nov. 19, 2024 | Actualitat Prime
Nuevo pronunciamiento europeo en materia de exoneración de deudas fiscales en casos de perdón. [TOL10. 254. 593]
El TJUE establece que los Estados miembros pueden regular el acceso a la exoneración de deudas excluyendo aquellas de carácter público, como las deudas fiscales. Esta decisión responde a cuestiones planteadas por los tribunales de Barcelona y Alicante, en el contexto de litigios sobre la exoneración del pasivo insatisfecho de personas insolventes, en los que se debatió la inclusión de deudas con Hacienda en el perdón de deudas. La respuesta del TJUE viene de una cuestión prejudicial planteada en los asuntos acumulados C‑289/23 y C‑305/23.
La protección del interés público
El TJUE permite a los Estados miembros, como España, establecer excepciones a la exoneración de deudas cuando estas tienen carácter público. La sentencia establece que la protección del interés público puede justificar que los créditos fiscales no se incluyan en los procesos de perdón de deuda. Este fallo permite que, cuando un deudor actúe con mala fe o de manera deshonesta, las autoridades nacionales puedan imponer plazos más largos o, incluso, revocar la exoneración de las deudas públicas.
Para el TJUE, el requisito principal para aplicar esta excepción es que exista un motivo legítimo de interés público, sin necesidad de probar dolo o intención maliciosa del deudor. En su análisis, el tribunal resalta que la exoneración de deudas no es un derecho absoluto y debe ponderarse con otros intereses colectivos.
Condiciones para la restricción del perdón de deuda
Según la sentencia, los Estados de la Unión Europea pueden denegar el perdón de deudas fiscales en supuestos específicos. Una de las situaciones que justifica la restricción es que, en los diez años previos a la solicitud de exoneración, el deudor haya recibido sanciones administrativas firmes por infracciones tributarias graves, de seguridad social o del orden social. Esta disposición también aplica cuando existe un acuerdo firme de derivación de responsabilidad contra la empresa deudora.
Esta resolución aclara que, aunque se pueda restringir el acceso al perdón de deudas fiscales, no se modifica el orden de prelación de los créditos en los procedimientos concursales. Así, los créditos públicos mantienen su posición dentro de las normas concursales sin afectar a otros acreedores en el proceso.
El fallo del TJUE no tiene un efecto vinculante directo, sólo resuelve la cuestión planteada por el triubunal. Los jueces nacionales son quienes, en última instancia, deben valorar las circunstancias de cada caso y decidir si el interés público justifica la excepción a la exoneración de deudas fiscales.
nov. 19, 2024 | Actualitat Prime
Un juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona ha anulado una resolución del departamento de Educación del Gobierno de Navarra que obligaba a los centros educativos concertados a implementar un sistema de autoevaluación. La decisión se basa en que dicha imposición contraviene las competencias autónomas de los colegios privados.
Sistema de autoevaluación
El centro educativo presentó un recurso impugnando la norma. Argumentó que esta regula la autoevaluación, una competencia que, según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, corresponde exclusivamente a los centros privados concertados. Además, el demandante señaló que la normativa vulnera el artículo 106 de dicha ley. Este artículo se refiere específicamente a la «Evaluación de la función pública docente» y no a los centros privados.
Autonomía pedagógica en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
El magistrado consideró que la Ley Orgánica claramente otorga a los centros concertados la facultad de autoevaluarse sin intervención directa de la administración. Señaló que imponer un modelo específico de autoevaluación por parte del departamento de Educación transgrede los principios de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de estos centros.
Asimismo, el juez destacó que, aunque la inspección educativa tiene competencias sobre la supervisión y evaluación del sistema, no corresponde a la administración definir el método de autoevaluación para los centros concertados. Aclaró que el departamento de Educación puede establecer modelos de autoevaluación para centros públicos, pero no para aquellos privados. Calificó la medida impugnada como una intromisión en las competencias de los centros privados concertados.
Anulada la resolución que facultaba al departamento de Educación a imponer el sistema de autoevaluación a los centros concertados
La sentencia permite que la resolución sea recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Este fallo refuerza la interpretación de la autonomía de los centros educativos concertados en el marco de la legislación vigente, asegurando que sus competencias en autoevaluación sean respetadas.
nov. 18, 2024 | Actualitat Prime
En un reciente fallo judicial, el TSJ de Islas Baleares confirmó el derecho de una animadora turística a percibir una pensión por incapacidad permanente total. El tribunal desestimó el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El caso, que inició con una denegación administrativa de la incapacidad el 27 de julio de 2021, evolucionó tras la desestimación de la reclamación previa presentada por la afectada.
Incapacidad total para realizar su profesión habitual
La demandante, cuya profesión habitual implica actividades de planificación, organización y desarrollo de proyectos culturales, fue diagnosticada con una patología crono-degenerativa. Esta enfermedad afecta su columna cervical, lumbar y cadera derecha. Los informes médicos detallaron múltiples complicaciones, incluyendo protrusiones discales y estenosis de canal, que limitan significativamente su capacidad laboral.
La sentencia de instancia reconoció que las limitaciones físicas de la demandante impedían el desempeño efectivo de sus funciones laborales. Por ello, le otorgó una pensión mensual equivalente al 55% de su base reguladora, más las mejoras y revalorizaciones legales, con efectos retroactivos al 27 de julio de 2021.
Recurso de suplicación ante el TSJ | Los episodios de dolor no constituyen una incapacidad permanente
El INSS interpuso un recurso de suplicación alegando una interpretación errónea de los artículos 193 y 194 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Argumentó que los episodios de dolor no constituyen una incapacidad permanente y que las tareas de la profesión son, en gran medida, de carácter sedentario. Sin embargo, el tribunal superior desestimó este recurso. El tribunal destacó que la valoración realizada por el juez de instancia fue adecuada al considerar la gravedad y cronicidad de las dolencias. También tuvo en cuenta su impacto real en la capacidad laboral de la afectada.
El tribunal enfatizó que, en ausencia de errores manifiestos o desaciertos evidentes en la decisión inicial, las dudas deben resolverse a favor de mantener la sentencia original.
nov. 18, 2024 | Actualitat Prime
Confirmación de condena por intromisión a la intimidad de un trabajador en baja laboral. La empresa contrató a un detective privado para investigar al empleado.
Antecedentes del caso
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la sentencia que condena a una empresa que había contratado a un detective privado para seguir a un trabajador en situación de baja médica. La investigación se realizó en un club de golf privado, un lugar considerado “reservado” según la normativa vigente. Ello motivó que la Sala confirmara la ilicitud de esta actuación. La sentencia confirma que este seguimiento vulneró el derecho a la intimidad del trabajador.
Procedimiento y sanción impuesta
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando la empresa, basada en un informe del detective, sancionó al trabajador con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, acusándolo de fraude y transgresión de la buena fe contractual. Los informes del detective detallaban actividades del trabajador en un club de golf y en una segunda residencia fuera del País Vasco, aunque el empleado se encontraba en baja por un trastorno adaptativo.
El trabajador recurrió la sanción, y el Juzgado de lo Social 2 de San Sebastián falló a su favor, anulando la sanción. El juez consideró que la empresa había vulnerado el artículo 48 LSP, que prohíbe la vigilancia en “domicilios u otros lugares reservados”. Al calificar el club de golf como un “lugar reservado”, el tribunal estimó que la empresa había transgredido este artículo, ordenando una indemnización de 15.000 euros al trabajador por los daños sufridos.
Ratificación del TSJPV y argumentos jurídicos
El TSJPV desestimó el recurso de la empresa y respaldó íntegramente la sentencia del juzgado de primera instancia. La Sala reafirmó que el club de golf era un “lugar reservado” y que la toma de imágenes en este espacio constituía una intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador. La jurisprudencia apoya que el derecho a la intimidad debe ser preservado especialmente en el ámbito privado, sin excepciones por el hecho de tratarse de una investigación laboral.
Asimismo, el TSJPV recordó que el trastorno adaptativo, motivo de la baja del trabajador, no implica una prohibición de realizar actividades deportivas moderadas. Como, por ejemplo, el golf, ni impide desplazamientos a segundas residencias. Este aspecto desvirtúa el argumento de la empresa sobre el supuesto “fraude” laboral.
No obstante, esta resolución aún no es firme. La empresa tiene la opción de presentar un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Fuente. CGPJ.
nov. 18, 2024 | Actualitat Prime
Contexto de la sanción a una abogada por alegar su derecho a huelga.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha impuesto una sanción de 180 euros a una abogada del turno de oficio. El motivo es que no compareció a una diligencia en la que debía asistir a un cliente investigado. La letrada, asignada por el sistema de asistencia jurídica gratuita, justificó su incomparecencia aludiendo a su derecho a huelga. Por ello, solicitó que el procedimiento fuera suspendido hasta el fin de la misma. Sin embargo, el magistrado desestimó esta petición, dado que el derecho a huelga en el ámbito de la defensa gratuita carece de amparo legal específico.
Falta de respaldo legal
El magistrado recordó que “no hay ninguna disposición legal” que reconozca el derecho a huelga para asuntos atribuidos a los abogados del turno de oficio. Esta afirmación se fundamenta en la ausencia de normativa en la jurisdicción social que otorgue a estos profesionales un derecho de huelga específico para su actividad dentro del sistema de justicia gratuita. Asimismo, señala que los convocantes de la huelga no han gestionado la búsqueda de un reconocimiento formal de este derecho ante los tribunales de la jurisdicción social, lo cual refuerza la inexistencia de una base legal para tal reclamación.
Impacto en el proceso penal
El juez subrayó que la falta de asistencia de la letrada generó un perjuicio procesal para el investigado, ya que la incomparecencia “no es causa de suspensión de plazos ni justificación para prorrogar la instrucción”. Esto se debe a que el proceso penal debe seguir los plazos establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo regula los tiempos de instrucción y establece que cualquier dilación podría afectar el desarrollo adecuado del procedimiento, comprometiendo, además, los derechos del cliente investigado, quien depende de una asistencia letrada oportuna.
La situación de huelga invocada por la abogada solo afecta a los casos en los que actúa como defensora del turno de oficio. Esto, según el juez, podría prolongarse indefinidamente, ya que los ingresos por el turno de oficio representan una mínima parte de la remuneración total de estos profesionales. Este argumento se considera como uno de los factores que invalidan la naturaleza de esta huelga. De no hacerlo, podría extenderse sin límite temporal, afectando así al servicio de asistencia jurídica gratuita.
Fuente: CGPJ.
nov. 18, 2024 | Actualitat Prime
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de prisión permanente revisable impuesta a una madre y a su pareja. Ambos fueron condenados por el asesinato de su hija de dos años, un crimen cometido con alevosía y ensañamiento. Según los hechos probados, ambos maltrataban habitualmente a la menor en su domicilio de Zaragoza. Esto le ocasionó hasta 101 lesiones externas que culminaron en una rotura duodenal y peritonitis, condiciones que requerían asistencia médica inmediata.
Condenados a prisión permanente revisable | Crimen cometido con alevosía y ensañamiento
A pesar del claro riesgo vital para la niña, los condenados optaron por no notificar a los servicios médicos durante las 48 horas previas a su fallecimiento. En ese tiempo, continuaron con el maltrato, aumentando deliberadamente el sufrimiento de la menor. Este retraso en la atención médica fue determinante para el desenlace fatal, ya que impidió el tratamiento oportuno de la peritonitis.
Sentencia de apelación
Los condenados apelaron la sentencia. Alegaban que no se especificaba quién de ellos fue el autor material de la lesión que causó la muerte de la niña. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estos argumentos, reconociendo la actuación conjunta y concertada de ambos responsables como la causa directa del fallecimiento. El tribunal destacó que la negligencia en notificar a los servicios médicos y el continuo maltrato reflejaban un ejercicio arbitrario del mando, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de la menor.
Confirmación del a prisión permanente revisable
Además de la pena de prisión permanente revisable, se impuso una indemnización solidaria de 280.000 euros a los familiares de la víctima. El Tribunal Supremo también rechazó los recursos de casación presentados por los condenados. De este modo, mantuvo la condena original dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial.
Se mantiene la prisión permanente revisable al darse que la víctima es menor de dieciséis años de edad. La víctima tenía tan sólo dos años y por tanto era una persona especialmente vulnerable por razón de su edad. Asimismo, queda probado que el asesinato se dio con alevosía y ensañamiento.
