependen de la duración del contrato. Por lo tanto, el consumidor que reembolse anticipadamente su crédito tiene derecho a una devolución proporcional de las comisiones pagadas.

 

Fuente: CURIA.

El BOE de hoy, 18 de octubre, ha publicado el calendario laboral de 2025.

Se publica el calendario laboral para el año 2025.

El Boletín Oficial del Estado de hoy, 18 de octubre, ha publicado la resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2025. En virtud de lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, el Ministerio de Trabajo ha publicado el calendario laboral para el siguiente año.

El calendario recoge un total de 12 días festivos nacionales, de los cuales, nueve de ellos se celebrarán de forma conjunta en toda España.

Festivos nacionales

Las fiestas serán las siguientes:

  • 1 de enero, Año Nuevo.
  • 6 de enero, Epifanía del Señor.
  • 18 de abril, Viernes Santo
  • 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
  • 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
  • 13 de octubre, lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España.
  • 1 de noviembre, Todos los Santos.
  • 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
  • 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Las comunidades autónomas podrán elegir el cambio del festivo al lunes siguiente o a otro día en el que puedan celebrar alguna fiesta tradicional.

Festivos de Comunidades Autónomas

  • Febrero

28 – Día de Andalucía.

  • Marzo

1 – Día de les Illes Balears.

19 – San José.

31 – Fiesta del Eid Fitr.

  • Abril

1 – Lunes de Pascua.

17 – Jueves Santo.

21 – Lunes de Pascua.

23 – San Jorge/Día de Aragón.

23 – Fiesta de Castilla y León.

  • Mayo

2 – Fiesta de la Comunidad de Madrid.

17 – Día de las Letras Gallegas.

30 – Día de Canarias.

31 – Día de Castilla-La Mancha.

  • Junio

6 – Fiesta del Sacrificio – Eidul Adha.

6 – Fiesta del Sacrificio – Aid Al Adha.

9 – Día de la Rioja.

9 – Día de la Región de Murcia.

19 – Fiesta del Corpus Christi.

24 – San Juan.

  • Julio

25 – Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia.

28 – Día de las Instituciones de Cantabria.

  • Agosto

5 – Nuestra Señora de África.

  • Septiembre

8 – Día de Asturias.

8 – Día de Extremadura.

11 – Fiesta Nacional de Catalunya.

15 – La Bien Aparecida.

  • Octubre

9 – Día de la Comunitat Valenciana.

  • Diciembre

26 – San Esteban.

Prolongación en el servicio activo | Anulada la resolución del Sergas que denegó que denegó dicha prolongación

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido una resolución favorable a una médica de familia de atención primaria. La profesional había impugnado la desestimación de su solicitud de prolongación en el servicio activo por parte de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas. La resolución administrativa inicial, fechada el 12 de julio de 2023, denegó la prórroga solicitada por la médico. La decisión se fundamentó en la supuesta falta de capacidad funcional para ejercer su profesión. Para justificarla, se apoyó en un informe que destacaba un elevado número de ausencias laborales.

Alegación de arbitrariedad en la decisión administrativa ante la solicitud de prolongación en el servicio activo

La medica presentó un recurso de alzada tras la denegación, el cual fue desestimado presuntamente por el Servicio Técnico Jurídico del Sergas. En su demanda, la recurrente argumentó que la decisión administrativa era arbitraria y carecía de fundamentación adecuada. Señaló que previamente había recibido una autorización similar y un informe favorable de aptitud médica emitido en julio de 2022. Además, resaltó que sus capacidades y condiciones no habían cambiado en el año 2023, cuando solicitó la nueva prórroga. También mencionó que había recibido una comunicación verbal favorable por parte de la Directora de Atención Primaria antes de la denegación formal.

Análisis y argumentación del Tribunal Superior

El Tribunal Superior analizó los fundamentos jurídicos presentados, poniendo especial atención en la normativa aplicable. Se centró en el artículo 4.3 de la Orden de 3 de julio de 2012, que regula los motivos para denegar la autorización de permanencia en servicio activo. Asimismo, se tomó en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la prolongación del servicio activo no es un derecho subjetivo. En cambio, se considera una facultad condicionada tanto por la capacidad funcional del solicitante como por las necesidades organizativas del servicio.

Evaluación del tribunal

En su evaluación, el Tribunal observó que la resolución denegatoria se fundamentó en un informe que vinculaba las ausencias de la médica a posibles problemas de salud no reportados. Sin embargo, el Tribunal consideró que esta relación no estaba suficientemente probada. El Tribunal señaló que la denegación se apoyó en una doble presunción: primero, que todas las ausencias se debieron a enfermedad, y segundo, que dicha enfermedad afectaba su capacidad para desempeñar su puesto. Al no haberse demostrado de manera concluyente estos aspectos, el Tribunal concluyó que la motivación de la resolución administrativa era insuficiente y carecía de respaldo probatorio adecuado.

Adicionalmente, el Tribunal destacó que la gestión adecuada de las ausencias injustificadas debía llevarse a cabo mediante un expediente disciplinario. Esto se ajusta a lo establecido en la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en lugar de denegar automáticamente la prórroga del servicio activo.

Anulación de la resolución del Sergas que denegó la prolongación del servicio activo por falta de capacidad funcional

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acogió las pretensiones, anulando la resolución administrativa que negaba su permanencia en el servicio activo. Asimismo, se impusieron las costas procesales a la Administración demandada, fijando una cantidad de 1.500 euros en concepto de defensa para la demandante.

Denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de 2024

Incremento en las denuncias por violencia de género, pero disminución en el número de víctimas

Durante el segundo trimestre de 2024, los juzgados en España recibieron un total de 50.536 denuncias por violencia de género. Esto representa un incremento del 4,79% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el número de mujeres víctimas disminuyó en un 1,44%, situándose en 46.135. De estas víctimas, un 11,23% optaron por renunciar a declarar contra su agresor. La mayoría de las denuncias (72,69%) fueron presentadas directamente por las víctimas, mientras que las derivadas de atestados policiales representaron el 15,88%.

Disminución de las órdenes de protección

En cuanto a las órdenes de protección, se solicitaron 12.674 durante el trimestre, lo que representa una ligera disminución del 0,7% en comparación con el año anterior. De estas solicitudes, 8.589 fueron concedidas, lo que equivale al 67,7% del total. Los juzgados de violencia sobre la mujer aprobaron el 66,5% de las órdenes solicitadas, y los juzgados de guardia el 74%. Las órdenes de protección más frecuentes incluyeron alejamiento y prohibición de comunicación, representando más del 70% de las medidas penales adoptadas.

El número de sentencias dictadas alcanzó las 16.962, un aumento del 10,19% respecto al año anterior. De estas sentencias, el 80,27% fueron condenatorias, con los juzgados de violencia sobre la mujer imponiendo el 91,60% de las condenas. Las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Penal también mostraron altas tasas de condenas, del 77,27% y 69,95% respectivamente.

Disminución de la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres

Las tasas de víctimas por cada 10.000 mujeres disminuyeron ligeramente, con una media nacional de 18,5 frente a 19,2 del año anterior. Regiones como Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias presentaron las tasas más altas, mientras que Castilla y León, La Rioja y Galicia registraron las más bajas.

En el ámbito civil, se presentaron 7.356 demandas, principalmente relacionadas con divorcios no consensuados y medidas de guarda y custodia. Además, los juzgados de menores enjuiciaron a 95 menores por delitos de violencia de género, incrementando ligeramente respecto al año anterior.

Aumento de las denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de 2024

En resumen, aunque el número de denuncias por violencia de género ha aumentado, el número de víctimas ha disminuido ligeramente. Las órdenes de protección y las sentencias condenatorias se mantienen en niveles elevados.