des. 26, 2024 | Actualitat Prime
El TJUE establece que debe establecerse un sistema de ordenación del tiempo de trabajo para empleados del hogar. Asunto C-531/23.
En una reciente sentencia, el TJUE establece que es necesario implementar sistemas para el cómputo de la jornada laboral de los empleados del hogar. Se discute la procedencia del despido de una trabajadora del hogar por la falta de ordenación del tiempo de trabajo.
En el caso, la empleada, trabajadora a tiempo completo, impugnó el despido ante los tribunales españoles. El juez concluyó que el despido fue improcedente, obligando a los empleadores a pagar las vacaciones no disfrutadas y las pagas extras. Sin embargo, la trabajadora no pudo demostrar las horas trabajadas ni el salario reclamado, debido a la falta de un sistema de registro horario, del cual la normativa española exime a los empleadores domésticos.
Cuestión prejudicial ante el TJUE
El tribunal español, cuestionando la compatibilidad de dicha normativa con el Derecho de la Unión Europea, remitió una consulta al TJUE. La cuestión giró en torno a la exención a los empleadores domésticos de registrar las horas trabajadas, medida que podría contravenir la Directiva 2003/88/CE sobre la ordenación del tiempo de trabajo.
Obligación de registro horario y su aplicación
En la sentencia CCOO, el TJUE determinó que el registro del tiempo de trabajo es esencial para garantizar los derechos laborales. Este sistema permite establecer de manera objetiva y fiable las horas trabajadas, protegiendo a los empleados frente a abusos. A raíz de esta resolución, España modificó su legislación para obligar a los empleadores a implementar sistemas de registro horario. Sin embargo, persisten excepciones para sectores como el trabajo doméstico, amparadas en las particularidades del ámbito.
Discriminación indirecta y perspectiva de género
El TJUE también advirtió sobre una posible discriminación indirecta por razón de sexo. Dado que el empleo doméstico es predominantemente ocupado por mujeres, la normativa podría perpetuar desigualdades si no está objetivamente justificada. El tribunal español deberá analizar si dicha situación cumple con los principios de igualdad de trato.
Excepciones permitidas en el trabajo doméstico
Si bien las directivas europeas permiten excepciones en ciertos sectores, estas no deben vaciar de contenido los derechos fundamentales. Las excepciones, como no computar horas extraordinarias, deben garantizar la duración máxima del tiempo de trabajo semanal y otras condiciones mínimas.
Interpretación del TJUE
El tribunal establece que los artículos 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, deberán interpretarse en este sentido:
«Se oponen a una normativa nacional y a su interpretación por los órganos jurisdiccionales nacionales o a una práctica administrativa basada en tal normativa en virtud de las cuales los empleadores domésticos están exentos de la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral realizada por los empleados de hogar, privando por tanto a estos últimos de la posibilidad de determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo realizadas y su distribución en el tiempo.»
Fuente: TJUE.
des. 26, 2024 | Actualitat Prime
El BOE establece el calendario de días inhábiles en la AGE para 2025
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 24 de diciembre de 2024 la Resolución de 16 de diciembre de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, donde se establece el calendario de días inhábiles en la Administración General del Estado (AGE) para el año 2025. Este calendario es relevante para el cómputo de plazos en procedimientos administrativos según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Días inhábiles nacionales y territoriales
El documento distingue entre días inhábiles generales y específicos por comunidades autónomas y entidades locales:
- Ámbito nacional:
- Sábados y domingos.
- Fiestas de ámbito nacional no sustituibles ni modificadas por comunidades autónomas.
- Ámbito autonómico:
- Festivos establecidos por las comunidades autónomas en sus respectivos calendarios.
- Ámbito local:
- Días festivos designados por las entidades locales, conforme a la normativa autonómica.
Detalles del calendario 2025
El anexo de la resolución especifica los días inhábiles por meses y regiones:
- Enero: 1 (Año Nuevo) y 6 (Epifanía del Señor) inhábiles en todo el país.
- Abril: 18 (Viernes Santo) declarado inhábil nacional, y varios días festivos regionales como el 17, 21 y 23.
- Mayo: 1 (Día del Trabajo), festivo nacional, y el 2, festivo en Madrid.
- Agosto: 15 (Asunción de la Virgen), festivo en todo el país.
- Diciembre: 8 (Inmaculada Concepción) y 25 (Navidad), inhábiles en toda España, además del 26 (San Esteban) en Baleares y Cataluña.
La normativa incluye particularidades, como las fiestas insulares en Canarias y modificaciones específicas en Cataluña y la Comunitat Valenciana.
Importancia jurídica y administrativa
El calendario de días inhábiles es muy importante para garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, los plazos para trámites no incluyen días inhábiles, los cuales deben estar claramente definidos. Esta resolución asegura uniformidad en la interpretación de los plazos a nivel nacional y autonómico.
Aspectos específicos por comunidades
La resolución también recoge particularidades locales:
- Canarias: Fiestas insulares como el 5 de julio en El Hierro o el 19 de septiembre en Fuerteventura.
- Cataluña: Posibilidad de sustituir el 26 de diciembre por el 17 de junio en el Valle de Arán.
- Comunitat Valenciana: El 24 de junio será recuperable en algunos casos, según su decreto autonómico.
Repercusiones prácticas
La publicación anticipada del calendario facilita a ciudadanos y administraciones planificar con antelación trámites que dependan del cómputo de plazos. Es especialmente útil para sectores como el jurídico, empresarial o educativo, donde los procedimientos administrativos tienen gran impacto.
des. 24, 2024 | Actualitat Prime
Adopción de medidas urgentes mediante el Real Decreto-ley 9/2024
El 23 de diciembre de 2024, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 9/2024. Este texto introduce medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social. Además, se prorrogan diversas iniciativas para atender situaciones de vulnerabilidad social en España.
Contexto y antecedentes
Desde el inicio de 2022, España ha implementado ocho paquetes de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y desastres naturales como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Estas acciones han abarcado desde la regulación de precios energéticos hasta el apoyo a sectores y colectivos vulnerables, adaptándose continuamente a las condiciones económicas y sociales cambiantes.
Medidas urgentes en materia económica y tributarias
El Real Decreto-ley 9/2024 prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, ampliando los controles sobre la participación y titularidad de los inversores. Además, incrementa la dotación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) a 120.000 millones de euros, facilitando refinanciaciones y ayudas no reembolsables para apoyar la internacionalización empresarial.
En el ámbito tributario, se extienden las deducciones por eficiencia energética en viviendas y vehículos eléctricos, se prorrogan los regímenes simplificados para autónomos y se ajustan medidas relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Estas modificaciones buscan fomentar la competitividad y la sostenibilidad energética.
Medidas urgentes en materia transporte y seguridad social
El decreto actualiza y amplía las ayudas directas al transporte público urbano e interurbano, promoviendo la movilidad sostenible mediante descuentos en títulos multiviaje y bonificaciones. Se introducen incentivos para la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido y se fortalecen los servicios de préstamo de bicicletas públicas, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado y apoyar la descarbonización del transporte.
En materia de Seguridad Social, se garantiza la revalorización de pensiones en 2025 para mantener su poder adquisitivo. Además, se prorrogan medidas que evitan despidos en empresas beneficiarias de ayudas y se extiende la vigencia del salario mínimo interprofesional hasta su actualización mediante diálogo social. Nuevas disposiciones mejoran la protección social de trabajadores afectados por eventos como la DANA.
Apoyo a colectivos vulnerables
El decreto refuerza la protección en vivienda, extendiendo la suspensión de desahucios y facilitando la reconstrucción económica en zonas afectadas por desastres naturales. También incrementa las ayudas para el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y prorroga los descuentos del bono social para paliar la crisis energética.
Disposiciones adicionales y finales
El Real Decreto-ley establece mecanismos para la correcta implementación de las medidas, incluyendo financiamiento para empresas afectadas por desastres naturales y la agilización de procesos administrativos para la entrega eficiente de ayudas. Además, se realizan ajustes en diversas leyes relacionadas con la protección social, servicios digitales y el servicio postal universal para alinearlas con las nuevas disposiciones.
des. 24, 2024 | Actualitat Prime
Nuevo Real Decreto-Ley en el BOE en materia de pensión de jubilación y trabajo
El 24 de diciembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, enfocado en mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo. Esta normativa se enmarca dentro del Pacto de Toledo y responde a las recomendaciones sobre sostenibilidad y adaptabilidad del sistema público de pensiones, asegurando su viabilidad a largo plazo.
Principales modificaciones legales
El decreto-ley introduce cambios en diversas normativas:
- Jubilación activa:
- Se elimina el requisito de acreditar cotizaciones suficientes para alcanzar el 100 % de la base reguladora. Ahora, basta con los años mínimos para acceder a la pensión.
- Por otro lado, el porcentaje de la pensión compatible con el trabajo varía entre el 45 % y el 100 %, según los años que se demore el acceso tras alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
- Jubilación parcial:
- Se amplía la reducción máxima de jornada hasta el 75 % para quienes cumplan la edad ordinaria de jubilación.
- En el caso de jubilación parcial anticipada, el periodo permitido de reducción de jornada pasa de dos a tres años antes de la edad de jubilación.
- Trabajadores fijos-discontinuos:
- Se recupera el coeficiente multiplicador de 1,5 para el cálculo de las prestaciones de jubilación, incapacidad y supervivencia. Así, se pretende mejorar las condiciones previas a la reforma de marzo de 2023.
- Modificaciones normativas adicionales:
- Reformas en la Ley General de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores para alinear la regulación laboral y de seguridad social respecto a la compatibilidad entre pensión y trabajo.
- Mejoras en las condiciones de los contratos de relevo para la jubilación parcial, garantizando estabilidad laboral y reducción de jornada ajustada.
Contexto y objetivos
El decreto-ley refuerza la equidad intergeneracional y fomenta la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad de jubilación. Además, promueve un acceso más flexible y progresivo a la jubilación, adaptándose a las necesidades individuales. De este modo se responde al desafío demográfico y económico de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones en España.
Implicaciones
Finalmente, la norma establece evaluaciones periódicas para medir su impacto y efectividad. En el último trimestre de 2028, se analizará su influencia sobre la edad de jubilación, los contratos de relevo y la situación laboral de los relevistas. A tal fin, se tendrán en cuenta variables como el género y el tipo de actividad.
Fuente: BOE.
des. 24, 2024 | Actualitat Prime
des. 24, 2024 | Actualitat Prime
El BOE ha publicado el Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, por el que se establece un gravamen temporal energético para el año 2025. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y tendrá efectos para el ejercicio fiscal 2025.
Sobre el gravamen temporal energético
El gravamen temporal energético es una prestación patrimonial de carácter público y no tributario. Afectará a las personas o entidades clasificadas como operadores principales en los sectores energéticos, según la clasificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se establece una tasa del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios derivada de actividades energéticas realizadas en España durante el año 2024.
Exenciones y condiciones
Estarán exentas del pago del gravamen aquellas entidades cuya cifra de negocios neta en 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros o cuyo ingreso proveniente del sector energético no supere el 50% de su cifra de negocios total en los años 2017-2019. Además, se contempla la posibilidad de exención para grupos fiscales que tributen bajo el régimen de consolidación fiscal o que formen parte de grupos mercantiles con declaraciones en territorio común y foral.
Objetivo del Real Decreto-ley 10/2024 por el que se establece un gravamen temporal energético para el año 2025
El objetivo del Real Decreto-ley es financiar medidas de apoyo a los consumidores finales de energía. También busca fomentar la reducción del consumo energético y promover la autonomía energética, alineándose con los objetivos europeos del plan REPowerEU. Los fondos recaudados se destinarán a:
- Apoyo financiero a hogares vulnerables para mitigar los elevados precios de la energía.
- Incentivos para la reducción del consumo de energía mediante subastas o sistemas de licitación.
- Fomento de inversiones en energías renovables y tecnologías de descarbonización.
- Desarrollo de la autonomía energética a través de inversiones estratégicas alineadas con el Plan REPowerEU.
Incentivos para inversiones estratégicas
Las entidades obligadas al pago podrán reducir el gravamen temporal mediante la creación de reservas destinadas a inversiones estratégicas en la transición ecológica. Estas inversiones deben incluir proyectos esenciales para la descarbonización, como la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos en productos secundarios, el almacenamiento energético y la eficiencia energética. La norma establece un régimen detallado para la dotación y materialización de estas reservas. Incluye requisitos formales y especifica los plazos de permanencia de los elementos patrimoniales correspondientes.
Mecanismos de pago y sanciones
El gravamen deberá ser satisfecho en los primeros 20 días naturales de septiembre de 2025, con un pago anticipado a realizarse en junio del mismo año. Se establecen sanciones por incumplimiento de hasta el 150% del importe repercutido, consideradas infracciones muy graves y sometidas al régimen administrativo sancionador general.
En el último trimestre de 2025, el Gobierno realizará un estudio sobre los resultados del gravamen. Este análisis evaluará su posible continuidad. Para ello, se tendrá en cuenta la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios energéticos y el impacto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades.
Compatibilidad de este gravamen temporal con la normativa europea
Las medidas recogidas en este real decreto-ley cumplen con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas estatales y están sujetas a la autorización expresa de la Comisión Europea.
El Real Decreto-ley 10/2024 refleja el compromiso del Estado español en gestionar de manera eficiente los desafíos energéticos. Promoviendo una transición hacia un modelo más sostenible y resiliente.
