nov. 27, 2023 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo establece que, en los casos previstos por Ley, la Administración tributaria no podrá girar la liquidación directamente al contribuyente.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de noviembre de 2023, ha resuelto un recurso de casación presentado por una empresa de reciclaje. La cuestión casacional se centra en resolver si la administración tributaria puede girar la liquidación directamente al contribuyente, en lugar de al sustituto del contribuyente, en impuestos específicos, como el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero.
En el presente caso, la ley indica que es el sustituto del contribuyente quien está obligado a asumir la obligación tributaria principal. La empresa acude ante el Tribunal Supremo ante la desestimación de su recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En casos similares anteriores, también relacionados con el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero, el Tribunal Supremo había dictaminado que la Administración no tiene la facultad de regularizar en procedimientos tributarios dirigidos contra el contribuyente los débitos generados por facturas emitidas por el sustituto del contribuyente.
Jurisprudencia anterior
La sentencia de referencia data del 17 de febrero de 2023, con el número de recurso de casación 1965/2021. Recoge las notas que definen la figura del sustituto contribuyente:
- Vinculación al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales del tributo.
- Desplaza al contribuyente de la relación tributaria y ocupa su lugar, queda vinculado ante Hacienda Pública.
- Debe estar legalmente previsto.
El pronunciamiento señala que la administración tributaria no puede girar la liquidación directamente al contribuyente, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, cuando la ley impone que sea el sustituto del contribuyente quien cumpla con la obligación tributaria principal, así como con las obligaciones formales inherentes a la misma.
Aplicación al caso
En el presente caso, el Supremo estima oportuno seguir la doctrina de la sentencia mencionada. De este modo, establece una pauta clara en situaciones donde la ley designa al sustituto del contribuyente como el responsable directo de cumplir con las obligaciones tributarias. Por ello, estima el recurso presentado por la empresa y anula lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia.
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nov. 27, 2023 | Actualitat Prime
Con esta decisión, el Supremo fija doctrina acerca del acceso a la jubilación anticipada involuntaria para socios de cooperativas. Considera que la LGSS no establece los requisitos a tener en cuenta en dicho caso.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado pueden acceder a la jubilación anticipada involuntaria cuando se extingue la relación por dificultades económicas. Esta decisión se aplica incluso en casos donde no se ha percibido la indemnización propia de despidos objetivos o colectivos. La sentencia especifica dicho punto, debido a que fue el motivo por el que inicialmente el INSS denegó la solicitud.
La sentencia surge a raíz del caso de una socia trabajadora de una cooperativa, a quien el Instituto Nacional de la Seguridad Social había denegado el acceso a la jubilación anticipada al no haber acreditado el cobro de la indemnización. La cooperativa, conformada por la demandante y otra socia, comunicó en 2015 la extinción de sus contratos por cese de actividad por razones económicas. El motivo, principalmente, fue la disminución de las ventas y acumulación de pérdidas desde 2009.
Tras la extinción de la cooperativa, solicitó una pensión de jubilación. Sin embargo, el INSS la denegó. Posteriormente, un juzgado de lo Social de Huesca reconoció su derecho a recibir la pensión, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ante dicha situación el INSS recurrió al Tribunal Supremo.
Decisión del Tribunal Supremo
La Sala sostiene que, en casos de extinción involuntaria de la relación laboral en cooperativas debido a la situación económica deficiente, no es necesario que los socios trabajadores acrediten que han recibido una indemnización no recogida en el régimen jurídico de su vínculo societario. Además, destaca que el artículo 207.1 de la Ley General de la Seguridad Social no regula de manera específica los requisitos para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
Determina que «lo innegable es que la socia ha quedado sin ocupación, que ha sido admitida como beneficiaria de las prestaciones por desempleo, que nadie ha cuestionado la realidad de los problemas económicos y que la disolución de la cooperativa en modo alguno puede considerarse como una situación exclusivamente dependiente de su voluntad, al menos en tanto no se acredite».
Considera que a pesar de que su voluntad haya influido en la extinción de la empresa, su relación laboral ha quedado extinguida. La ley pretende evitar casos de fraude, pero también proteger al trabajador en los casos en los que no existe una voluntad extintiva por su parte, debido a que su decisión está influida por factores económicos externos.
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nov. 27, 2023 | Actualitat Prime
El TSJPV declara nulo el despido colectivo de 61 trabajadores de Smart Delivery Routes S.L.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido colectivo de 61 trabajadores de la empresa de paquetería Smart Delivery Routes S.L. (SDR), que prestaba servicios para Amazon Road Transport Spain. El tribunal ha ordenado que Amazon y Delcom Delivery S.L. readmitan de manera solidaria a los trabajadores despedidos en las mismas condiciones que tenían antes del despido.
La Sala de lo Social respondió a la demanda presentada por el sindicato ELA, concluyendo que la decisión de SDR de despedir colectivamente a sus trabajadores era nula. El tribunal ordenó que Amazon y Delcom Delivery S.L. readmitieran a estos trabajadores bajo las mismas condiciones laborales que tenían antes de su despido. Además, se estableció que los trabajadores deberían recibir los salarios no percibidos desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. Y con la condición de que devolvieran las indemnizaciones previamente recibidas
«Cesión ilegal de trabajadores»
El TSJPV identificó una «cesión ilegal de trabajadores» entre SDR y Amazon Road Transport Spain, condenando a ambas empresas a pagar 5.000 euros a ELA por vulneración de derechos sindicales. La sentencia considera imprecisa e injustificada la causa organizativa para el despido colectivo. Señalan que SDR tenía trabajo y pedidos, y determina que Amazon ejercía facultades directas sobre los trabajadores de SDR, actuando como su verdadero empresario.
Asimismo, también destacó la falta de entrega de documentación esencial durante el periodo de consultas. Este es un requisito estipulado en el artículo 37 del Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera de Gipuzkoa. Esta omisión, junto con la falta de fundamentación adecuada para los despidos, contribuyó a la declaración de nulidad del despido colectivo. El tribunal observa una sucesión empresarial de Delcom Delivery S.L. respecto a SDR, por lo que ambas empresas deben readmitir a los trabajadores.
La sentencia del TSJPV no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
nov. 24, 2023 | Actualitat Prime
La decisión se basa en la falta de evidencia de uso de violencia o fuerza por parte del sacerdote investigado y la constatación de que las capacidades de voluntad y comprensión de la denunciante no estaban mermadas. El sobreseimiento responde a un recurso presentado por el abogado del sacerdote, con el apoyo del Ministerio Fiscal, desafiando un auto del juzgado de instrucción.
Sobreseimiento de la Causa del sacerdote investigado
La Audiencia Provincial de Teruel ha sobreseído provisionalmente la causa contra un sacerdote investigado por agresión sexual. La Audiencia, después de examinar cuidadosamente las actuaciones del caso, concluyó que no existían indicios suficientes para considerar que el sacerdote hubiera cometido un delito de agresión sexual.
En su fundamentación, la Audiencia detalla que la resolución se enfoca en verificar la existencia de indicios de la comisión de dicho delito. La denunciante, en su testimonio, no mencionó el uso de fuerza o violencia por parte del sacerdote. Además, se señala que, aunque la denunciante expresó haberse sentido «manipulada» por el sacerdote, debido a la confianza depositada en él como referente espiritual y religioso, ella no mostró en ningún momento su disconformidad con los actos.
Se basa, por tanto, basa en la falta de evidencia de que se usara violencia o fuerza por parte del investigado, y que las capacidades de voluntad y comprensión de la denunciante no estuvieron mermadas.
Perfil de la denunciante
El tribunal también consideró relevante el perfil de la denunciante. Destacan que es una adulta con un elevado nivel intelectual y sin limitaciones en sus capacidades, a pesar de sus patologías. Las magistradas no encontraron evidencia de una situación de superioridad del sacerdote sobre la denunciante. Así como tampoco de una «vulnerabilidad» de esta que pudiera haber sido explotada.
Decisión y fallo del tribunal
Evaluación de la vulnerabilidad de la denunciante contra el sacerdote investigado
Se determinó que la denunciante presenta rasgos vulnerables de personalidad, pero no una vulnerabilidad que limite sus facultades intelectivas, cognoscitivas y volitivas. Asimismo, los informes y declaraciones de los profesionales que examinaron a la denunciante indican que sus capacidades de autodeterminación, comprensión y voluntad no estaban mermadas.
Por lo tanto, la Audiencia estimó el recurso del sacerdote, revocó el auto anterior y acordó el sobreseimiento provisional de la causa, contra el cual no cabe recurso
nov. 24, 2023 | Actualitat Prime
El 23 de noviembre, la AEPD publicó una guía sobre la utilización de datos biométricos para el control de presencia y acceso.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado la “Guía Tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos”. Este documento establece criterios para la utilización de datos biométricos en el control de acceso, tanto en entornos laborales como no laborales.
Los rápidos avances en los sistemas biométricos y el tratamiento de datos asociados han llevado a la AEPD a abordar la necesidad de establecer directrices específicas que se alineen con la normativa sobre protección de datos. Dichos sistemas son capaces de recopilar información muy detallada, incluso sin que la propia persona sea consciente.
El tratamiento de los datos biométricos es un proceso de alto riesgo, ya que involucra categorías especiales de datos. Según el RGPD, se requiere una justificación específica y una condición de legitimidad para tratar estas categorías.
Sobre el consentimiento para el tratamiento de los datos
En el control de acceso con fines laborales, la guía destaca la necesidad de una norma legal que autorice específicamente el uso de datos biométricos. Además, según la AEPD, el consentimiento no puede ser la base para determinar la legalidad del tratamiento. Esto se debe al desequilibrio entre la persona sometida al tratamiento y quien lo realiza. Fuera del ámbito laboral, el consentimiento tampoco es suficiente, el tratamiento sigue siendo de alto riesgo y no cumple con el requisito de necesidad.
La guía también impone restricciones en los tratamientos biométricos que toman decisiones automatizadas sin intervención humana, particularmente aquellas que tienen efectos legales o impactan significativamente a la persona.
En el caso de la captura de datos biométricos, la AEPD destaca la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto para la Protección de Datos, que incluya un triple análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad del tratamiento.
Además, la guía proporciona un conjunto de medidas que deben implementarse si se cumplen todos los requisitos del RGPD, incluyendo la información adecuada a las personas, la posibilidad de revocar el vínculo de identidad, el cifrado para proteger la confidencialidad, y la supresión de datos biométricos no vinculados a su finalidad original.
A través de estas medidas, la AEPD busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de la privacidad, estableciendo un marco claro para la utilización de datos biométricos en el control de acceso y presencia.
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