V. LOS DEPREDADORES SEXUALES1. Introducción. La malignificación de los delincuentes sexualesAunque en una sociedad sana es deseable y saludable airear las problemáticas sociales y jurídicas que subyacen en ella --y las agresiones sexuales a menores constituyen un problema grave para quienes los han padecido y para la sociedad-- sí estamos detectando una «malignificación extrema» de los agresores sexuales de menores en la sociedad y en los medios de comunicación. De igual forma, se está produciendo un incremento de penas considerable que rivaliza con las condenas que se puedan imponer por un delito de homicidio doloso consumado. Además, la punibilidad se incrementó con el establecimiento, en la reforma del Código Penal de 2010, de la medida de seguridad de libertad vigilada, que ponía en el punto de mira a los delincuentes sexuales como delincuentes peligrosos junto a los terroristas. Posteriormente, en la reforma del Código Penal de 2015, los supuestos de aplicación de la medida de seguridad de libertad vigilada se vieron ampliados a los delitos contra la vida y a los delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género y doméstica.La política criminal y el Código Penal, como reflejo legislativo-social o reglas del juego del máximo exponente de control social formal, se están convirtiendo en parte de la campaña política donde parece que endurecer la legislación penal es una buena fuente de votos. En palabras de Downes y Morgan (2002: 386), «las campañas de hoy en día generalmente conllevan uno o más gestos hacia lo que debería hacerse con algún grupo en particular de desviados --psicópatas depredadores o pedófilos, por ejemplo-- que son desde épocas recientes, los sujetos más sucios y aberrantes». Endurecer el Derecho Penal en época electoral parece ser que genera pingües réditos electorales en forma de votos60.Para evitar este, a nuestro juicio, «uso indebido del derecho penal», tenemos que establecer unas líneas político-criminales serias y basadas en estudios criminológicos bien fundamentados y propiciados desde el Estado, que es quien está en posesión de todos los datos estadísticos. En las ciencias sociales, de manera imperativa a una intervención social previa, --que sería similar en este caso, ya que estaríamos hablando de un control social formal que se realizaría en base a la aplicación de una ley-- habría que realizar de manera previa, un diagnóstico de la realidad. Este diagnóstico sólo se consigue con estudios científicos sobre el estado de la cuestión realizados con una confección detallada, y con criterios homogéneos, de unas estadísticas rigurosas que nos permitan evaluar esa realidad, para después arbitrar mecanismos que nos faculten para atajar la problemática ya acotada. En definitiva, para realizar cambios, para mejorarla.No podemos consentir, como juristas, que el Código penal sea un arma electoral. El Derecho penal no «arregla» nada en nuestra sociedad. Únicamente establece parches, castiga con penas que no dan soluciones de justicia social y que no acaban con la violencia estructural de la sociedad en la que vivimos. Hay que plantearse si tenemos o no normas que protegen a nuestros conciudadanos y a nosotros mismos como sociedad. En vez de crear normas nuevas o endurecer las existentes, tal vez sería mejor implementar las que ya tenemos, mejorar el sistema penal y hacer que la justicia, además de ser justa, sea rápida en dar satisfacción a las demandas de las víctimas y, sobre todo, de tener normas que sean consecuentes con la realidad que pretenden regular.Esta demonización de determinados criminales y, sorprendentemente, no de otros, pivota generalmente sobre aquéllos que cometen delitos de terrorismo y delitos sexuales. Subrepticiamente, ha ido calando la idea de que constituyen el «mal» en estado puro y que se ha de eliminar esta amenaza de nuestra sociedad. Se ha de tender a erradicar dichas conductas de nuestra sociedad, así como el resto de los delitos tipificados en el Código Penal, y si apuramos la cuestión, también hay que eliminar (o al menos hacer frente) problemas muy graves de justicia social como la desigualdad, la pobreza, la vivienda o la marginación. Ahora bien, esta delincuencia violenta no debe hacernos olvidar los delitos económicos o . . .