març 10, 2025 | Actualitat Prime
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El Tribunal Supremo fija un nuevo criterio en materia de prescripción para la restitución de tarjetas revolving.
El Pleno de la Sala de lo Civil ha dictado una sentencia sobre la prescripción de la acción de restitución de cantidades pagadas en exceso en contratos de tarjetas revolving con intereses usurarios. En su resolución, distingue entre la acción de nulidad absoluta del contrato, que es imprescriptible, y la acción de restitución de las cantidades abonadas indebidamente, que está sujeta a un plazo de prescripción de cinco años conforme al artículo 1964 del Código Civil.
Distinción entre nulidad y restitución
El Tribunal recuerda que la acción por la que se solicita la nulidad del contrato no está sujeta a prescripción, puesto que se trata de una nulidad absoluta derivada de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura de 1908 (LRU). Sin embargo, la acción de restitución de las cantidades pagadas en exceso sí se encuentra dentro del marco general de prescripción de acciones personales. Esta última se encuentra regulada en los artículos 1930 y siguientes del Código Civil.
Hasta octubre de 2015, el plazo de prescripción para las acciones personales era de 15 años. Sin embargo, con la reforma legislativa, este periodo se redujo a cinco años. Aplicándose dicho término a las acciones de restitución derivadas de la nulidad de contratos usurarios.
Inicio del plazo de prescripción
Uno de los puntos clave de la sentencia es la determinación del dies a quo o fecha inicial del cómputo del plazo de prescripción. El Tribunal ha establecido que, en los contratos de tarjetas revolving, la acción para reclamar la restitución de las cantidades pagadas en exceso nace con cada pago mensual efectuado por el consumidor.
Sólo podrán reclamarse las cantidades que excedan del capital prestado en los cinco años anteriores a la presentación de la reclamación o de la demanda. En este caso concreto, el Supremo ha reconocido que este plazo debe ampliarse en 82 días debido a la suspensión de los plazos de prescripción acordada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dictado con motivo del estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
Consecuencias para los consumidores y entidades financieras
Esta sentencia establece un marco claro para la reclamación de cantidades derivadas de contratos de crédito revolving declarados usurarios. Para los consumidores, significa que, aunque la nulidad del contrato pueda ser declarada en cualquier momento, la posibilidad de recuperar el dinero abonado en exceso se encuentra limitada por el plazo de prescripción de cinco años.
Para las entidades financieras, la decisión del Supremo introduce una mayor seguridad jurídica al acotar el período de reclamación. No obstante, implica también que los consumidores podrán ejercer su derecho a la restitución si actúan dentro del plazo señalado.
Fuente: CGPJ.
març 7, 2025 | Actualitat Prime
El caso de la jueza apartada en Polonia en relación a la independencia judicial. Asunto C-647/21.
En octubre de 2021, la sala de gobierno del Tribunal Regional de Slupsk (Polonia) decidió apartar a una jueza de aproximadamente setenta asuntos en los que actuaba como ponente por falta de independencia judicial. Dicha decisión se tomó sin su consentimiento, sin notificación previa y sin motivación alguna. Además, se le denegó el acceso al contenido de la resolución. Los asuntos que tenía asignados se redistribuyeron a otros jueces.
Ante esta medida, la jueza denunció que la decisión constituía una represalia por haber cuestionado la regularidad del nombramiento de un juez en otra sala del tribunal y por haber anulado una sentencia que, a su juicio, no se ajustaba a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Además, planteó dos peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si, a pesar de la resolución de la sala de gobierno, seguía facultada para conocer de los asuntos que se le habían retirado.
Criterios objetivos y motivación de las decisiones judiciales
El TJUE ha señalado en numerosas ocasiones que la independencia judicial es un principio fundamental del Estado de derecho. Los jueces deben estar protegidos contra injerencias, incluidas aquellas que provienen del propio tribunal al que pertenecen. En este contexto, el Tribunal considera que la facultad de apartar a un juez de sus asuntos debe estar delimitada por criterios objetivos y precisos. La ausencia de motivación en estas decisiones genera dudas sobre su legalidad y puede encubrir sanciones disciplinarias arbitrarias.
Desde una perspectiva jurídica, apartar a un juez sin justificación vulnera principios fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y la independencia judicial. Ambos recogidos en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 19 del TUE. Además, en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que cualquier medida que afecte la independencia de los jueces debe estar debidamente justificada y sometida a control judicial.
Posibles consecuencias jurídicas y obligaciones del tribunal polaco
El TJUE ha establecido que, si un tribunal nacional confirma que la jueza fue apartada en violación del Derecho de la Unión, deberá adoptar medidas correctoras. Esto implica eliminar los efectos de la decisión y permitir que la jueza retome los asuntos que le habían sido retirados. La obligación de inaplicar una norma o acto contrario al Derecho de la Unión se deriva del principio de primacía, conforme a la jurisprudencia consolidada del TJUE desde la sentencia Simmenthal (C-106/77).
Fuente: TJUE.
març 7, 2025 | Actualitat Prime
Falta de prohibición expresa en estatutos para la utilización de los pisos como turísticos.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de una comunidad de propietarios contra un piso turístico. Así, el tribunal considera que en los estatutos del edificio no existe una prohibición clara y expresa del uso turístico de las viviendas. La sentencia refuerza el criterio jurisprudencial que exige que cualquier restricción al derecho de propiedad en régimen de propiedad horizontal debe constar de forma explícita en los estatutos para ser válida.
Exigencia de claridad en las limitaciones
El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre las limitaciones estatutarias en comunidades de propietarios. En su decisión, hace referencia a precedentes en los que se estableció que cualquier restricción debe ser clara y precisa, conforme al artículo 396 del Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido, la simple descripción de los pisos como viviendas no implica una prohibición del alquiler turístico.
Análisis de las normas comunitarias
Los estatutos del edificio en cuestión establecen que las viviendas pueden destinarse a residencia del propietario o arrendatario, permitiendo también oficinas o despachos. Sin embargo, no incluyen una mención expresa a la prohibición del uso turístico. Las únicas restricciones existentes se refieren a la instalación de consultorios de enfermedades infectocontagiosas, actividades ilegales o insalubres y el uso de maquinaria que exceda los servicios domésticos.
Comparación con sentencias previas
El Tribunal Supremo distingue este caso de otros resueltos recientemente, como las sentencias 1643/2023, 1671/2023, 90/2024 y 95/2024, en las que sí se apreciaron prohibiciones expresas del uso turístico en los estatutos comunitarios. En ausencia de una cláusula de prohibición clara, la comunidad de propietarios no puede limitar el derecho del propietario a destinar su inmueble a alquiler turístico.
Repercusiones de la sentencia
Finalmente, las comunidades que deseen limitarlo deberán modificar sus estatutos con el voto favorable de al menos tres quintas partes de los propietarios, conforme al artículo 17. 6 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Fuente. CGPJ.
març 6, 2025 | Actualitat Prime
Declaración parcial de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Vivienda.
El Tribunal Constitucional ha emitido la Sentencia 26/2025, de 29 de enero, en la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 5514-2023, contra diversos artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia declara la nulidad parcial de varios preceptos de la norma, al considerar que invaden competencias autonómicas y vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada y la tutela judicial efectiva.
Principales argumentos de la impugnación
El recurso planteado por los parlamentarios se fundamentaba en la presunta vulneración del orden constitucional de competencias en materias como urbanismo, vivienda y procedimiento administrativo. Así, entre los principales argumentos se destacaban los siguientes:
- Competencias autonómicas: Se alegaba que varios artículos de la Ley 12/2023 invadían el ámbito exclusivo de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1.3 CE), imponiendo directrices de gestión del suelo y del parque público de viviendas.
- Autonomía local y financiera: Se denunciaba que la norma restringía la capacidad de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas al imponerles criterios obligatorios de gestión de la vivienda pública.
- Derecho de propiedad: Se argumentaba que los límites a los precios de los arrendamientos en zonas de mercado tensionado y la obligatoriedad de destinar un porcentaje de suelo a vivienda social suponían una restricción desproporcionada del derecho a la propiedad (art. 33 CE).
- Tutela judicial efectiva: Se cuestionaban los requisitos de inadmisión de demandas de desahucio para los grandes tenedores, al considerar que imponían trabas procesales injustificadas.
Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal ha resuelto que algunos de los artículos impugnados exceden las competencias estatales y vulneran principios constitucionales. La sentencia establece lo siguiente:
- Anulación parcial de los artículos que regulan la inadmisión de demandas de desahucio de grandes tenedores en casos de vulnerabilidad económica, por considerarlo una limitación desproporcionada del derecho de acceso a la justicia.
- Nulidad del precepto que establecía un límite obligatorio al precio del alquiler en zonas tensionadas para grandes tenedores. Considera que restringe de manera injustificada el derecho de propiedad.
- Mantenimiento de otras disposiciones de la Ley 12/2023, al considerar que se encuadran dentro de la competencia estatal en materia de planificación económica.
En términos prácticos, la anulación de estos preceptos obligará a una reforma legislativa para ajustar la norma a los límites constitucionales fijados por el Tribunal.
Fuente: TC.
