juny 28, 2024 | Actualitat Prime
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una persona a seis meses de prisión por un delito de odio y otro leve de lesiones tras agredir e insultar a otra persona debido a su orientación sexual.
Contexto del incidente
El 30 de septiembre de 2022, una persona, trabajando como relaciones públicas en «La Perla Negra» en Salamanca, se acercó a un grupo de jóvenes para ofrecerles promociones del local. Uno de ellos al reconocer la orientación sexual de la primera persona, la agredió físicamente e insultó con términos homófobos. Asimismo, le propinó una patada y llamándola «puto maricón de mierda». Al recibir una recriminación, le asestó un puñetazo en la cara y continuó con los insultos.
Delito de odio y de lesiones
La condena se fundamenta en dos delitos: odio y lesiones leves. El delito de odio, tipificado en el artículo 510.2 a) del Código Penal, castiga acciones despectivas motivadas por razones discriminatorias como la orientación sexual. La conducta de la persona agresora cumple con estos criterios. Además, fue condenada por un delito leve de lesiones, tipificado en el artículo 147.2 del Código Penal. Debido a las agresiones que causaron a la persona agredida una contusión en el malar izquierdo, requiriendo asistencia médica y tres días de recuperación.
Consideraciones Legales
El tribunal subrayó la importancia de la presunción de inocencia, desvirtuada por las pruebas concluyentes. La condena por delito de odio se basó en la motivación discriminatoria de la persona agresora. Aunque la defensa argumentó que la persona agresora estaba bajo los efectos del alcohol, esto solo se consideró como una atenuante.
Sentencia | Delito de odio y de lesiones
El Tribunal condenó al agresor a seis meses de prisión y una multa de seis meses con una cuota diaria de 6 euros por el delito de odio. Además, se le impuso una multa adicional de un mes con una cuota diaria de 6 euros por el delito leve de lesiones. Se le prohibió ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos y de tiempo libre por tres años. También deberá indemnizar a la persona agredida con 129 euros por los días de recuperación y 625 euros por daños morales, además de asumir las costas del procedimiento.
juny 26, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a un agente policial por un delito de abuso sexual (ahora agresión sexual) tras besar sin consentimiento a una detenida en la zona de calabozos. La Sala, compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Mª Ferrer, Andrés Palomo, Ángel Luis Hurtado y presidida por Vicente Magro, ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. El TSJ condenó al agente a un año y nueve meses de prisión. Así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Considerando la agravante de prevalimiento y la atenuante de embriaguez.
Besar sin consentimiento es un delito de agresión sexual
El Supremo establece que un «beso robado» sin consentimiento constituye una agresión sexual. Reafirma que el beso dado por el agente fue un contacto físico no consentido y con significación sexual. El agente, tras intentar ganarse la confianza de la detenida y buscar intimidad con ella, le dio un beso en la mejilla y lo intentó en los labios. A pesar de la negativa de la víctima. Estos hechos fueron correctamente encuadrados en el delito de abuso sexual, ahora agresión sexual, según el artículo 181.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos.
El Tribunal destaca que cualquier contacto corporal no consentido constituye una violación de la libertad sexual. El agente aprovechó su posición de autoridad y la situación de vulnerabilidad de la detenida para besarla, lo que constituye una agresión sexual. No es necesario un rechazo explícito por parte de la víctima; la falta de consentimiento basta para configurar el delito.
Situaciones de «besos robados»
El Supremo enfatiza que las circunstancias del caso deben interpretarse de manera objetiva y clara para determinar la ausencia de consentimiento. La detenida no consintió en ningún momento el contacto físico, lo que convierte el acto en una invasión de su libertad sexual y privacidad. El Tribunal subraya que, en situaciones de «besos robados», el acto es típico y punible como agresión sexual. Esto se da, especialmente, cuando se trata de un agente policial que abusa de su autoridad para realizarlo.
Cualquier acto de contenido sexual no consentido es una agresión sexual
En conclusión, el Tribunal Supremo ha dejado claro que cualquier acto de contenido sexual no consentido, aunque sea un beso fugaz, constituye una agresión sexual y debe ser sancionado acorde a la ley. Esta sentencia reafirma la protección de la libertad sexual y la privacidad de las personas, condenando cualquier forma de contacto físico no consentido.
juny 26, 2024 | Actualitat Prime
En reciente fallo, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha confirmado la absolución de una interiorista, previamente acusada de apropiarse de 47.309 euros de ANGAP PORTOL SLU. Esta era la empresa con la que colaboraba profesionalmente.
Hechos probados
Primero, el tribunal destacó la falta de pruebas concluyentes que demostraran que se hubiese empleado las cantidades recibidas para fines distintos a los acordados. Siguiendo el principio de «in dubio pro reo», se decidió mantener la absolución ante la insuficiencia de evidencia que respaldara las acusaciones de la empresa.
Además, el tribunal reafirmó su autoridad en la valoración de las pruebas. Una prerrogativa que rechaza la posibilidad de ser substituida por interpretaciones alternativas propuestas por la parte querellante. El Ministerio Fiscal aprobó este enfoque. Y, asimismo, impugnó el recurso de apelación presentado por ANGAP PORTOL, subrayando la correcta apreciación de las pruebas realizada durante el juicio.
Otro punto fundamental en la confirmación de la absolución fue la evaluación del recurso de apelación, que el tribunal encontró insuficiente. Las alegaciones no lograron demostrar una falta de racionalidad o un descuido de las máximas de experiencia en la sentencia recurrida, factores necesarios para una revisión del fallo.
Confirmación de la absolución de apropiarse de 47.309 euros | la empresa mantenía la acusación en una contabilidad caótica y realizaba acusaciones contradictorias
Finalmente, se observaron serias inconsistencias en las reclamaciones de la empresa. Realizaban acusaciones contradictorias en diferentes foros, tanto en el ámbito civil como en el penal. Estos problemas, sumados a una contabilidad caótica y reclamaciones duplicadas, minaron la credibilidad de la empresa y fortalecieron la posición de la defensa.
En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, basándose en un examen meticuloso y una interpretación rigurosa de la ley, ratificó la absolución de la interiorista. Este caso subraya la importancia de la integridad en la gestión de pruebas y la necesidad de una argumentación sólida y coherente en los procesos judiciales.
juny 25, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado la condena de 3 años y 6 meses de prisión impuesta a una funcionaria del Gobierno de Navarra por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La funcionaria había tenido acceso sin autorización a información reservada de Hacienda usando su usuario y clave de trabajo. Aunque el TSJN consideró acreditado el delito, la revocación se debe a que la declaración de la investigada en la fase de instrucción se produjo fuera del plazo de un año que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, demorándose casi 16 meses.
Acceso sin autorización a información de Hacienda
En la sentencia, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados critican la deficiente actividad instructora del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona. Señalando una casi total inactividad durante los últimos cinco meses del plazo. La acusación particular solicitó un impulso procesal, tres días antes de finalizar el plazo, aunque no pidió la prórroga del plazo máximo de instrucción.
El auto de incoación de diligencias previas se dictó el 2 de octubre de 2020. Y se acordó la declaración de la funcionaria como investigada el 6 de noviembre. Sin embargo, la declaración no se llevó a cabo hasta el 27 de enero de 2022, excediendo el plazo legalmente permitido.
Invalidez de las diligencias practicadas
El TSJN cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que las diligencias practicadas fuera del plazo fijado por la ley no son válidas. Lo que puede resultar en nulidad, como en este caso. La Sala considera nula la declaración prestada fuera del plazo legal y rechaza la idea de que se trate de una «diligencia rezagada».
La funcionaria, de 51 años, había accedido a información de la Sección de Asistencia al Contribuyente de la Hacienda Foral de Navarra en tres ocasiones. Accedió en ocasiones en marzo y abril de 2020, sin autorización y con el fin de revelar secretos y vulnerar la intimidad de la denunciante. En uno de los accesos, fotografió la pantalla y envió la imagen a un hombre, quien la remitió a la denunciante con un mensaje intimidatorio.
Revocada la condena por el acceso sin autorización a información de Hacienda
Como consecuencia de estos hechos, la denunciante ha recibido atención psicológica desde mayo de 2020. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra había condenado a la funcionaria por un delito de revelación de secretos con la atenuante de reparación del daño, una condena ahora revocada por el TSJN debido a la invalidez de la declaración realizada fuera de plazo.
juny 25, 2024 | Actualitat Prime
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a un catedrático de la Universidad del País Vasco a 9 años y 9 meses de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Su esposa ha sido condenada a 2 años y 3 meses de cárcel por delitos similares.
El tribunal confirmó que el catedrático usó su posición para elaborar facturas indebidas que se abonaron a una cuenta gestionada por él y su esposa. Y la contrató eludiendo los procedimientos establecidos.
Subtipo agravado del delito de malversación
La Audiencia de Bizkaia inicialmente había condenado al catedrático a 8 años, 6 meses y 4 días de prisión. Así como a su esposa a 2 años y 2 días. Sin embargo, el Tribunal Superior ha aumentado la condena del catedrático tras aceptar el recurso del Ministerio Fiscal y la UPV/EHU. Solicitaban la aplicación del subtipo agravado de malversación debido a la cuantía de los fondos sustraídos y su prolongación en el tiempo (de 2010 a 2015).
El TSJPV determinó que la cantidad sustraída ascendió a 213.115 euros. Además, ha corregido la indeterminación de la pena de inhabilitación especial y un error en la fijación de uno de los importes. Afectando, de este modo, a la indemnización que ambos condenados deben abonar a la UPV/EHU.
9 años y 9 meses de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración
El Tribunal condena al catedrático a 5 años y 3 meses de prisión por falsedad en documento público y malversación Malversación de caudales públicos agravada, y 4 años y 6 meses de cárcel por fraude a la Administración y prevaricación. Asimismo, el tribunal condena a la esposa a a 2 años y 3 meses de prisión.
Ambos deberán indemnizar a la UPV/EHU con 39.960 euros. Además, el catedrático deberá abonar una cantidad adicional que se determinará en la ejecución de sentencia.
Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
