maig 3, 2024 | Actualitat Prime
Posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia
El Tribunal Supremo ha abordado un recurso de apelación en el que se cuestionaba la valoración de las pruebas realizada en primera instancia, particularmente la testimonial y pericial, bajo el principio de inmediación. El recurso, que alegaba la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la exgerente del SEPAD en Badajoz. Intentaba una reevaluación de las pruebas ya valoradas, citando específicamente testimonios y declarando errores en su consideración por el tribunal inferior. La trabajadora había sido condenada por saltarse su turno en la vacuna contra la covid.
El Tribunal Supremo, apoyándose en su jurisprudencia reciente y en normas constitucionales y legales, sostuvo que la presunción de inocencia garantiza que ningún acusado sea considerado culpable hasta que su culpabilidad sea demostrada en un proceso justo y conforme a la ley. En este marco, se requiere que la evidencia incriminatoria sea suficiente para desvirtuar esta presunción y alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos imputados.
Turno en la vacuna contra la covid
El tribunal destacó que no busca revalorar las pruebas como si las estuviera presenciando de nuevo, sino asegurarse de que la valoración realizada en primera instancia haya sido lógica, coherente y acorde con la experiencia y conocimientos científicos. Esto significa que el análisis del tribunal de apelación se limita a verificar la legalidad y racionalidad del proceso valorativo, sin hacer una nueva valoración de las pruebas de carácter personal.
Además, el tribunal apuntó que el recurso de apelación permite una nueva valoración de pruebas. Sin embargo, reconoció que, debido a la importancia de la inmediación en la evaluación de pruebas personales, la revisión en apelación se centra en confirmar la adecuación y congruencia del proceso valorativo realizado en primera instancia.
Posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia en el salto de turno de la vacuna contra la covid
Un testimonio específico citado en el recurso fue el de Rodolfo, quien inicialmente declaró de manera que podría interpretarse como exculpatoria para la acusada. Sin embargo, el tribunal indicó que la apelación omitió otras partes relevantes de su testimonio. Estas partes contribuían a un entendimiento más completo del caso, concluyendo que la apelante buscaba una reinterpretación de las pruebas que favoreciera su perspectiva.
Fallo del tribunal ante la veracidad del salto de turno en la vacuna contra la covid
Además de la pena de prisión, la sentencia incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Así como, dos años de inhabilitación para funciones públicas y una inhabilitación especial para ejercer profesiones en el ámbito sociosanitario por el mismo período. La exgerente también fue condenada a pagar una multa de seis meses y responsabilidad personal subsidiaria en caso de no pago.
El tribunal aclaró que su tarea no era determinar si los gerentes del SEPAD debían estar incluidos en los grupos prioritarios de vacunación. Sino verificar la alteración de documentos oficiales y el uso indebido de dichos documentos alterados. La sentencia no es firme y puede ser objeto de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
maig 2, 2024 | Actualitat Prime
El Real Decreto 444/2024, promulgado el 30 de abril de 2024, establece y regula los requisitos específicos para que se considere a alguien como «usuario de especial relevancia» en el contexto de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. Esto se hace en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
Disposiciones Generales
El decreto especifica que su objetivo es concretar los requisitos mencionados en las partes a) y c) del artículo 94.2 de la mencionada ley. Se aplica a usuarios, tanto personas físicas como jurídicas, que utilizan servicios de intercambio de vídeos y que cumplen simultáneamente con estos requisitos. Quedan excluidos de este decreto los sujetos y prestadores de servicios específicos mencionados en el artículo 94.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual y en otras disposiciones relacionadas.
Usuario de especial relevancia | Requisitos de Ingresos y Audiencia Significativos de un
Ingresos Significativos. El artículo 3 establece que, para ser considerado de especial relevancia, un usuario debe haber generado ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros en el año anterior. Derivados exclusivamente de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos.
Estos ingresos incluyen remuneraciones por comercialización y ventas relacionadas con contenidos audiovisuales. Así como ingresos provenientes de prestaciones económicas públicas y otras fuentes relacionadas con su actividad en las plataformas.
Audiencia Significativa. Según el artículo 4, un usuario alcanza relevancia si su servicio impacta a una parte significativa del público. Esto se mide por el número de seguidores (más de 1.000.000 en una plataforma o más de 2.000.000 de forma agregada en varias plataformas) y por la actividad de publicación (al menos 24 vídeos al año).
Inscripción y Efectos de la consideración como usuario de especial relevancia
Los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos deben inscribirse en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del decreto.
El decreto se emite bajo la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones y autoriza al titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a emitir normas adicionales para su desarrollo y aplicación.
Vigencia
El decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
maig 2, 2024 | Actualitat Prime
El nuevo Real Decreto se publica tras lo dispuesto por la STS de 9 de abril de 2024 eliminó las modificaciones establecidas en el arancel de los procuradores, ahora, el BOE publica el nuevo Real Decreto aplicable.
El Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, ha sido publicado, reformando el arancel de los procuradores para adaptarlo al derecho de la Unión Europea. Esta reforma tiene como objetivo establecer un sistema que fomente la libre competencia entre profesionales, permitiendo la fijación de precios sin exceder ciertos límites máximos.
La nueva regulación se basa en la libertad de negociación entre procuradores y clientes para acordar los precios, estableciendo límites máximos que no pueden superarse.
El artículo 1 del RD 434/2024 establece que este arancel funcionará como máximo, prohibiendo la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas.
Límite máximo de 75.000 euros y obligación de presupuesto previo
El mismo artículo también establece un límite máximo de 75.000 euros como la cuantía global máxima que puede devengar un procurador por el conjunto de actuaciones relacionadas con un mismo asunto.
Además, el artículo 3 impone la obligación de los profesionales de la Procura de entregar un presupuesto previo a sus clientes, detallando el precio ofertado y su relación con el arancel máximo aplicable.
Entrada en vigor y aplicación
El Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir del día siguiente se aplicará a todos los procedimientos iniciados a partir de esa fecha.
Para el caso de los procedimientos ya iniciados, el Real Decreto prevé un régimen transitorio. En tal caso, sólo se aplicará a las actuaciones que comiencen después de la entrada en vigor de la regulación, sin perjuicio de acuerdos retributivos alcanzados con anterioridad.
Queda derogado el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. También establece que quedarán derogadas cuantas normas se opongan a lo establecido en este real decreto.
Además de las novedades introducidas, el nuevo Real Decreto recoge todos los aspectos de la regulación de los aranceles de procuradores.
Fuente: Boletín Oficial del Estado.
maig 2, 2024 | Actualitat Prime
El TSJ aplica lo dispuesto por la reciente sentencia del TJUE sobre la declaración de fijeza de trabajadores interinos. STSJPV de 22 de abril.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido una resolución respecto a la estabilidad laboral de una trabajadora del servicio de limpieza del Departamento de Educación. En aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de febrero de 2024, se ha reconocido la fijeza de esta trabajadora interina, quien ha estado en esta misma situación desde septiembre de 2009.
Según los detalles proporcionados en la resolución, la trabajadora ha estado prestando servicios para el Departamento de Educación del Gobierno Vasco desde 1994, con contratos interrumpidos brevemente en diferentes ocasiones. Su último contrato de interinidad data del 1 de septiembre de 2009.
El tribunal de instancia había reconocido previamente la fijeza de su relación laboral, considerando que su extensa trayectoria laboral y su último contrato implicaban la consolidación de una posición de fijeza. Esta decisión ha sido ratificada por el TSJPV, a pesar de los argumentos presentados por el Gobierno Vasco.
El TSJPV ha desestimado el recurso presentado por el Departamento de Educación, confirmando así la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz. El Juzgado entendió que la «extensa relación laboral mantenida, y el último contrato suscrito el 1-9-2009 implicaban el que se consolidase una posición de fijeza». Consideró que la oposición que superó la empleada en 2001 llevaba consigo el acceso a un puesto fijo, a raíz de las irregularidades contractuales.
La sentencia del TJUE
El tribunal aplica el criterio establecido por la sentencia de 22 de febrero del TJUE, mediante la cual se establece lo siguiente:
«para evitar los perjuicios de una duración excesiva e inusualmente larga en la contratación temporal y posible abuso de la misma (…) la consecuencia es la adquisición de una condición y vinculación relacional dentro del trabajo fijo y permanente, sin elementos de precariedad o inestabilidad como sería el que se constata con la contratación temporal indefinida, que es el que se subsume en el supuesto de trabajador indefinido no fijo».
A través de dicha sentencia, el tribunal extrae las siguientes consideraciones:
- Los principios de acceso a la Administración por la vía del art. 103 CE pueden obviarse desde la perspectiva de las garantías de un trabajo estable y permanente.
- Para evitar los perjuicios de una duración excesiva e inusualmente larga en la contratación temporal y posible abuso de la misma, y en este caso concurre, la consecuencia es la adquisición de una condición y vinculación relacional dentro del trabajo fijo y permanente, sin elementos de precariedad o inestabilidad como sería el que se constata con la contratación temporal indefinida que es el que se subsume en el supuesto de trabajador indefinido no fijo; y, la segunda consideración es que estamos obligados a justificar el cambio de criterio respecto a nuestros precedentes, para atender, con ello, a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE
Voto particular
Una magistrada ha expresado su discrepancia, abogando por la suspensión de la resolución del recurso en espera del resultado de una cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteará al TJUE.
En su voto particular, destaca la importancia de respetar el principio de seguridad jurídica. Además, sugiere que la incertidumbre generada por la sentencia del TJUE debería abordarse antes de emitir una resolución definitiva. Reconoce la problemática del abuso en la contratación temporal por parte de las Administraciones y aboga por una solución adecuada que garantice la estabilidad laboral.
Aunque la decisión del TSJPV no ha sido unánime, el tribunal ha emitido la resolución, dejando abierta la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.
Fuente: CGPJ
maig 2, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido suspender 400 de los 784 casos relacionados con empleo público que está gestionando, en espera de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales que ellos mismos han planteado. Estas cuestiones son clave para entender si el uso extendido de contratos temporales en la administración pública española constituye una violación de la legislación europea. Y, en caso de ser afirmativo, si esto debería resultar en la conversión de los trabajadores temporales afectados a empleados fijos con todos los efectos asociados.
Demanda buscando que se reconociera su condición de personal laboral fijo o, subsidiariamente, de indefinido no fijo
En un caso específico, que ha llevado a la suspensión de otros casos similares, se pidió al TSXG que declarara la condición de personal laboral fijo de una empleada de la Xunta, y de forma subsidiaria, la condición de indefinida fija. La Sala de lo Social del TSXG ha optado por no emitir un fallo hasta que el TJUE se pronuncie. Lo que subraya la relevancia y potenciales implicaciones de la decisión del tribunal europeo.
Los magistrados del TSXG destacaron que la cuestión ya había sido elevada al TJUE por una sección de la misma Sala, lo que afecta directamente a los casos pendientes, dado que tratan sobre la fijeza de la relación laboral en contextos de contratación presuntamente fraudulenta por parte de empleadores públicos. El efecto vinculante de las futuras sentencias del TJUE es crucial para estos casos.
Trabajadores Temporales | La resolución del TJUE podría resultar en decisiones contradictorias para casos similares
Además, el tribunal ha considerado que proceder sin esperar a la resolución del TJUE podría resultar en decisiones contradictorias para casos similares. Lo que iría en contra del principio de seguridad jurídica estipulado en la Constitución Española. Asimismo, han mencionado que mantener la economía procesal y la celeridad justifica no plantear una nueva cuestión prejudicial en el presente procedimiento. Ya que no añadiría nada nuevo a lo ya consultado al TJUE y solo prolongaría el proceso innecesariamente. La decisión del TSXG de suspender estos casos es firme y no admite recurso.
