oct. 23, 2024 | Actualitat Prime
El Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados ha concluido la fase de investigación sobre una presunta organización criminal dedicada a la construcción de embarcaciones de alta velocidad, las cuales supuestamente eran utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes. La magistrada encargada del caso ha emitido un auto que ordena la continuación del procedimiento abreviado contra trece personas, por su presunta implicación en delitos de organización criminal y contrabando.
Hechos investigados y estructura de la organización criminal
Según se expone en la resolución judicial, entre enero de 2021 y abril de 2022, se llevó a cabo una investigación por parte del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Pontevedra, que permitió identificar la existencia de un colectivo organizado que, de forma sistemática, fabricaba, equipaba y distribuía embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, constituyendo así un género prohibido. Dichas embarcaciones, según los indicios recabados, se destinaban a operaciones de narcotráfico en aguas españolas, con lo cual los integrantes de la organización obtenían importantes beneficios económicos.
En el auto, la jueza señala que los miembros de la presunta organización criminal eran “conscientes y conocedores del carácter ilícito de su actuación”, así como de que, en última instancia, contribuían al tráfico ilegal de drogas. Además, cada miembro asumía funciones específicas en el entramado, desde la fabricación hasta la distribución de las embarcaciones. Estas actividades se realizaban en naves industriales, donde se llevaba a cabo la construcción de las embarcaciones y su posterior entrega a los destinatarios.
Intervención judicial y detenciones
El 6 de abril de 2022 se realizaron diversas detenciones y registros, con autorización judicial, en naves industriales y domicilios de los investigados. Durante estos operativos, las autoridades incautaron varias embarcaciones rápidas, motores, herramientas, materiales de navegación y otros equipos empleados en la fabricación de las embarcaciones. También se incautó dinero que presuntamente estaba relacionado con la actividad ilícita.
Entre los detenidos se encuentran los supuestos responsables de la organización, quienes según el auto desempeñaban roles en el desarrollo de la actividad delictiva. Uno de los trece investigados también enfrenta cargos adicionales por delitos contra la salud pública, debido a su presunta vinculación directa con el tráfico de drogas.
Declaración en rebeldía y archivo de la causa para algunos investigados
Además de las trece personas imputadas, la jueza ha declarado en rebeldía a dos individuos que supuestamente adquirieron parte de las embarcaciones fabricadas. Estos investigados presuntamente controlaban la recepción y botadura al mar de las embarcaciones, las cuales se utilizaban para transportar hachís desde Marruecos a España. Hasta el momento, estos dos individuos permanecen en paradero desconocido.
Por otro lado, la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez personas investigadas inicialmente. Ha archivado las actuaciones en su contra al no encontrar pruebas suficientes que los vinculen directamente con la presunta organización criminal.
Fuente. CGPJ
oct. 23, 2024 | Actualitat Prime
El BOE de 23/10/2024 publica el Real Decreto 1086/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo.
Modificaciones del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones
La reforma aborda aspectos técnicos para la correcta aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley 12/2022, de 30 de junio, al texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Artículos modificados
El artículo único se divide en diez apartados, que modifican los artículos 7, 23, 69, 78, 79, 104, 106, 111, 115 y la disposición adicional decimotercera del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Aspectos relevantes
Revisión financiera
La revisión financiera actuarial será obligatoria solo para los planes de pensiones de aportación definida que garanticen prestaciones, aplicándose únicamente a los planes de la modalidad de empleo.
Declaración de los principios de la política de inversión
Se aclara el contenido que deben incluir las declaraciones sobre los principios de la política de inversión en sostenibilidad para los fondos de pensiones de empleo y personales, conforme al Reglamento (UE) 2019/2088.
Asesoramiento del servicio jurídico
La Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control Especial, pueden solicitar asesoramiento jurídico al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, dado que el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social queda adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Comisión de control especial
El régimen de convocatorias de la Comisión de Control Especial establece que sus miembros solo tendrán derecho a remuneración por asistencia a reuniones y por ejercer cargos directivos. Siempre que el patrimonio conjunto de los fondos alcance los mil millones de euros.
Además, se eliminan las referencias a la Ley 3/2015 sobre incompatibilidades y conflictos de interés. Se describen las actividades incompatibles con la condición de miembro. La Comisión deberá publicar anualmente información sobre política de sostenibilidad y ejercicio de derechos políticos.
Personas en situación de jubilación parcial
Se establece un plazo de seis meses para adaptar la situación de las personas que se encuentren en situación de jubilación parcial
Modificación de la Orden ISM/1198/2023
La disposición final primera modifica la Orden ISM/1198/2023. Afectando al artículo 3 y a la disposición transitoria única. Introduce la posibilidad de que las organizaciones sindicales o empresariales más representativas puedan recibir directamente las remuneraciones asignadas a un miembro de la Comisión de Control Especial. Además, se suprime la disposición transitoria única, que regulaba el periodo transitorio para el abono de dichas remuneraciones.
Entrada en vigor
La norma entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
oct. 22, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a la Xunta, por incumplir la adaptación del puesto de trabajo de una empleada con discapacidad.- TOL10.179.035
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la sentencia de primera instancia y condena a la Xunta de Galicia por no implementar las medidas necesarias para adaptar el puesto de trabajo de una empleada con discapacidad, siendo discriminada por su patología.
La empleada, presentó escrito reclamando la adaptación de su horario y jornada de trabajo, por tener reconocida una situación de discapacidad y ser especialmente vulnerable a los riesgos laborales.
El IES y la empresa no adoptaron todas las medidas de adaptación del puesto posibles, discriminando a la trabajadora por su discapacidad.
Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La ITSS, determinó que la Xunta no garantizó la protección de la trabajadora, a pesar de conocer su situación antes del inicio del curso escolar. Igualmente, la Consellería no cumplió con todas las recomendaciones emitidas por el servicio de prevención ajeno, en particular aquellas relacionadas con la adaptación a horario diurno y la asignación de guardias de recreo.
Normativa Europea y Ajustes Razonables en el Puesto de Trabajo
La Directiva 2000/78/CE, que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, recalca la importancia de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para personas con discapacidad. Según esta normativa, se deben adoptar medidas eficaces y prácticas, con el fin de combatir la discriminación por motivos de discapacidad.
La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación, entre otros motivo, por discapacidad.
Discriminación por Falta de medidas de ajuste
El Tribunal ha considerado que la Xunta de Galicia pudo y debió aplicar las medidas de ajuste a principios del curso escolar. Esto habría evitado que las medidas solicitadas resultaran más complicadas de implementar, una vez establecidos los horarios del resto del personal docente y alumnos. El fallo concluye que la falta de estos ajustes ha supuesto una clara discriminación por motivos de discapacidad.
También debe pagar una indemnización de 7.500 euros por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
oct. 22, 2024 | Actualitat Prime
Convocadas elecciones para la designación de los miembros de las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia
Los acuerdos de 20 de septiembre de 2024 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocan elecciones para la designación de los miembros de las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.
Anteriores elecciones
Los miembros electivos de las Salas de Gobiernos de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia fueron designados en las elecciones convocadas por Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 24 de julio de 2019 y 9 de septiembre de 2019
Transcurso de cinco años
De acuerdo con el artículo 150 de la LOPJ, los miembros electivos de las Salas de Gobierno se renovarán en su totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de constitución de aquélla. Transcurrido dicho plazo, la Sala de Gobierno continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución de la nueva.
Número de integrantes de las Salas de Gobierno
Número de magistrados para el Tribunal Supremo
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial convocan para designar cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes para el Tribunal Supremo.
Número de magistrados para la Audiencia Nacional
Para la Audiencia Nacional se convocan elecciones para designar tres magistrados titulares y el mismo número para magistrados sustitutos.
Magistrados para los Tribunales Superiores de Justicia
El número de componentes varía según el TSJ de que se trate:
Quince magistrados o jueces titulares, y quince sustitutos, para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Catorce magistrados o jueces titulares, y catorce de sustitutos, para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ocho magistrados o jueces titulares, y ocho como sustitutos, para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Siete magistrados o jueces titulares, y siete como sustitutos, para las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de Canarias, Cataluña y Galicia.
Seis magistrados o jueces titulares, y seis como sustitutos, para las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Cinco magistrados o jueces titulares, y cinco como sustitutos, para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Cuatro magistrados o jueces titulares, y cuatro como sustitutos, para las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia del Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja.
Fecha de la votación
La fecha de la votación será común para todas las Salas de Gobierno, el 26 de noviembre de 2024
oct. 22, 2024 | Actualitat Prime
El TSJ de Aragón confirma la procedencia del despido de un directivo por incumplimientos durante la jornada laboral. TSJ Aragón
El TSJ de Aragón ha rechazado el recurso interpuesto por un directivo que impugna su despido, solicitando su nulidad o, que se declare su improcedencia. El demandante argumenta que las pruebas utilizadas para justificar el despido se obtuvieron de manera indebida, alegando una violación de garantías procesales. La decisión se sustenta en que el tribunal reconoce la deficiencia de ciertas pruebas aportadas por la empresa. No obstante, no considera su invalidez ni duda de la fiabilidad de los resultados obtenidos.
El tribunal destaca que la doctrina casacional ha conformado una asentada jurisprudencia sobre la transgresión de la buena fe y el abuso de confianza como causas justificadas de despido
Aportación de pruebas y responsabilidad del cargo
En su análisis, el tribunal pone en relieve que los hechos que se imputan al trabajador, que recibió de la empresa un ordenador para efectuar su trabajo a distancia (teletrabajo) sin emplearlo para ese fin durante casi tres meses salvo en muy escasas ocasiones ni desarrollar de otro modo su trabajo de directivo, constituye una falta muy grave tipificada en el Convenio colectivo aplicable, en relación con el Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta, finalmente, que los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura o dirección en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas, como ocurre en este caso en el que el demandante tenía funciones directivas.
En lo que respecta a las pruebas aportadas por el trabajador, el tribunal no consideró suficientes las mismas. Por ello, no quedó acreditada una efectiva y adecuada actividad laboral durante el periodo resaltado, reforzando la validez del despido.
El tribunal desestima el recurso interpuesto por el trabajador y considera que las pruebas aportadas por la empresa, aunque con algunas deficiencias técnicas, son suficientes para acreditar el incumplimiento grave de los deberes laborales del trabajador.
oct. 22, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo amplía el permiso de maternidad para familias monoparentales. Reconocimiento de derechos.
El Supremo ha dictado una sentencia que reconoce el derecho de las familias monoparentales a extender el permiso de maternidad de 16 a 26 semanas.
El caso en cuestión se originó a raíz de la demanda de una profesora, funcionaria pública, que solicitó la ampliación de su permiso de maternidad en la provincia de Valladolid. La Dirección Provincial de Educación negó la petición, argumentando que la normativa vigente sólo contemplaba dicho permiso para familias biparentales. En primera instancia, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo falló a favor de la madre, considerando que la negativa constituía un acto de discriminación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó lo dispuesto en la resolución administrativa.
Posteriormente, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a fin de resolver la disparidad de criterios existente en los tribunales y la necesidad de clarificar la interpretación del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
Interpretación del artículo 49 del TRLEBEP
El artículo 49 del TRLEBEP establece un permiso de maternidad de 16 semanas para la madre biológica, de las cuales seis semanas son obligatorias para ambos progenitores después del nacimiento. Sin embargo, el tribunal ha determinado que, en el caso de las familias monoparentales, este permiso debe ampliarse para evitar cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento. Esta interpretación se basa en el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe cualquier discriminación por circunstancias personales o sociales.
En la sentencia, el Tribunal Supremo indica que el tipo de familia no puede determinar una diferencia de trato para los menores. Un recién nacido en una familia monoparental no debería recibir menos cuidados que un recién nacido en una familia biparental. De este modo, se reconoce que el permiso de maternidad en familias monoparentales debe equipararse al de las familias biparentales, alcanzando las 26 semanas.
El Supremo prima el interés superior del menor, considera que este aspecto prevalece sobre otros factores en la regulación de los permisos de maternidad. Concluye que privar a los menores de estos cuidados durante las primeras semanas constituye una discriminación, especialmente en una etapa tan crítica para su desarrollo.
Fuente: CGPJ.
