maig 24, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado como accidente in itinere el siniestro sufrido por una trabajadora de camino al trabajo, basándose en información de Google Maps como prueba. Este accidente ocurrió una hora y media antes de que comenzara su jornada laboral, pero el Tribunal consideró que la anticipación no desvirtúa el nexo cronológico necesario para considerar el accidente como laboral.
Hechos probados
Accidente «in itinere»
Según los nuevos hechos probados, el accidente ocurrió a las 10:40 horas, cuando la trabajadora conducía su vehículo y, debido a un fenómeno de aquaplaning, se salió de la vía en la Calle Tenerife. Cerca del edificio de los bomberos voluntarios de Adeje. Su centro de trabajo estaba ubicado en la Calle Alcalde Walter Paetzm, en La Caleta de Adeje, Santa Cruz de Tenerife.
La trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal el mismo día del accidente y acudió a los servicios médicos de la mutua al día siguiente. Ella argumentó que el accidente ocurrió mientras se dirigía a su trabajo en el «Hotel Gran Tacande». Sin embargo, la mutua rechazó considerar el accidente como «in itinere», basándose en que su jornada laboral comenzaba a las 12:00 horas y que el trayecto desde su domicilio al trabajo tomaba aproximadamente 15 minutos en coche. Este rechazo llevó a la trabajadora a promover un expediente de determinación de contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este concluyó que se trataba de un accidente de origen profesional. La mutua, en desacuerdo, presentó una demanda solicitando que se declarara el accidente como de origen común.
La sentencia de instancia desestimó la demanda de la mutua y recurso de suplicación | Google Maps como prueba
La sentencia de instancia desestimó la demanda de la mutua, argumentando que no se había demostrado que el trayecto al trabajo tomara solo 15 minutos. Del mismo modo, indicó que no se consideraron factores como desvíos por obras o la necesidad de comenzar la jornada antes por realizar horas extras. Insatisfecha con esta sentencia, la mutua recurrió en suplicación, solicitando la revisión de los hechos probados y alegando infracciones de normas sustantivas y jurisprudencia.
Pantallazo de Google Maps como prueba
En la revisión de los hechos, se utilizaron pruebas documentales y periciales, incluyendo un atestado de la policía local, un volante de asistencia y un «pantallazo» de Google Maps como prueba. La mutua solicitó corregir la localización del accidente y añadir el domicilio concreto del centro de trabajo en los hechos probados. En el análisis de la prueba, se utilizó Google Maps para comparar las imágenes del lugar del accidente con las fotografías del atestado policial. Esta comparación reveló que el lugar del accidente coincidía con la descripción dada por la trabajadora y no con la propuesta por la mutua. La aplicación «Street View» de Google Maps fue fundamental para corroborar las características geográficas del lugar del accidente.
Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa Cruz de Tenerife
Desde un punto de vista jurídico, se consideró relevante incluir el domicilio del centro de trabajo en los hechos probados. No obstante, se rechazó la modificación de la localización del accidente propuesta por la mutua, ya que la evidencia documental y Google Maps como prueba confirmaron la versión de la trabajadora.
La mutua también argumentó que el accidente ocurrió demasiado temprano para ser considerado «in itinere» y en una ruta no habitual. Sin embargo, se determinó que el trayecto era normal y habitual para llegar al trabajo. Así como que la trabajadora podría haber salido con antelación para cambiarse de ropa y buscar aparcamiento, justificando así el tiempo extra en el trayecto.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que un accidente «in itinere» debe ocurrir en el trayecto habitual y en un tiempo prudencial para ser considerado accidente de trabajo, permitiendo cierta flexibilidad y razonabilidad en la interpretación de estos criterios.
maig 22, 2024 | Actualitat Prime
Se anulará el despido automático por incapacidad permanente del artículo 49 ET.
Ayer, día 21 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores. A través de dicha reforma, se elimina como causa de despido automático el reconocimiento de incapacidad permanente.
La norma pretende proteger el empleo de las personas con discapacidad y cumple el mandato de las propuestas recogidas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad. Así, recoge el acuerdo alcanzado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Dicha eliminación recoge los supuestos de incapacidad permanente total, absoluta, y gran invalidez.
Para el Ministerio de Derechos Sociales, esta reforma representa un blindaje adicional de los derechos de las personas con discapacidad, alineando el marco laboral español con estándares internacionales. El objetivo es garantizar un empleo decente para las personas con discapacidad, priorizando opciones como la adaptación del puesto de trabajo o el cambio a otras funciones compatibles.
De este modo, no se asemejará la muerte civil del trabajador con una situación de invalidez. El artículo 49 ET dispone:
«1. El contrato de trabajo se extinguirá: […]
e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. »
Medidas complementarias y llamamiento al consenso
Además de esta reforma, se implementarán otras medidas del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad para mejorar el acceso al empleo y ampliar los derechos de las personas con discapacidad, como se hizo con la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española. El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para lograr un amplio respaldo parlamentario.
La nueva normativa obliga a las empresas a realizar ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer su derecho al trabajo, incluso si la discapacidad surge después de comenzar su actividad profesional.
El texto aprobado también establece criterios para determinar cuándo los ajustes necesarios pueden constituir un coste excesivo para la empresa, considerando si los gastos de adaptación pueden ser cubiertos parcialmente o totalmente con ayudas o subvenciones públicas y si son razonables en relación con el tamaño de la empresa.
Decisión voluntaria del trabajador
La posibilidad de extinguir el contrato ya no estará en manos de la empresa de manera automática, sino que dependerá de la voluntad del trabajador. Así, el empleado podrá optar por:
– Una adaptación razonable y adecuada del puesto de trabajo.
– El cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible que sea compatible con su perfil profesional y nueva situación.
Fuente: Consejo de Ministros
maig 16, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Las Islas Canarias ha validado el uso de la prueba proporcionada por un detective privado en un caso de despido disciplinario. La corte ha rechazado el recurso de suplicación del empleado de una pastelería y ha avalado el despido disciplinario basado en las evidencias proporcionadas.
Legalidad de la actividad del detective privado
La actividad del detective se enmarcó dentro de lo permitido por la ley, especialmente referido al artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. El tribunal consideró que las observaciones realizadas desde lugares públicos o accesibles no constituían una violación de dicha normativa. Aunque esta ley prohíbe la investigación en domicilios o lugares reservados, como reconoce el propio tribunal.
Asimismo, Las observaciones del detective se llevaron a cabo en la azotea de la vivienda del demandante, un lugar visible desde espacios públicos. Por tanto, no se consideró que se vulnerara el derecho a la intimidad personal. Las actividades del demandante se veían externamente y no necesitaban intervenciones tecnológicas invasivas para su detección.
Admisibilidad de la prueba proporcionada
El informe del detective y su testimonio fueron aceptados como prueba válida en el juicio. Esto se debió a que no se demostró que la obtención de la prueba involucrara una invasión al domicilio o el uso indebido de tecnología que violara la intimidad personal del demandante.
La sentencia se basó en la validez de la prueba para concluir que las acciones del demandante, observadas y documentadas por el detective, eran incompatibles con su estado de incapacidad temporal declarado. Justificando así el despido disciplinario.
Ausencia de protesta por parte del demandante contra la prueba proporcionada
Durante el juicio, el demandante no formuló una protesta adecuada o recurso de reposición contra la admisión de la prueba del detective, lo que fue considerado por el tribunal como aceptación tácita de la licitud de la prueba aportada.
Impacto de la Conducta en el Proceso Curativo
La sentencia también valoró que las actividades realizadas por el demandante, aunque no fueran lucrativas o con la intención de perjudicarse a sí mismo, sí podían afectar adversamente su recuperación. Y, como tal, representaban una transgresión de la buena fe contractual.
Fallo del tribunal | Legalidad de la prueba proporcionada por el detective privado
El Tribunal Superior de Justicia de Las Islas Canarias concluyó que la prueba aportada por el detective privado fue obtenida y utilizada de manera legal. Además de pertinente y relevante para el caso. Y, del mismo modo, contribuyó significativamente a la determinación de la validez del despido disciplinario del demandante.
maig 15, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia que niega la compensación por lucro cesante y daños morales a una redactora. No obstante, sí reconoce una indemnización por la promesa incumplida de un contrato de trabajo. Este caso se centra en la figura de una redactora de la Cadena SER que fue abordada por la Cadena COPE para un cambio de empleo.
Rechazo de la indemnización por lucro cesante
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no otorgar indemnización por lucro cesante a la demandante se basa en varios fundamentos clave que considera las circunstancias específicas del caso y la legislación aplicable.
La sentencia del tribunal establece que la demandante no sufrió un perjuicio económico continuo por el incumplimiento de la oferta de contratación. Pues reinició su actividad como autónoma para PRISA en mayo de 2022, lo que indica que no quedó desprotegida económicamente. El hecho de que Asunción haya obtenido ingresos significativos a través de su trabajo autónomo contradice la idea de un lucro cesante prolongado.
Solapamiento en las demandas de indemnización por lucro cesante
El tribunal observa que existe un solapamiento en las demandas de indemnización por lucro cesante entre febrero y abril de 2022. Y que se solicitó compensación por un mismo concepto perjudicial en periodos superpuestos. Esto implica una posible sobrecompensación que el tribunal desea evitar.
Asimismo, el tribunal determinó que la cantidad concedida por daño emergente, basada en el salario que Asunción habría percibido de continuar su contrato hasta abril de 2022, era adecuada. Esto toma en cuenta tanto el daño inmediato causado por la terminación anticipada del contrato como una valoración razonable del perjuicio económico directo.
Consideraciones adicionales sobre los daños morales y lucro cesante
El tribunal también considera que la demandante no proporcionó evidencia suficiente para apoyar su reclamo de daños morales y otras formas de lucro cesante como la pérdida de prestaciones de desempleo, especialmente teniendo en cuenta que no cumplía con los requisitos para recibir dicha prestación.
La decisión del tribunal de no otorgar indemnización por lucro cesante se basa en:
- La falta de un perjuicio económico continuo y significativ,
- la corrección de un error factual que no modifica la situación de fondo,
- la prevención de una duplicidad indemnizatoria,
- y la suficiencia de las compensaciones otorgadas para cubrir los daños reales experimentados por la actora.
Además, la falta de pruebas convincentes sobre daños adicionales juega un papel crucial en la determinación final del tribunal.
Fallo
Los magistrados José Luis Asenjo Pinilla, Emilio Palomo Balda y Ángela Mostajo Veiga, de la Sala de lo Social del TSJM, confirmaron la decisión del tribunal inferior, negando la compensación por lucro cesante y daños morales pero reconociendo el daño emergente.
maig 14, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que exime a un trabajador de devolver la prestación por desempleo que recibió durante un ERTE, pese a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concedió esta por error. El trabajador se incluyó en un ERTE durante la pandemia de Covid-19, con una reducción de jornada inicial del 75%, que superaba el límite legal del 70%.
Devolución de las cantidades percibidas indebidamente de la prestación por desempleo
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) inicialmente concedió la prestación por desempleo al trabajador desde el 1 de abril de 2020 con una reducción de jornada del 75%. Sin embargo, esta prestación fue posteriormente revocada al considerar que la reducción de jornada superaba el máximo legal del 70%. Lo que llevó a una exigencia de devolución de las cantidades percibidas indebidamente.
El Tribunal Supremo, al revisar el caso, puso énfasis en varios puntos clave.
- Aplicación de la normativa específica del COVID-19. El tribunal consideró que las disposiciones especiales del Real Decreto-ley 8/2020 no especificaban expresamente un límite máximo de reducción de jornada. Por lo que permitiría interpretar que el límite general del 70% podría no aplicarse estrictamente bajo las circunstancias excepcionales de la pandemia.
- Error administrativo y principio de confianza legítima. Se destacó que la resolución inicial del SEPE reconocía la prestación por desempleo sin advertir o limitar la reducción de jornada al 70%. Esto implicaba un reconocimiento de que la prestación era apropiada a pesar de la reducción superior a la norma general. Lo que podría haber creado una expectativa legítima en el trabajador de que estaba actuando dentro de la legalidad.
- Principios de buena gobernanza y proporcionalidad. El Tribunal Supremo también invocó principios de buena gobernanza y proporcionalidad, considerando que no era justo que el trabajador asumiera toda la carga del error administrativo, especialmente cuando no había contribuido a dicho error ni actuado de mala fe.
Prestación por desempleo recibida durante un ERTE
Por lo tanto, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación. Por lo que anuló la sentencia anterior y declaró el derecho del trabajador a recibir la prestación por desempleo correspondiente. Finalmente, subrayó la necesidad de interpretar las disposiciones legales de manera que reflejen las realidades excepcionales de la pandemia y los principios de equidad y justicia.
