La tributación en IRPF de indemnizaciones por defectos de vivienda

Consulta a la DGT V1836-24. Tratamiento fiscal de las indemnizaciones por defectos de construcción de la vivienda.

La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta vinculante en materia de indemnizaciones recibidas a raíz de defectos de construcción de vivienda. Según el caso, la sentencia otorgó a un contribuyente una indemnización por defectos constructivos en su vivienda. Esto plantea la cuestión de cómo debe tributar dicha compensación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . La clave para entender el tratamiento fiscal de esta indemnización reside en determinar si debe considerarse una ganancia o pérdida patrimonial.

Ley del IRPF: ¿Ganancia o simple compensación?

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, establece en su artículo 33.1 que cualquier variación en el patrimonio que implique una alteración debe computarse como ganancia o pérdida patrimonial, a menos que se clasifique como rendimiento. En este caso, el importe recibido como indemnización por daños en la vivienda podría modificar el patrimonio del contribuyente. Sin embargo, el artículo 37.1.g) de la misma ley aclara que, si la indemnización se destina exclusivamente a cubrir el coste de reparación, no habrá ganancia imponible en el IRPF, siempre que el importe recibido no exceda dicho coste.

La Dirección General de Tributos ha emitido consultas vinculantes sobre esta cuestión (como las consultas V1869-11 y V1171-14), en las que establece que solo existirá ganancia patrimonial si la indemnización supera el coste necesario para restablecer la vivienda a su estado original. En estos casos, la compensación por defectos de construcción no generará una ganancia imponible si se emplea únicamente en cubrir el daño. Sin embargo, cualquier exceso de la indemnización que no se destine a la reparación deberá computarse como ganancia patrimonial y tributar en el IRPF.

Plazo para realizar las reparaciones y ajuste de la autoliquidación

Otro aspecto importante es el tiempo disponible para destinar la indemnización a las reparaciones. Aunque la normativa no establece un plazo específico, se recomienda hacer uso del importe recibido en el mismo ejercicio fiscal para evitar discrepancias entre el ejercicio de percepción y el de reparación. En casos donde las obras se prolonguen más allá del año, el contribuyente puede presentar una autoliquidación rectificativa, según el artículo 67 bis del Reglamento del IRPF, para ajustar la declaración y evitar una tributación indebida.

En conclusión, el IRPF no considera ganancia patrimonial una indemnización por defectos constructivos siempre que se destine a la reparación. Cualquier cantidad no empleada en este fin deberá declararse como ganancia, asegurando un tratamiento fiscal justo y acorde con el verdadero incremento patrimonial del contribuyente.

 

Fuente: DGT.

Juzgado de Las Palmas condena a un banco por no impedir ciberestafa a clienta

El banco no implementó las medidas de seguridad requeridas para evitar la ciberestafa a la clienta.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una sentencia condenatoria contra una entidad bancaria por no evitar una ciberestafa que afectó a una clienta, obligando al banco a devolverle la suma de 4.902 euros más los intereses legales correspondientes. El fallo también impone al banco las costas del proceso, subrayando su responsabilidad patrimonial en el contexto de un entorno digital cada vez más vulnerable a ataques cibernéticos.

El argumento del banco y la resolución judicial

La entidad bancaria rechazaba la responsabilidad en este incidente, alegando que la clienta era la única culpable al caer en la estafa. Sin embargo, el juez argumenta que, en un contexto de ciberseguridad y pagos electrónicos, el banco debe implementar medidas de protección adecuadas más allá de simples advertencias informativas. En su sentencia, el magistrado señala que la entidad, al prestar servicios en un entorno altamente tecnológico y susceptible a fraudes, tiene la obligación de reforzar sus medidas de seguridad para proteger a sus clientes frente a ataques de phishing.

Detalles de la ciberestafa. Simulación de web bancaria

La estafa ocurrió en el verano de 2023. Según los hechos, la clienta recibió un SMS desde el mismo canal utilizado habitualmente por el banco, alertándola sobre un supuesto riesgo de seguridad. Este mensaje incluía un enlace que dirigía a una página web que replicaba con exactitud la imagen y funciones del portal oficial del banco. Tras introducir sus datos de acceso en la página fraudulenta sin éxito, la clienta fue contactada telefónicamente por una persona que, simulando ser un empleado del banco, le advirtió de un “riesgo grave de seguridad” y la instruyó para transferir sus fondos a una nueva cuenta.

Bajo la dirección de estos estafadores, la clienta realizó dos transferencias, una de 1.152 euros y otra de 3.750 euros, perdiendo acceso a esos fondos. La situación derivó en una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

La responsabilidad del banco en la protección de sus clientes

El juez rechaza que la clienta deba asumir la culpa, no se puede esperar que desplegara una “actitud sospechosa” sobre un mensaje del canal oficial. Además, señala que la estafa empleó técnicas de ingeniería social y tecnología avanzada que vulneraron la confianza de la clienta en su entidad financiera, siendo responsabilidad del banco implementar sistemas de defensa adecuados.

Posibilidad de recurso

Finalmente, el fallo es recurrible ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº7 de Las Palmas, de 16 de octubre de 2024.

TSXG suspende cautelarmente tres parques eólicos en Galicia

Suspensión de parques eólicos por riesgo de daño ambiental irreparable

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  ha acordado la suspensión cautelar de los parques eólicos Penas Boas, Orballeira y Fial das Corzas. El motivo, el riesgo de que su construcción cause daños irreparables al medio ambiente.

Hasta la fecha, el TSXG ha dictado 151 autos relacionados con solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas y de construcción de parques eólicos en Galicia. De ellas, 62 han resultado en suspensiones.

Criterios para la medida cautelar: el “periculum in mora”

El TSXG basa su decisión en el criterio de periculum in mora, al señalar que la medida cautelar busca prevenir daños irreparables y asegurar que una eventual sentencia sea efectiva. En los autos, los magistrados advierten que el avance de los proyectos afectaría valores ambientales de alta sensibilidad. De esta manera, el tribunal alinea su criterio con la doctrina del Tribunal Supremo, que otorga prioridad a la protección ambiental sobre otros intereses, cuando existen indicios de daños irreparables.

Caso Penas Boas: impacto ambiental irreversible

En el auto correspondiente al parque eólico Penas Boas, ubicado en Aranga, Oza-Cesuras y Coirós (A Coruña), la Sala cita un informe pericial que sugiere un impacto irreversible sobre ciertos valores ambientales. De esta manera, alude al riesgo de “dejar en papel mojado” una futura sentencia en caso de que el parque sea construido. Además, el TSXG invoca el artículo 45 de la Constitución Española, que protege el derecho al medio ambiente. De este modo, justifica la suspensión cautelar para evitar daños de difícil o imposible reparación.

Precedentes y fundamentos jurídicos en el caso Orballeira

En el caso del parque eólico Orballeira, en A Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Quiroga (Lugo), el TSXG reitera la posibilidad de daños medioambientales y recurre a sentencias del Tribunal Supremo que suspendieron parques eólicos en Castilla y León en 2011. Estas decisiones establecieron que, ante riesgo de daño medioambiental, el interés público ambiental prevalece sobre el suministro energético. Asimismo, el TSXG remite a directivas comunitarias, como las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, que promueven la preservación de espacios naturales sensibles ante proyectos de infraestructura que puedan impactar negativamente el medio ambiente.

Caso Fial das Corzas: proximidad a áreas residenciales

Para el parque eólico Fial das Corzas, situado en Laza y Vilar de Barrio (Ourense), el tribunal argumenta que ciertas infraestructuras del proyecto afectan áreas ambientalmente sensibles, de acuerdo con la clasificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Adicionalmente, el TSXG identifica que dos aerogeneradores estarían ubicados demasiado cerca de viviendas, sin cumplir con la distancia de seguridad recomendada. Poe ello, considera que agrava el riesgo de impactos adversos para las comunidades locales.

Recurso y continuidad del proceso

Finalmente, los autos emitidos por el TSXG no son definitivos y están sujetos a recurso, lo que permite a las partes afectadas presentar alegaciones adicionales. Sin embargo, la decisión refuerza la tendencia de los tribunales a priorizar la protección ambiental en proyectos de energías renovables.

 

Fuente: CGPJ.

El Tribunal Supremo confirma potestad de la AEPD para ampliar investigaciones sancionadoras

El Supremo se pronuncia sobre la posibilidad de ampliación de procedimiento sancionador de la AEPD.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que la AEPD tiene la potestad para ampliar el objeto de un procedimiento sancionador hacia el análisis de la política de protección de datos de una empresa. Incluso si el proceso inició por reclamaciones individuales. Esta sentencia permite que la AEPD examine políticas generales de tratamiento de datos cuando se observe un origen común de las infracciones denunciadas.

Antecedentes del caso: sanción al BBVA por incumplimiento en protección de datos

Este fallo surge a raíz de un recurso presentado por la AEPD contra una decisión de la Audiencia Nacional. La decisión, de 2022, anuló sanciones impuestas al BBVA en 2020 por un total de cinco millones de euros. Las multas se emitieron tras detectarse incumplimientos en la política de protección de datos de la entidad. Concretamente en el documento “Declaración de actividad económica y política de protección de datos personales”. La Audiencia Nacional argumentó que la base para tales sanciones era insuficiente, ya que las reclamaciones individuales (cinco en total) no representaban una muestra concluyente frente al total de clientes del banco.

Criterios del Tribunal Supremo sobre la potestad de la AEPD

En la sentencia, el Tribunal Supremo revoca la decisión de la Audiencia Nacional. Establece que la AEPD puede abordar elementos relacionados con un documento o política general cuando las infracciones tienen un origen común en dicho documento. Según el Supremo, es válido que la AEPD, al instruir un procedimiento sancionador, amplíe su análisis para evaluar los posibles defectos o insuficiencias de un documento de políticas de privacidad de una entidad, siempre que comunique al afectado los elementos específicos bajo investigación.

El Tribunal destacó que la ampliación del expediente debe permitir que el responsable tenga oportunidad de responder y aportar pruebas, salvaguardando así el derecho de defensa. En el caso concreto del BBVA, el Supremo recuerda que la AEPD había indicado en la apertura del expediente que el documento general del banco presentaba deficiencias, por lo que no hubo elementos sorpresivos o arbitrarios en su análisis.

 

Fuente: CGPJ.

Nuevas medidas para recuperación y apoyo tras la DANA

El BOE publica el Real Decreto-Ley 7/2024, en materia de nuevas medidas de apoyo para afectados por la DANA. [TOL10.255.791]

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de noviembre de 2024, estableciendo disposiciones fiscales dirigidas a apoyar las cargas de los ciudadanos y empresas afectadas por los daños de la DANA. Esta normativa también pretende flexibilizar medidas previas contenidas en el Real Decreto-ley 6/2024.

El nuevo RD-ley 7/2024 entrará en vigor el 13 de noviembre de 2024.

Ayudas para viviendas y enseres

Entre las acciones más destacadas, el gobierno implementará ayudas específicas para ciudadanos cuyas viviendas y bienes personales hayan sido afectados, extendiendo beneficios a arrendatarios y propietarios de viviendas alquiladas. Además, el Estado adelantará el 50% de las ayudas solicitadas, asegurando así una compensación rápida para los afectados mientras se tramitan los expedientes.

Para facilitar el acceso a las ayudas, se ampliarán temporalmente las plantillas en las Subdelegaciones del Gobierno y se abrirán oficinas temporales en los municipios afectados. Estas oficinas iniciarán operaciones en 10 localidades desde hoy y se coordinarán con puntos de atención en oficinas de correos de la región.

Refuerzo de la ayuda para la infancia

Se ha aprobado un incremento temporal del 30% en el Complemento de Ayuda para la Infancia, beneficiando a unas 10.000 familias con menores en situación de bajos ingresos en las zonas afectadas. Además, se destinarán recursos a programas de atención psicosocial para niños y adolescentes, recuperación de espacios de ocio y fomento de la cooperación social en las comunidades afectadas.

Materia hipotecaria y acceso a viviendas estatales

El gobierno extenderá el Código de buenas prácticas hipotecarias, permitiendo la congelación de hipotecas por 12 meses adicionales en las áreas afectadas. También se habilitarán 150 viviendas de titularidad estatal y se destinarán 25 millones de euros para adquirir nuevas propiedades que serán asignadas temporalmente a los damnificados. Adicionalmente, se formará un grupo de trabajo para agilizar la obtención de suelo destinado a vivienda protegida.

Protección laboral

El paquete incluye medidas de protección para trabajadores, ampliando la aplicación de ERTEs por fuerza mayor y estableciendo una prestación especial para autónomos afectados que permitirá compatibilizar su actividad con una ayuda temporal. Se reconocen permisos remunerados para quienes enfrenten dificultades en su hogar debido a la DANA, con prioridad para el trabajo a distancia y la adaptación de jornadas para necesidades de cuidado.

Servicios básicos y aplazamiento de facturas

Como parte de las medidas sociales, el gobierno prohíbe los cortes de servicios básicos (electricidad y gas) en los hogares afectados y permite aplazar facturas sin costos adicionales. También se exhorta a las operadoras de telecomunicaciones a compensar a sus clientes por servicios interrumpidos durante la catástrofe.

En materia tributaria, se han aprobado reducciones en la tributación por módulos para autónomos. Además, se reducen en un 25% las cuotas del régimen simplificado de IVA. Los afectados también podrán renunciar temporalmente al régimen de módulos en 2024 y retornar en 2025 si lo desean.

Ayudas al sector agrario y financiación para empresas

Para apoyar el tejido productivo, se destinan 200 millones de euros en ayudas directas al sector agrario y una línea de créditos ICO de 1.000 millones. Los créditos, con un aval del 80%, estarán disponibles para hogares, autónomos y empresas que necesitan recursos inmediatos para mantener o recuperar su actividad.

Plan de acción contra el lodo y restauración ambiental

Se asignan 500 millones de euros a un Plan de Acción contra el Lodo, destinado a la limpieza y reparación de las infraestructuras.. Además, se habilitan fondos para la restauración de la Albufera y otras cuencas fluviales dañadas.

Apoyo a estudiantes y medidas sanitarias

Para los estudiantes afectados, el decreto flexibiliza las prácticas obligatorias y reconoce las horas de voluntariado en la comunidad como prácticas formativas.

En el ámbito sanitario, se crearán equipos de atención psicosocial para abordar la salud mental en la población afectada.